El presidente de Icetex, Álvaro Urquijo, desmintió que la entidad estuviera por adjudicar un contrato millonario de forma irregular, tras las denuncias realizadas por la representante a la Cámara Catherine Juvinao. El funcionario de la entidad aseguró que las acusaciones carecen de fundamento y detalló el estado actual del proceso contractual.
La polémica cobró visibilidad cuando Juvinao publicó un video señalando que “el presidente Álvaro Urquijo estaría intentando entregar a dedo un contrato por dieciocho mil millones de pesos, para desarrollar una app que, según diversos expertos, no costaría más de seiscientos millones de pesos”. Según la representante, la convocatoria habría sido limitada en tiempo y difusión, obstaculizando la pluralidad de oferentes y favoreciendo presuntas irregularidades.
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La congresista manifestó: “Icetex ni siquiera abrió una invitación pública para recibir propuestas de diversas empresas y oferentes. Simplemente publicó una solicitud de cotización el miércoles 30 de julio, la cual cerraron el lunes 4 de agosto”, agregando que el anexo técnico presentaba “múltiples inconsistencias técnicas graves”.
Respuesta del Icetex
En diálogo con EL TIEMPO, Urquijo desmintió los señalamientos al afirmar que “las afirmaciones carecen totalmente de sustento”. Explicó que el proceso referido “no ha superado la etapa precontractual”, y que “hoy seguimos en fase de estructuración técnica, financiera, jurídica, y contractualmente no existe ningún compromiso frente a ese caso específico”. Aseguró además que la administración dio trámite a la denuncia a través de los canales oficiales y que responderá jurídicamente.
Urquijo destacó los riesgos operativos derivados del rezago tecnológico en la entidad y justificó la necesidad de modernización: “Aquí todavía hay procesos que son manuales, que se hacen con Excel, con las implicaciones del riesgo que tiene eso hoy en día. Nosotros tenemos 885 mil beneficiarios, y si yo no puedo darle una trazabilidad y manejo adecuado a toda esa información, eso nos va a dificultar la tarea”. Detalló que la cartera de la entidad “es cercana a los 13,8 billones de pesos” y que corresponde al Icetex garantizar la eficiencia y seguridad de los procesos financieros.
Transparencia y manual de contratación
Sobre las acusaciones de cambio en las reglas de contratación, Urquijo respondió al medio: “Cada etapa se adelanta dentro del marco legal con total transparencia y acogidos a nuestro manual de contratación, al cual no se le ha cambiado ni un punto ni una coma”. Negó que durante su gestión se haya alterado el manual y ratificó que el proceso en cuestión “se hará mediante invitación pública”.
Al referirse a la salida de la secretaria general, Ana Lucy Castro, el presidente del Icetex afirmó: “Las personas son autónomas de tomar decisiones al respecto. Algunos consideran salir porque se sienten abrumados o porque quieren cambiar de aires”.
Ante la pregunta sobre presiones o posibles interpretaciones de coerción, Urquijo fue enfático: “No. Aquí todo se discute, toda la información al respecto siempre es completamente clara”.
Reformas, condonaciones y escenario fiscal
Además de la controversia contractual, la entidad enfrenta retos en materia de financiamiento y apoyo legislativo. De acuerdo con EL TIEMPO, Urquijo señaló que la iniciativa de reforma al Icetex en trámite carece de soporte técnico y generaría “un compromiso cercano a los 9 billones de pesos”, aludiendo a un concepto emitido por el Ministerio de Hacienda.
El presidente afirmó que varios de los beneficios planteados en el proyecto “ya se vienen realizando” a través de fondos en administración y jornadas de solución para beneficiarios en mora.
Urquijo remarcó que más de “35.518 condonaciones de capital de créditos educativos por un total de 416.638 millones de pesos” han sido concedidas desde 2022, como parte de las políticas internas de transformación.
Perspectivas ante reducción presupuestal
El presidente del Icetex consideró que la entidad debe funcionar como un complemento a la gratuidad educativa: “Que las personas lo tomen por decisión, y no por necesidad, no por obligación, que la obligación no sea tener que tomar el crédito para poder estudiar”. Reconoció que el cierre de algunas líneas de crédito y la reducción de recursos asignados desde la Nación responden al contexto fiscal nacional. Señaló que el panorama presupuestal para 2026 dependerá de las definiciones financieras de los próximos meses.
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