Claudia López reveló su fórmula para salvar el sistema de salud y anunció una tributaria si llega a la Presidencia: “Me toca”

La precandidata presidencial y exalcaldesa de Bogotá Claudia López es una de las políticas que más ha criticado la propuesta de reforma a la salud del Gobierno nacional, en cabeza del mandatario Gustavo Petro, además de la manera como el jefe de Estado ha abordado las problemáticas que giran en torno al sistema. En conversación con Infobae Colombia, explicó cuál es el panorama actual que tiene de la situación y de qué manera podrían solucionarse los líos que hoy impiden a los colombianos acceder a un servicio de salud de calidad.

De acuerdo con la exfuncionaria, respaldada por el movimiento ‘Imparables’, en efecto, uno de los mayores problemas que tiene el sistema de salud colombiano está en las entidades promotoras de salud (EPS). Así como lo ha denunciado al jefe de Estado, se han presentado irregularidades en el manejo de los recursos públicos, lo que ha derivado en deficiencias en la atención de millones de usuarios. Esto ha puesto en riesgo su salud y su vida.

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Petro propuso limitar los deberes de las EPS, retirando de entre sus responsabilidades la administración del dinero en calidad de intermediarias. Es decir, a través de la reforma, que sigue en trámite en el Congreso de la República, sugirió que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) se encargue de hacer giros directos a las IPS y demás actores del sistema, sin que las EPS intervengan en esas gestiones.

López concuerda con esa postura: “Está bien que las EPS no intermedien la plata. Si ahí hay intermediación, hay dilación y además, a veces hay corrupción”, precisó la exalcaldesa, en conversación con este medio.

Sin embargo, eso no quiere decir que deban ser eliminadas del sistema. A su juicio, es necesario que cumplan con su deber de identificar el riesgo en salud de los colombianos. “Alguien tiene que identificar nuestro riesgo en salud, estimar cuánto vale ese riesgo y definir cuánto cobra por administrar ese riesgo (…), los laboratorios, los medicamentos, por hacer salud preventiva. Entonces, yo sí digo: está bien que no administren la plata, pero tienen que administrar el riesgo en salud”, detalló.

No obstante, las falencias del sistema van más allá del papel que cumplen las EPS. De acuerdo con la precandidata, el problema es estructural y tiene que ver con solvencia económica y la manera como se hace la repartición del riesgo en salud. Por eso, la propuesta de López se centra en implementar una ley de crecimiento y equidad, en la que se incluyan dos normas relacionadas con la salud de los ciudadanos.

La primera norma tiene que ver con los recursos públicos. Pretende garantizar una inyección importante de capital para evitar la quiebra de clínicas y hospitales que hoy alegan falta de dinero para operar y garantizar el pago de salarios al personal de salud. Esto, debido a millonarias deudas que tienen las EPS con los actores del sistema.

“Es una plata concreta que tengo que llegar y ubicar y buscar pa’ salvar las clínicas y hospitales, o sea, pa’ que no haya quiebra”, explicó.

La segunda norma se centra en redistribuir el riesgo en salud de los colombianos. Según precisó, hay un desequilibrio entre promotores y prestadores de servicios de salud públicos y privados; los primeros están asumiendo la atención de las personas que padecen enfermedades más complejas y costosas, mientras que los segundos están atendiendo a quienes tienen menos problemas de salud y cuyos tratamientos suponen menos gastos y dificultades.

“Lo que sí es muy perverso en el sistema de las EPS, es que las privadas, sobre todo, se quedaban con el menor riesgo en salud más rentable y le dejaban al sector público todo el alto riesgo en salud y además administran la plata”, expuso.

En ese sentido, la nueva distribución que propone la precandidata implica la distribución equitativa de personas entre todas las EPS, sin importar si son públicas o privadas, con el fin de que todas asuman una porción de la población que tiene mayores riesgos de salud. En ese sentido, tres grupos poblacionales quedarían divididos entre las entidades de la siguiente manera:

• Las personas mayores, que generalmente padecen más enfermedades, incluso, de manera simultánea.
• Las personas que viven en entornos rurales, puesto que, por su calidad de vida y sus condiciones de trabajo, tienen más riesgos de salud.
• Las personas que viven con enfermedades de alto costo o crónicas.

López asegura que, de esta manera, todos estos ciudadanos quedarían respaldados por el sistema y recibirían la atención que requieren según sus necesidades. Mientras tanto, las cargas de trabajo y económicas se repartirían entre los actores del sistema de manera más equitativa.

“Entonces, el problema no es que el sistema sea mixto. Yo creo en el sistema mixto, yo defiendo el sistema mixto (…) El presidente Petro salió y dijo: ‘Aquí el problema es que hay privados. Vamos a sacar esos privados, chupasangre, corruptos. Y ahora todo el sistema va a ser público’. En los últimos dos años, el 70% del sistema lo administra Gustavo Petro y la gente que él ha nombrado. Sacó a los privados y está en lo público. Y la corrupción no se acabó, se empeoró, como era absolutamente previsible”, explicó.

La exalcaldesa propone mantener el sistema mixto, que empalma a públicos y privados, porque así se ha logrado que el sistema de salud tenga una cobertura del 90% de la población, mejorando la atención de los usuarios.

“Nos entregaban los medicamentos, nos daban citas, tenemos menos gasto de bolsillo. Ahora, lo volvieron casi 100% público, y no nos entregan los medicamentos, tenemos más gasto de bolsillo, la gente está comprando más prepagada, le toca comprar el medicamento que no le dan por su lado y el sistema se está quebrando”, criticó.

Pero, para que López pueda cumplir con este desafío, y con las demás propuestas de su administración en materia de seguridad, economía y desarrollo, se necesita de una buena cantidad de recursos públicos a disposición. Eso es exactamente lo que no hay actualmente.

El presidente Petro ha advertido en numerosas ocasiones que hay un déficit fiscal muy grande, por el cual ha tenido que aumentar paulatinamente el Presupuesto General de la Nación (PGN), que además está desfinanciado y que requiere de una ley de financiamiento para llenar ese hueco.

La solución es poner a andar una reforma tributaria. “Yo voy a ser una tributaria el primer año porque me toca. Entonces, debo llegar a hacer una ley de financiamiento necesariamente para bajar el gasto, para poner estos incentivos, para hacer estas cuatro cosas que estoy priorizando”, explicó a este medio.

Esto no es algo nuevo. En 2022, Petro presentó ante el Congreso una reforma tributaria que fue aprobada sin mayor problema. Sin embargo, en los siguientes años radicó otros proyectos de reforma, alegando falta de recursos en el presupuesto general. Y, según López, esto constituye un incumplimiento del jefe de Estado.

“Aquí llegó el presidente Petro, no tenía mayorías y le aprobaron su primera ley de financiamiento, porque dijo que iba a hacer una, que con eso equilibraba las cuentas, que la reforma tributaria es muy progresista (…) ¿Lo cumplió? ¡No! Es el presidente que menos recauda, pero que más nos endeuda y que más gasta en burocracia y en ineficiencia. Esa es la receta del fracaso”, detalló.

En caso de que la exalcaldesa no corra con la misma suerte del primer mandatario en su primer año de administración y que el Congreso no apruebe su ley de financiamiento, recurriría a la reducción de gastos.