Mujer denunció que vive encerrada por las amenazas de su propio hijo: “Dice que tiene que matarme, que no va a descansar hasta matarnos a todos”

El temor se ha instalado en la vivienda de Olga Echeverri, quien, junto a su hermana con discapacidad cognitiva, permanece encerrada tras rejas en puertas y ventanas para protegerse de las amenazas de su propio hijo, en Antioquia.

La situación, marcada por episodios de violencia y el consumo de drogas, ha llevado a la familia a un estado de constante alerta y vulnerabilidad.

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De acuerdo con su relato en Noticias RCN. “Él dice que tiene que matarme, que nos va a matar a todos, que no va a descansar hasta matarnos a todos”, afirmó, describiendo el ambiente de constante tensión y peligro en el que sobreviven.

Las imágenes difundidas en el reporte del noticiero muestran al joven enfrentándose a la residencia familiar, profiriendo amenazas y alegando situaciones de robo y violencia. En uno de los videos, su discurso resulta particularmente alarmante: “Esta gente la van a robar, cómo así… que me maten ellos acá entonces, los otros no me van a matar, porque no estoy prestado para los otros”, se le escucha decir.

Ante circunstancias como la de Olga, la administración municipal impulsó la creación de la Patrulla Púrpura, un operativo destinado a la atención especializada de incidentes relacionados con violencia de género.

El alcalde de Apartadó, Adolfo Romero, precisó que este equipo funcionará de manera permanente: “Con la Policía Nacional vamos a tener 24/7, personal especializado de la Policía, una patrulla que estará en los barrios, en las cuadras, y corregimientos”, declaró al noticiero.

A raíz de la denuncia de Olga, las autoridades ya han iniciado un proceso de acompañamiento.

La capitán Ángela Rivas, responsable de los casos de agresión contra la mujer en Urabá, explicó en diálogo con Noticias RCN: “A partir de la fecha se le ha tomado el contacto con la ciudadana para brindarle ese apoyo. La empatía que debe existir entre mujeres, la confianza para que ella deposite en nosotros la información respectiva y apoyarla con la problemática que se le estaba presentando”.

No obstante, para Olga Echeverri la intervención local resulta insuficiente si no se contempla una solución definitiva al trastorno de su hijo. En su testimonio al medio, pidió expresamente al Gobierno Nacional y al departamental que gestionen el ingreso de su hijo a un centro psiquiátrico, pues no posee los recursos económicos para costear dicho tratamiento.

La compleja manipulación de beneficios pensionales tras la muerte de una mujer de 67 años en Cartagena permitió que su propio hijo, junto a tres cómplices, siguiera recibiendo de forma fraudulenta el dinero destinado a la pensión de la adulta mayor.

De acuerdo con una investigación adelantada por la Fiscalía General, el grupo recurrió a maniobras documentales y falsas declaraciones para lograr su cometido, lo que recientemente derivó en condenas judiciales para todos los implicados.

Entre los condenados figura Eulises Rivas Castillón, hijo de la víctima, hallado responsable de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y maltrato por descuido, negligencia o abandono de persona mayor de 60 años.

Durante el proceso, la Fiscalía General demostró que Rivas Castillón no solo dejó de atender las necesidades básicas y de salud de su madre, sino que permitió que su situación física se deteriorara, culminando en su fallecimiento.

La estrategia criminal se intensificó luego del deceso de la pensionada. Rivas Castillón, según detalló la Fiscalía, ideó un mecanismo con la colaboración de Joaquín Fernando Herrera Barrios. Este último fue presentado ante las autoridades judiciales como pareja sentimental de la mujer, para así reclamar la mesada pensional de la fallecida.

La maniobra requirió el apoyo de Jesús Jaraba Píñeres y Anita Aguirre Gamboa, quienes bajo declaración jurada afirmaron la supuesta relación de convivencia permanente entre Herrera Barrios y la víctima. Como resultado, un juez reconoció por error el derecho de Herrera Barrios a recibir la pensión, fundamentado en ese engaño orquestado.

En lo que respecta a las sanciones, el hijo de la víctima, Eulises Rivas Castillón, mediante un preacuerdo con la Fiscalía General, fue sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión domiciliaria y a pagar una multa de 13 millones de pesos. Un castigo similar recibió Joaquín Fernando Herrera Barrios.

Tras acordar con el ente acusador, Herrera Barrios deberá cumplir 4 años y 3 meses de prisión en su residencia, además de cancelar 13 millones de pesos como multa.

Por otro lado, Jesús Jaraba Píñeres aceptó los cargos imputados, mientras que Anita Aguirre Gamboa firmó un preacuerdo con la Fiscalía. Ambos recibieron una condena de 3 años de prisión, otorgándose su libertad bajo la condición de pagar una caución prendaria equivalente a un salario mínimo legal vigente.