Un embargo judicial sobre las cuentas del Ejército Nacional ha dejado a más de cuatro mil uniformados en el departamento del Chocó sin la totalidad de su salario mensual, una situación que ha generado alarma entre los afectados y sus familias.
Según informó Semana, la medida, que impacta directamente en la estabilidad económica de los militares y en la operatividad de las fuerzas en una de las regiones más complejas del país, se produce en medio de operaciones contra el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión en el Pacífico colombiano.
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El origen de este embargo se remonta a una decisión del Juzgado Tercero Administrativo de Oralidad de Quibdó, que ordenó congelar dos cuentas bancarias del Ejército Nacional, una en el Banco de Bogotá y otra en el Bbva.
Estas cuentas reciben los fondos destinados a la nómina y a la manutención de las tropas desplegadas en la zona.
La intervención judicial se dictó tras el desacato de un fallo previo que responsabilizaba al Ejército por un caso de desplazamiento forzado ocurrido años atrás.
Inicialmente, la sentencia exigía la publicación de la decisión en un medio de comunicación o canal institucional, pero ante el incumplimiento de esta orden, el juez impuso una sanción económica de $50.000 millones, bloqueando así los recursos consignados mensualmente para el pago de salarios y el sostenimiento de las tropas, según detalló Semana.
Como consecuencia directa, los pagos correspondientes al 25 de septiembre quedaron bloqueados, dejando a los uniformados sin acceso a sus ingresos habituales. Esta situación ha generado un ambiente de incertidumbre y preocupación entre los miembros del Ejército y sus familias, quienes dependen de estos recursos para cubrir gastos esenciales como educación, vivienda y alimentación.
Frente a este escenario, el Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Militares han emprendido acciones legales para revertir el embargo. Ambas entidades presentaron una acción de tutela contra el juzgado responsable de la medida, con el objetivo de lograr el descongelamiento de los fondos y restablecer el pago completo de la nómina, así como garantizar el suministro de alimentos para las tropas que continúan sus operaciones en el Chocó.
El medio mencionado subrayó que estas gestiones buscan evitar un mayor deterioro en la moral y el bienestar de los uniformados, además de preservar la capacidad operativa en una región estratégica para la seguridad nacional.
El impacto humano de la medida es profundo. Los militares afectados han expresado su inquietud ante la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones financieras y de asegurar el bienestar de sus familias. La falta de pago no solo compromete la estabilidad personal de los uniformados, sino que también pone en riesgo la continuidad de las operaciones militares en una zona donde la presencia estatal resulta fundamental para combatir actividades ilícitas.
La decisión judicial ha provocado una oleada de críticas, tanto dentro como fuera de las filas militares. Diversos sectores han cuestionado el alcance de la sanción y su efecto directo sobre quienes, según Semana, arriesgan su vida diariamente en defensa del país.
La controversia se mantiene mientras se espera que los jueces resuelvan en las próximas semanas el futuro de los fondos embargados y, con ello, el destino de miles de familias que dependen de estos recursos.
Soldado muere tras explosión de mina en Ungía, Chocó
Un soldado profesional del Ejército Nacional murió tras activar una mina antipersonal atribuida al Clan del Golfo en la vereda Marcelina, municipio de Ungía, Chocó, durante un operativo de control territorial el 26 de septiembre de 2025.
El uniformado, identificado como Jhon Miranda Ramírez, fue evacuado de urgencia en un vuelo hacia Medellín, pero falleció debido a la gravedad de las heridas, según informó el Ejército Nacional.
La institución condenó el uso de estos artefactos explosivos, calificando el hecho como un acto criminal que pone en riesgo tanto a la Fuerza Pública como a la población civil. “El Ejército Nacional rechaza con vehemencia estos actos criminales que atentan contra la humanidad de los miembros de la Fuerza Pública y de la población civil del sector”, señaló el comunicado oficial.
Además, el Ejército anunció que presentará las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes y mantendrá las operaciones en la zona para proteger a los habitantes y prevenir nuevos incidentes.
La Décima Séptima Brigada expresó sus condolencias a los familiares y allegados de Miranda Ramírez, resaltando su entrega y sacrificio en cumplimiento del deber. “Este Comando lamenta la muerte de nuestro héroe, quien dio su vida por la protección de los pobladores de esta región del país, y envía un saludo de condolencias a sus familiares y amigos”, indicó la institución.
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