Mientras las investigaciones por el presunto financiamiento de las AUC y la presunta orden de asesinato de sindicalistas de la multinacional Drummond permanecen estancadas, la seguridad de los testigos se ha visto gravemente comprometida.
Alcides Mattos, alias Samario, testigo clave en el caso contra la empresa carbonera estadounidense por presuntos vínculos con grupos paramilitares, relató a Noticias Uno que fue víctima de un atentado en la puerta de su casa en Valledupar.
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El ataque armado contra Mattos, exparamilitar del Bloque Norte de las AUC, coincide con la presunta parálisis judicial que afecta el proceso contra el presidente y el expresidente de la multinacional, José Miguel Linares y Augusto Jiménez, respectivamente, acusados de asociación con el extinto grupo paramilitar bajo el mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.
Mattos había declarado previamente sobre el asesinato de Víctor Hugo Arcasita y Valmore Locarno Rodríguez, vinculados al sindicato Sintramienérgica (de la empresa Drummond). La víctima relató al mencionado medio que fue atacado por dos jóvenes armados, resultando herido en una pierna.
“Dos muchachos jóvenes atentaron contra mí, me dispararon y, me hirieron dos veces en una pierna. He tenido conocimiento que fueron integrantes del Clan del Golfo”, afirmó Mattos al citado medio.
Aunque el testigo no responsabilizó directamente a Drummond por el atentado, subrayó que la contratación del Clan del Golfo requiere de recursos y poder significativo. “Yo soy el que confieso, y hablo de los homicidios, de la vinculación con la multinacional con las Autodefensas y el plan que tenía la multinacional para acabar con el sindicato.”, declaró Mattos en su testimonio.
Mattos también denunció que, durante su reclusión, la empresa solicitaba información sobre las personas que lo visitaban y que, tras el ataque, le retiraron la protección en el hospital. El testigo advirtió sobre los riesgos que enfrentan quienes colaboran con la justicia.
“Si alguien habla, otra persona habla, pues le pueden hacer lo mismo.”, advirtió.
Un proceso judicial paralizado
El proceso judicial contra los directivos de Drummond por presunta colaboración con la organización criminal de alias Jorge 40 se encuentra suspendido desde el 29 de abril de 2025. Ante esta situación, la Comisión Colombiana de Juristas interpuso una tutela en representación de las víctimas, exigiendo la reprogramación inmediata de las audiencias.
“Nosotras confiamos en que la juez va a corregir su proceder, va a reprogramar lo más pronto posible.”, dijo Ana María Rodríguez, directora de la organización, a Noticias Uno.
A pesar de que la jueza desestimó las nulidades solicitadas por Drummond, esta no reanudó la audiencia ni respondió a las víctimas, por lo que ahora se aguarda la decisión del Tribunal Superior de Bogotá.
“Para nosotros lo que es importante es que la juez evidencie si hay alguna irregularidad, si hay dilaciones indebidas”, añadió la directora de la Comisión Colombiana de Juristas.
En caso de que las víctimas obtengan un fallo favorable en la tutela, la multinacional aún dispone de la opción de impugnar la decisión tanto dentro como fuera del expediente penal.
El homicidio de los sindicalistas por el que fue condenado un miembro de las AUC
En agosto de 2009, la justicia colombiana emitió las primeras condenas relacionadas con el asesinato de los dos dirigentes sindicales vinculados a la industria minera, un caso que permaneció sin resolución durante ocho años.
El fallo recayó sobre Jairo Charrís Jesús, integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que recibió una pena de 30 años de prisión por su implicación directa en los homicidios. Las víctimas, Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, ocupaban los cargos de presidente y vicepresidente, respectivamente, en el sindicato Sintramienergética, organización que representa a los trabajadores de la multinacional minera estadounidense Drummond.
Ambos sindicalistas fueron asesinados el 12 de marzo de 2001, al concluir su jornada laboral, cuando el autobús en el que se desplazaban fue interceptado por un comando armado perteneciente al Bloque Norte de las AUC en la provincia de El Paso, específicamente en el poblado de Casa de Zinc, cerca al municipio de Ataco (Tolima), zona en la que ejecutaron el doble homicidio.
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