María Fernanda Cabal instó a la justicia a actuar frente a los reportes falsos de la campaña al Senado al Pacto Histórico en 2022: “¿Qué espera para actuar?"

La investigación de la Corte Suprema de Justicia sobre la financiación de la campaña al Senado de la República de la coalición Pacto Histórico reveló que los informes financieros presentados por los candidatos de esta coalición para las elecciones del 13 de marzo de 2022 contenían datos que no correspondían a la realidad. En este sentido, la Sala de Instrucción del alto tribunal determinó que, aunque los 20 senadores firmaron los reportes de gastos, lo hicieron bajo la presunción de que la información era verídica.

Para la Corte, los congresistas actuaron de manera culposa, ya que confiaron en la integridad de los datos proporcionados por Guillermo Alfonso Jaramillo, entonces gerente de campaña al Senado y actual ministro de Salud. El alto tribunal señaló que los delitos de falsedad ideológica en documento privado y fraude procesal no se configuran en la modalidad culposa, por lo que decidió abstenerse de abrir una investigación formal contra los legisladores.

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Los hallazgos del tribunal fue objeto de varias reacciones, entre ellas la de la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, que a través de su cuenta oficial de la red social X arremetió contra los congresistas del Pacto Histórico que, según la Corte, incurrieron varios delitos al momento de aspirar a los cargos que hoy ocupan.

El mensaje de la aspirante al primer cargo de la nación fue también una solicitud a las instituciones judiciales para que actúen frente a los senadores que actuaron contrario a la ley, así como contra el ministro de Salud, quien habría autorizado los reportes falsos de la campaña de la lista cerrada de la coalición que llevó al presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño.

En este sentido, la congresista señaló que para los congresistas afines al Gobierno nacional actúan conforme a lo establecido en la Constitución y la ley sobre el Estado de derecho, únicamente cuando se trata de contrarrestar la fuerza política de sus contradictores.

“¿Y qué espera la justicia para actuar? El todo vale de esta gente demuestra que el Estado de Derecho solo les sirve para perseguir a sus oponentes", indicó la precandidata.

El mensaje de la senadora llega en un momento en el que no solo se cuestiona los reportes de la aspiración legislativa de la coalición de izquierda, sino que se ve en juego la legitimidad del presidente por cuenta de las preguntas que rodean los recursos con los que el jefe de Estado emprendió su campaña en 2022.

El núcleo de la irregularidad se encuentra en un contrato de transporte aéreo suscrito por Guillermo Alfonso Jaramillo con la empresa Sociedad de Transporte de Ibagué, por un valor superior a 1.200 millones de pesos. Este convenio fue reportado como gasto de campaña al Senado, aunque los congresistas no utilizaron los servicios aéreos contratados. Según la Corte, los vuelos en cuestión fueron empleados realmente por la campaña presidencial de Gustavo Petro, y no por los candidatos al Senado, quienes organizaron sus desplazamientos con recursos propios o por otros medios.

Para el alto tribunal, la maniobra consistió en distribuir el monto del contrato entre los reportes de gastos de los senadores, asignando 60 millones de pesos a cada uno, hasta alcanzar la suma total de 1.200 millones de pesos. De este modo, se evitó reportar el gasto en la campaña presidencial y se eludió el riesgo de superar los topes legales establecidos para ese proceso.

La investigación, liderada por el magistrado Misael Rodríguez y respaldada por la mayoría de la Sala, evidenció que la información consignada en las planillas del contrato correspondía a vuelos de la campaña presidencial, y que la organización de los desplazamientos estuvo a cargo de Laura Sarabia, coordinadora de agenda y excanciller de Colombia.