El representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Víctor Manuel Salcedo, lanzó una advertencia sobre el futuro del Servicio Social para la Paz, una de las principales apuestas del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Según expuso el congresista con base en cifras oficiales, el programa enfrenta un déficit presupuestal superior a los $127.7 mil millones de pesos para la vigencia fiscal de 2026, poniendo en duda su implementación y continuidad para miles de jóvenes.
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Salcedo calificó la situación como “inaceptable” y acusó al gobierno de prometer programas sociales sin la planificación económica adecuada.
“El gobierno expide decretos llenos de promesas, pero no los respalda con el presupuesto necesario. Se está jugando con las expectativas de miles de jóvenes a quienes se les ofrece una ruta de vida y de aporte a la paz, pero se les deja sin garantías. Esto es un incumplimiento directo a la juventud colombiana”, advirtió en su comunicado.
El representante señaló que la denuncia se respalda en una respuesta oficial del Departamento Administrativo de la Función Pública sobre el panorama presupuestal del proyecto.
El informe calcula las necesidades reales para el funcionamiento del Servicio Social para la Paz en $128.413.714.900 para el año 2026, mientras que el anteproyecto de presupuesto nacional destina apenas $700 millones de pesos para ese período, un monto equivalente a menos del 1% de lo requerido.
“Estamos ante un gobierno que anuncia programas sociales con gran despliegue mediático, pero que no les garantiza los recursos necesarios para funcionar”, expresó Salcedo.
Recordó que el gobierno de Petro llegó al poder con el respaldo de la juventud colombiana y que “cada vez son más los incumplimientos a las promesas hechas a los jóvenes: incremento en las cuotas mensuales de los créditos educativos del Icetex y desfinanciación del servicio social para la paz”.
El Servicio Social para la Paz fue creado por la Ley 2272 de 2022 y reglamentado por el Decreto 1079 de 2024.
El programa está dirigido a jóvenes entre los 18 y 24 años, como alternativa para definir la situación militar y con la promesa de varias garantías económicas: un auxilio mensual equivalente al 80% de lo que recibe un soldado regular, dotación semestral, auxilio de transporte, bonificación de navidad, seguro de vida colectivo y bonificación por culminación.
El déficit presupuestal pone en duda el pago de todos estos beneficios.
Salcedo concluyó que la falta de financiación compromete no solo la viabilidad del programa, sino las oportunidades y las garantías sociales ofrecidas a la juventud colombiana.
Estudiantes señalaron que ministerios del Gobierno Petro ‘se tiran la pelota’ por la responsabilidad del fin del subsidio de intereses del Icetex
La decisión del Icetex de desmontar gradualmente el subsidio a la tasa de interés en créditos educativos de largo plazo ha generado preocupación en miles de estudiantes que dependen de esta ayuda para financiar sus estudios.
La noticia se comunicó a través de correos electrónicos enviados a los usuarios activos, hecho que desató reacciones inmediatas.
La Asociación Nacional de Representantes Estudiantiles (Acrees) manifestó inquietud ante el impacto que el retiro del subsidio tendrá sobre la población universitaria.
Su presidenta, María José Castañeda, expuso en W Radio que “estos subsidios significaban un auxilio para los estudiantes de últimos semestres, quienes en este momento se sienten con mucho temor e incertidumbre, ya que no reciben ninguna ayuda ni del Icetex ni del Gobierno Nacional”.
Las declaraciones reflejan el malestar entre quienes están por completar su formación académica.
Castañeda señaló que existe una falta de claridad sobre quién toma las decisiones respecto al Icetex. Explicó que tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Educación han evitado asumir la responsabilidad directa del retiro del apoyo a los intereses, mientras los estudiantes quedan en medio de la disputa.
En palabras de la vocera estudiantil: “se pasan la pelota entre Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación, pero al final, los perjudicados son los jóvenes estudiantes”.
Por su parte, el ministro de Educación, Daniel Rojas, se ha deslindado al declarar que la cartera educativa “no tiene nada que ver con el Icetex”, lo que contribuye a la incertidumbre.
Los universitarios, apoyados por organizaciones y congresistas, han pedido una mayor articulación institucional y un mecanismo de protección que evite un aumento repentino en la carga financiera de los usuarios.
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