El crimen organizado en Colombia ya no responde a la imagen de los grandes carteles de los años ochenta y noventa. Un estudio realizado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en alianza con el Diálogo Interamericano, señaló que el país entró en la cuarta generación del fenómeno criminal, en el que predominan redes flexibles y fragmentadas que cooperan o compiten por rentas ilegales en todo el territorio nacional.
Según la FIP, Colombia vive un contexto de seguridad híbrido. La frontera entre grupos insurgentes y organizaciones criminales se torna cada vez más tenue, al ritmo de una criminalidad que demuestra una rápida adaptación a los cambios políticos, sociales y a las acciones del Estado.
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De carteles a redes: las fases del crimen organizado
La evolución del crimen en Colombia atravesó diversas etapas:
- Carteles históricos: Medellín y Cali encabezaron los años de dominio criminal centralizado.
- Cartelitos: el del Norte del Valle y la Oficina de Envigado fragmentaron el control tras la caída de los grandes jefes.
- Bacrim: luego de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), surgieron grupos herederos del paramilitarismo, como los Urabeños.
- Cuarta generación: organizaciones como el Clan del Golfo, disidencias de las Farc y bandas urbanas como La Oficina y El Mesa consolidan hoy un modelo en red, con estructuras dispersas, alcance nacional, regional y local.
Claves para entender la criminalidad actual
El informe de la FIP identificó nueve características centrales de la actual criminalidad en Colombia:
- Modelo en red: grupos flexibles que colaboran o compiten según las dinámicas del mercado ilegal.
- Reciclaje criminal: reclutan excombatientes y miembros de otras organizaciones, lo que les otorga resiliencia frente a los operativos estatales.
- Gobernanza criminal: algunas estructuras ejercen funciones de control social y orden local, desde el cobro de tributos hasta la provisión de justicia paralela.
- Especialización: actúan en segmentos específicos de mercados ilegales, sin buscar el control total de las cadenas.
- Violencia domesticada: disminuyen los ataques directos a la fuerza pública, aunque aumentan amenazas, confinamientos y desplazamientos forzados.
- Rol de proveedores: su peso en el comercio internacional de drogas disminuyó frente a intermediarios centroamericanos.
- Relaciones indirectas con mafias extranjeras: los carteles mexicanos y europeos no operan directamente en Colombia.
- Instrumentalización del Estado: utilizan la corrupción y cooptación institucional para favorecer sus intereses.
- Uso de tecnología: incorporan drones, plataformas digitales y sistemas avanzados de comunicación.
Niveles de operación
El crimen en Colombia se estructura en tres niveles principales, según el informe:
- Estructuras nacionales con control territorial y militar, vinculadas al crimen transnacional.
- Grupos subregionales enfocados en la violencia y segmentos económicos ilícitos.
- Organizaciones microlocales (combos, pandillas) a cargo del microtráfico y servicios criminales puntuales.
Limitaciones y retos del Estado
Durante más de cinco décadas, el Estado colombiano implementó estrategias centradas en la represión, operativos militares y campañas de sometimiento a la justicia. Sin embargo, la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales superó a una institucionalidad rígida y poco articulada.
La debilidad en la articulación interinstitucional y la tendencia a reaccionar más que a prevenir limitó la efectividad de la lucha contra el crimen organizado. La FIP insistió en que superar este fenómeno implica un enfoque multidimensional, que combine la fuerza pública con acciones de fortalecimiento institucional, lucha anticorrupción y desarrollo de alternativas económicas para las regiones más afectadas.
Diez claves para combatir la nueva criminalidad
La Fundación Ideas para la Paz propuso una agenda de diez puntos para responder al avance del crimen en red:
- Establecer un marco legal funcional para la entrega y sometimiento de organizaciones criminales.
- Reformar la arquitectura institucional y mejorar la coordinación entre entidades.
- Atacar de forma sistemática la corrupción en todos los niveles del Estado.
- Desarrollar una caracterización precisa del fenómeno criminal para políticas más efectivas.
- Modificar los indicadores de éxito, privilegiando resultados estratégicos frente a los meramente operativos.
- Priorizar investigaciones y judicialización de esquemas de macrocriminalidad.
- Generar información pública y confiable sobre seguridad y crimen organizado.
- Fortalecer capacidades de las autoridades locales y regionales.
- Modernizar el sistema penitenciario y evitar que siga operando como centro logístico criminal.
- Interrumpir el reciclaje criminal articulando políticas de reincorporación, inteligencia y judicialización.
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