Un fiscal del Grupo de Amenazas de la Dirección Especializada contra los Derechos Humanos fue designado para analizar una serie de mensajes intimidatorios que circularon en redes sociales contra el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, y que salieron a la luz el 19 de septiembre de 2025.
El anuncio contempla la apertura de una indagación por parte de la Fiscalía General de la Nación por las amenazadas dirigidas contra quien preside el alto tribunal de justicia.
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La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, pidió que el funcionario judicial determine si las recientes intimidaciones constituyen hechos independientes, lo que implicaría la apertura de una investigación adicional, o si están vinculadas con las amenazas que el magistrado Ibáñez ya había recibido durante el último semestre de 2024.
Esta decisión será clave para establecer si corresponde iniciar una nueva noticia criminal o si, por el contrario, las pesquisas deben integrarse en un único expediente.
La Fiscalía 66 Seccional Bogotá ya había comenzado el 28 de noviembre de 2024 una noticia criminal relacionada con amenazas previas contra el presidente de la Corte Constitucional. Las diligencias investigativas han continuado a lo largo del año, con la más reciente realizada el 24 de septiembre.
La Fiscalía General de la Nación destacó que el proceso de verificación busca esclarecer la naturaleza y el origen de las amenazas, así como determinar la posible acumulación de los casos en curso.
El choque de Ibáñez con Petro por la reforma pensional: “Se anuncia y punto”
El presidente Gustavo Petro respondió ante el posible impacto de la interpretación jurídica del magistrado Jorge Enrique Ibáñez en la validez de numerosas leyes vigentes de la reforma pensional. El presidente sostuvo que la postura del presidente de la Corte Constitucional podría comprometer, no solo la reforma pensional, sino también “media legislación”, al cuestionar los requisitos para el anuncio de las sesiones legislativas.
La controversia se intensificó luego de que Julián David López, presidente de la Cámara de Representantes e integrante del Partido de la U, solicitara a la Corte Constitucional una prórroga para entregar las actas relacionadas con la aprobación de la reforma pensional. Esta petición responde a un requerimiento del magistrado Ibáñez, quien pidió nuevas pruebas para determinar si las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio se ajustaron a los procedimientos establecidos.
Entre las exigencias del magistrado figuran la confirmación de la aprobación de las actas correspondientes, la identificación de los votos necesarios y obtenidos, y la verificación de si alguna acta permanece pendiente de votación en la corporación.
López argumentó que el volumen de documentos solicitados es considerable, lo que motivó la solicitud de más tiempo para cumplir con la entrega. Aunque el 5 de septiembre se remitieron algunos archivos, el magistrado Ibáñez señaló que aún existen faltantes, según consta en un auto emitido el 9 de septiembre. La situación ha generado inquietud sobre la validez del trámite legislativo que dio origen a la Ley 2381 de 2024, la cual materializa la reforma pensional impulsada por el Gobierno.
El núcleo de la discusión radica en si el proceso cumplió con los requisitos constitucionales. Sectores de la oposición sostienen que la Corte Constitucional debería pronunciarse en contra de la ley, alegando la existencia de nuevos vicios de trámite. Uno de los señalamientos apunta a la sesión del 27 de junio, donde, según estos sectores, se habría aprobado el orden del día sin contar con el cuórum decisorio necesario.
Petro insistió en que la interpretación jurídica de Ibáñez podría transformar un criterio técnico en doctrina política, con consecuencias de gran alcance para el marco normativo colombiano. “El magistrado Ibáñez quiere volver doctrina política, algo que acabaría no solo la ley pensional sino media legislación. Se anuncia y punto. El anuncio no requiere aprobación”, afirmó el presidente en su mensaje.
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