Gobierno Petro reasignará a 2,3 millones de usuarios del sistema de salud: informe advirtió preocupante panorama

Al menos 2,3 millones de colombianos deberán cambiar de Entidad Promotora de Salud (EPS) en los próximos seis meses, tras la entrada en vigor del Decreto 858 y la Resolución 1789 de 2025. Esta reasignación, que afecta al 4,4% de la población afiliada, será determinada exclusivamente por el Gobierno nacional, lo que ha generado una profunda incertidumbre entre los usuarios del sistema.

El análisis presentado el lunes 29 de septiembre de 2025 por el centro de pensamiento Así Vamos en Salud, y compartido por medios como El Tiempo, advirtió que la entrada en vigor del Decreto 858 y la Resolución 1789 de 2025 podría provocar “fuertes traumatismos” en el sistema de aseguramiento en salud en Colombia; en medio de la discusión por la aprobación o no de la reforma en el Congreso.

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Según el informe, a raíz de la reorganización del aseguramiento en diez regiones y 119 subregiones funcionales, establecida por las nuevas normativas, es necesario que la mencionada cantidad de ciudadanos sean reubicados en las EPS. Este proceso forma parte del objetivo oficial de implementar el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, que busca transformar la atención básica.

El referido informe señaló que la transición impuesta por los recientes cambios normativos ha causado riesgos inmediatos para los pacientes. Entre los más críticos, se resaltó la pérdida del derecho a la libre elección de EPS: pues los usuarios serán reasignados según criterios territoriales y no podrán decidir a qué entidad afiliarse, lo que recuerda a episodios de redistribución tras liquidación.

Aunque ahora, la medida responde a una reorganización administrativa y no a quiebras financieras de las entidades promotoras, que están en la mira. “Los pacientes no solo perderán la EPS que eligieron, sino que desconocen cuál entidad asumirá su atención. Esa incertidumbre, en sí misma, ya vulnera un derecho esencial”, se leyó en el documento objeto de este análisis.

El rediseño territorial impactará de manera desigual a las diferentes EPS. De acuerdo con simulaciones sobre la Base de Datos Única de Afiliados (Bdua), las organizaciones intermedias serán las más afectadas: Cajacopi debe ceder el 30,5% de su población afiliada, Coosalud el 17,8%, Asmet Salud el 17,1% y Famisanar el 13%, en un panorama que genera cierta incertidumbre.

En contraste, las grandes aseguradoras privadas, Sanitas, Sura y Salud Total, perderán entre el 1,3 % y el 3,8 % de sus afiliados; mientras que la Nueva EPS, con más de 11,7 millones de usuarios, y que es la EPS del Estado, no se verá obligada a ceder ninguno, al estar exceptuada las entidades con más del 20% de la afiliación nacional, de acuerdo con la información que se plasmó en el documento.

Entretanto, las EPS pequeñas, aquellas con menos de un millón de usuarios, permanecerán en los territorios donde ya operan, incluso si se excede el número máximo de entidades por subregión, según la resolución, que también modifica la manera en que las EPS deben habilitar su operación, pues ahora la autorización se otorga por subregiones y no municipio a municipio.

En efecto, esto obligará a algunas entidades a operar en decenas de poblaciones donde antes no tenían presencia. El Tiempo mencionó cómo, por ejemplo, Capresoca pasará de atender en 36 municipios a hacerlo en 175, y Sanitas de 415 a 646; por el contrario, entidades intermedias como Cajacopi, Coosalud y Salud Total reducirán el alcance de sus coberturas territoriales.

La región Noroccidental, integrada por Antioquia, Córdoba, Chocó y parte de Bolívar, será una de las más impactadas. En esa zona, EPS como Coosalud y Cajacopi deberán transferir un alto porcentaje de sus afiliados, situación que también se repetirá en las regiones Centro Oriente y Sur, donde entidades como Asmet Salud y Famisanar perderán cobertura en varias subregiones.

En este orden de ideas, existe cierta preocupación sobre cómo será la reasignación para los pacientes aumenta en aquellas áreas con infraestructura sanitaria limitada y dispersión geográfica. Hasta el momento, no se sabe qué EPS recibirán a los 2,3 millones de usuarios —decisión que según Augusto Galán Sarmiento, director de Así Vamos en Salud, depende exclusivamente del Gobierno nacional.

Galán, según el medio citado, sostuvo que la incertidumbre afecta a los pacientes como a las propias EPS, pues todavía no hay claridad sobre el volumen de afiliados que tendrán que recibir ni sobre los recursos disponibles para atenderlos. Y sugirió que una parte importante de los usuarios podría ser asignada a la Nueva EPS, dada la apuesta por un sistema más estatizado, pues podría sufrir sobrecarga.

Esta transición implica desafíos para el acceso oportuno a servicios y la continuidad de tratamientos médicos, pues el informe resalta que las EPS receptoras pudieran carecer de redes y capacidades financieras suficientes, especialmente en las regiones más vulnerables. El plazo de seis meses para ejecutar la reorganización obliga a renegociar contratos, reajustar redes y modificar sistemas en un tiempo “difícilmente realizable sin que se afecte la atención en salud”, según el análisis.

Además, el Decreto 858 redefine además el papel de las EPS al traspasar la responsabilidad de la adscripción y atención primaria a los Centros de Atención Primaria en Salud (Caps). Esta reorganización genera vacíos: los pacientes podrían no saber a dónde dirigirse en los primeros meses y la fragmentación en la gestión del riesgo podría dificultar el acceso efectivo a servicios esenciales.

Por último, en cuanto al aspecto financiero, se advirtió que no se han planteado ajustes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) ni compensaciones para quienes deban asumir pacientes con alta carga de enfermedad. Esto podría desequilibrar inmediatamente a aseguradoras que ya enfrentan dificultades económicas y ahora tendrían que atender usuarios con mayor demanda sin financiación equivalente.