La reforma laboral introdujo cambios sustanciales en los contratos por prestación de servicios, una modalidad muy utilizada tanto en el sector público como en el privado. Tras la aprobación de los principales artículos en el Congreso de la República en junio de 2024, trabajadores y empleadores enfrentan un nuevo marco normativo que redefine los límites, derechos y obligaciones en este tipo de contratación.
Uno de los cambios más relevantes y que ya entró en vigor es la imposición de un límite máximo de cuatro años para la duración de los contratos por prestación de servicios. Hasta ahora, estos acuerdos podían renovarse sin restricción, lo que generaba inestabilidad laboral.
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Con la nueva normativa, una vez que un contrato de este tipo alcanza los cuatro años consecutivos, la relación laboral debe transformarse en un contrato a término indefinido. La medida busca frenar el uso abusivo de contratos temporales y obliga a las empresas a definir desde el inicio si la necesidad de contratación es temporal o permanente.
Restricción de uso para actividades permanentes y subordinadas
La reforma también introduce restricciones claras sobre el uso de los contratos por prestación de servicios para actividades que, por su naturaleza, son permanentes y subordinadas. La ley prohíbe que empresas privadas y entidades públicas recurran a esta figura para cubrir funciones esenciales o misionales, que forman parte de la operación principal de la organización.
Solo podrán celebrarse contratos por servicios para tareas no esenciales, lo que representa un cambio importante respecto a la práctica habitual de vincular a trabajadores en puestos estructurales bajo esta modalidad, lo que los excluye de los beneficios del Código Sustantivo del Trabajo.
Conversión a contrato laboral formal y acceso a derechos laborales
En línea con este objetivo, la reforma establece que, si un contrato por prestación de servicios presenta características propias de una relación laboral —como subordinación, cumplimiento de horarios o recepción de órdenes directas—, debe reconocerse como un contrato laboral formal. Dicha conversión implica el acceso inmediato del trabajador a todos los derechos y prestaciones sociales previstos por la ley.
Entre estos derechos se incluyen:
- Salario mínimo legal mensual vigente.
- Afiliación a salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación.
- Prima de servicios.
- Cesantías, intereses sobre cesantías.
- Vacaciones.
Además, en los casos en que corresponda, se aplicará el régimen de estabilidad laboral reforzada.
Respecto a la retroactividad de las prestaciones sociales, cuando se produce la conversión de un contrato por prestación de servicios a uno laboral formal, la empresa debe reconocer las prestaciones sociales a partir del momento de la transformación, sin obligación de cubrir los periodos anteriores. Este punto resulta clave para las empresas que han utilizado la figura de prestación de servicios para evitar cargas laborales y para los trabajadores que buscan el reconocimiento pleno de sus derechos.
Implicaciones para el salario mínimo y prestaciones sociales
En cuanto al salario mínimo y las prestaciones sociales, la reforma no modifica de manera directa el sueldo para los que tienen contratos civiles. Sin embargo, si se demuestra la existencia de una relación laboral —es decir, si hay subordinación—, el trabajador adquiere el derecho a percibir al menos el salario mínimo legal mensual vigente y a recibir todas las prestaciones asociadas.
Además, la normativa promueve la cotización a la seguridad social para trabajadores independientes con ingresos bajos, lo que permite que los que antes estaban bajo la modalidad de prestación de servicios y tenían ingresos limitados puedan acceder a la seguridad social de manera más formal y asequible.
Regulaciones para trabajadores de plataformas digitales
Un capítulo especial de la reforma está dedicado a los trabajadores de plataformas digitales. La nueva norma contempla el acceso a la seguridad social para estos trabajadores, con aportes compartidos entre el trabajador y la empresa de la plataforma.
También se establecen jornadas laborales definidas y la garantía de una remuneración justa, incluso si no existe un contrato de trabajo tradicional. Estas disposiciones buscan adaptar la ley a las nuevas formas de empleo digital y ofrecer mayor protección a quienes dependen de estas plataformas para su sustento.
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