En Colombia, la guerra sigue teniendo rostro infantil. El último boletín del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado (Onca), publicado por la Coalición contra la vinculación de niños y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), reveló que entre enero y junio de 2025 más de 362.000 menores fueron víctimas de hechos relacionados con la violencia armada, una realidad que persiste dolorosamente en distintas regiones.
La cifra exacta estremece, 362.243 niñas, niños y adolescentes resultaron directamente afectados en ese periodo. Detrás del número hay historias de desplazamiento forzado, escuelas cerradas, familias fracturadas y comunidades atrapadas en dinámicas violentas que parecen repetirse incansablemente con cada nueva generación marcada por la guerra.
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El informe documentó 125 eventos que impactaron directamente a esta población. Se trató de ocupaciones y ataques contra instituciones educativas, hospitales y otros bienes civiles; bloqueos de alimentos y servicios básicos; desplazamientos forzados, refugios masivos y reclutamiento de menores. A ello se suman violaciones contra la vida, la integridad y la libertad personal, hechos que, además de ser graves infracciones al derecho internacional humanitario, profundizan la crisis humanitaria en territorios históricamente abandonados por el Estado.
Las regiones más golpeadas son conocidas: Cauca, Caquetá, Amazonas, Putumayo, Guaviare, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca, Chocó y Antioquia. En ellas confluyen diversos actores armados ilegales y economías ilícitas que sostienen un conflicto que nunca desaparece del todo. Allí, la infancia sigue estando en la primera línea de vulnerabilidad.
El Onca también atribuyó responsabilidades. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) aparece señalado en el 56,98% de los casos, seguido por los Shottas/Espartanos con el 20,93%, las disidencias de las Farc-EP con el 19,77% y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia con el 2,33%. A la lista se suman otros grupos como el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, los Comandos de Frontera y diferentes frentes disidentes que fragmentan el mapa de la violencia en el país.
Más allá de los porcentajes, lo que muestran estas cifras es un patrón doloroso y constante, la niñez está siendo utilizada, desplazada o violentada por múltiples estructuras armadas que compiten ferozmente por el control territorial. Cada grupo imprime su propia marca en la guerra, pero las consecuencias recaen siempre sobre quienes menos deberían cargar con ellas.
El observatorio advirtió que la persistencia de estos hechos demuestra una deuda histórica y profunda del Estado colombiano. Las medidas de protección integral a la niñez, aunque contempladas claramente en la ley y en múltiples planes oficiales, siguen sin garantizarse de manera efectiva en los territorios donde más se necesitan con urgencia.
El informe insistió en que la urgencia no es solo de atención inmediata, también de prevención temprana y reparación sostenida. Se requiere un esfuerzo coordinado, transparente y constante entre las instituciones estatales, las organizaciones sociales y la comunidad internacional para detener la vulneración sistemática de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La violencia contra la infancia en medio del conflicto armado no es un asunto marginal ni un daño colateral inevitable o pasajero. Es, según Coalico, una evidencia contundente de que la guerra en Colombia continúa cobrándose lo más esencial: la vida, la libertad y la dignidad de quienes representan el futuro, truncando sueños, rompiendo comunidades y dejando cicatrices difíciles de sanar para generaciones enteras.
Al cierre de su análisis, el Onca recuerda que el impacto sobre más de 362.000 menores en apenas seis meses no es un dato aislado ni circunstancial. Es un llamado urgente a mirar de frente una realidad que, a pesar de los procesos de paz, los diálogos y las negociaciones en curso, no cede en vastas y olvidadas zonas del país donde la niñez sigue siendo víctima silenciosa.
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