Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a la publicación de la revista británica The Economist, que cuestionó las políticas y resultados de su gobierno.

En declaraciones difundidas a través de su cuenta de X, Petro calificó las afirmaciones del medio como “mentiras” y señaló que se trataba de un intento de “tapar” sus discursos ante la ONU.

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“Pusieron hasta The Economist a decir las peores mentiras de mi gobierno y falsear mapas para tapar las palabras que dirijo a la humanidad en la ONU”, expresó el mandatario en la red social, en referencia a su intervención prevista en la Asamblea de Naciones Unidas.

La publicación titulada ‘¿Está Colombia a las puertas del infierno?’ (Is Colombia at the “gates of hell”?, del 21 de septiembre de 2025) resaltó un mapa sobre los grupos armados en Colombia reavivó la discusión sobre la manera en que se representa la influencia territorial de estos actores ilegales.

El medio británico, al basar su análisis en datos recientes de la Defensoría del Pueblo, expuso una imagen que, según expertos y organizaciones especializadas, no refleja la dimensión exacta de la presencia armada en el país.

A diferencia de lo planteado por la revista especializada en economía y política, varias fuentes del sector académico y entidades, como la Fundación Ideas para la Paz (FIP), sostienen que “los grupos armados no se ciñen a los límites de municipios y departamentos”.

Así lo expresó la FIP por medio de un carrusel que compartió el 25 de septiembre en su cuenta de Instagram (@ideaspaz), y que presentó como ‘Las imprecisiones del mapa de grupos armados que publicó The Economist’.

Por esta razón, desde la FIP se mencionó que en los seguimientos de organizaciones nacionales, se opta por categorizar la influencia armada en zonas mucho más pequeñas que una entidad municipal, resaltando áreas donde el impacto de estos grupos es más profundo.

Desde la perspectiva de la Defensoría del Pueblo, existen importantes distinciones conceptuales entre “presencia”, “influencia” y “zonas armadas”.

Las diferencias en metodología han llevado a que distintas organizaciones produzcan cartografías propias, que pueden ser útiles para el análisis comparativo, aunque suelen no ser directamente equivalentes.

En ese sentido, los analistas insisten en la “necesidad de tener cuidado al combinar estas variables”, ya que las interpretaciones visuales tienden a sobredimensionar el poder de los grupos si no se contextualizan sus fuentes y alcances.

Según la información referenciada por The Economist, en el peor momento del conflicto colombiano, a finales de los años noventa, la “presencia” de actores armados era de un 55% a nivel municipal, mientras que la reciente cartografía publicada por el medio británico eleva la cifra al 70% del territorio nacional.

Este salto ha generado alertas sobre el riesgo de sobredimensionar la amenaza actual, sobre todo cuando las estimaciones se fundamentan en reportes de orden público antes que en la hegemonía real, la cual suele adaptarse de manera opaca o sutil a los contextos locales.

Los especialistas desde la FIP advierten que el problema de presencia armada y criminalidad sigue vigente y se ha profundizado en los últimos años. No obstante, destacan que replicar mapas globales sin ajustar ni aclarar la información que los respalda refuerza ideas sobre la capacidad de control y violencia de los grupos, alejadas de la realidad en terreno, “refuerza la idea de que el poder de los grupos es mayor”, resalta una de las imágenes en el carrusel.

A criterio de quienes analizan estos fenómenos, uno de los retos centrales es avanzar hacia una definición precisa de las zonas efectivamente dominadas o controladas por los actores ilegales, evitando interpretaciones generalizadas que puedan distorsionar el panorama de seguridad nacional.

El mandatario acompañó su publicación en X con un fragmento de su discurso en el foro climático de la ONU, donde relacionó la política de drogas con el conflicto en Gaza y la crisis climática, y afirmó que ha sido “un presidente descertificado”.

Petro aseguró que no existe una guerra real contra los narcotraficantes, quienes, según él, residen en ciudades como Miami, Dubái, París o Madrid, y recalcó que la violencia afecta principalmente a los sectores pobres. También defendió el “derecho a la rebelión” frente al autoritarismo y reiteró su posición como presidente “descertificado”.

En cuanto al contenido del artículo de The Economist, el análisis señala que Colombia muestra una recuperación económica leve tras dos años de estancamiento, pero advierte sobre varios desafíos, entre ellos la informalidad laboral, el bajo nivel de inversión privada y la incertidumbre sobre la sostenibilidad del crecimiento económico. El medio criticó la decisión del gobierno de frenar nuevas exploraciones de petróleo y gas, indicando que esto generó una reducción en la llegada de capital extranjero.

La revista británica también resalta el incremento del salario mínimo, que con más del 90% del salario medio se posiciona como el más alto entre los países de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), impactando la contratación formal y favoreciendo la informalidad.

El análisis advierte además sobre riesgos fiscales, proyectando un déficit de hasta el 7% del PIB y una deuda pública superior al 60%, criticando la suspensión de la regla fiscal por parte del gobierno.

En materia de seguridad, el artículo menciona el aumento de la violencia, el fracaso de la política de “Paz Total”, el fortalecimiento de grupos armados, el aumento de las extorsiones y secuestros, y una tasa de homicidios que figura entre las más altas de Sudamérica.

También señala tensiones entre el presidente y otras ramas del poder, la frecuente rotación ministerial y el descontento institucional. Por último, el artículo destacó que, pese a los desafíos, las instituciones muestran capacidad de resistencia, mientras la migración y el malestar social reflejan el clima de tensión previo a las próximas elecciones presidenciales en 2026.