Las revelaciones de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia el miércoles 24 de septiembre de 2025 reavivaron el debate sobre la corrupción y el direccionamiento de contratos en el país.
López afirmó que, durante su gestión en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), recibió instrucciones del exministro del Interior Luis Fernando Velasco para favorecer al senador Julio Elías Chagüi en la asignación de contratos.
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De acuerdo con información de La FM, estas declaraciones implican la posible participación de altos funcionarios y legisladores en la adjudicación de recursos públicos con fines políticos.
López también señaló a la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, al mencionar que allegados suyos, Issa Rizcala y Jorge Rizcala, habrían obtenido contratos de maquinaria en La Guajira gracias a su intermediación.
Frente a estos señalamientos, Luis Fernando Velasco se presentó ante las autoridades para cumplir una diligencia de arraigo solicitada por la Dijín, en el contexto de las investigaciones relacionadas con la Unidad de Gestión del Riesgo y las recientes denuncias sobre corrupción.
Velasco habría sido mencionado en múltiples ocasiones en la matriz de colaboración de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, quien lo señaló como pieza clave en supuestas reuniones con Olmedo López para discutir detalles y supuestos beneficios contractuales destinados a congresistas.
La Fiscalía General de la Nación sostiene que ambos habrían acordado el direccionamiento de contratos millonarios provenientes de la entidad, con la finalidad de favorecer, entre otros, al congresista Julio Elías Chagüi.
En audiencia de imputación de cargos contra Olmedo López, la Fiscalía leyó una declaración con detalles precisos: “El 4 de diciembre de 2023, usted, señor Olmedo López, se reunió con el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco, quien le solicitó direccionar contratos al interior de la unidad para favorecer al congresista Julio Elías Chagüi por un valor aproximado de 35.000 millones de pesos; el senador le indicaría dónde y con quién los ejecutaría”.
El caso apunta a la presunta participación de Velasco en el delito de interés indebido en la celebración de contratos, en el contexto de una trama más amplia de irregularidades que habría alcanzado a otros funcionarios del alto gobierno y congresistas.
Si bien los contratos señalados no llegaron a ejecutarse debido a la explosión pública del escándalo, los hechos investigados son jurídicamente relevantes y forman parte de las pruebas presentadas en la imputación de cargos a Pinilla y Olmedo López.
La diligencia cumplida por Velasco en la Dijín representa una de las primeras medidas judiciales directas en su contra.
Según fuentes consultadas por Semana, este procedimiento de reseña sería la antesala de futuras acciones legales que prepara la Fiscalía, al igual que las ya tomadas contra otros implicados, como Carlos Ramón González.
El curso de la investigación apunta a nuevas audiencias y posibles imputaciones en las próximas semanas, ampliando el alcance judicial sobre uno de los mayores casos de corrupción del gobierno Petro.
Carlos Ramón González ya tiene circular roja por parte de la Interpol por el escándalo en la Ungrd
La Oficina Central de Interpol en Lyon, Francia, emitió una circular roja para localizar y detener a Carlos Ramón González, exjefe del Departamento Administrativo de la Presidencia, señalado por corrupción en el caso Ungrd.
González, de 66 años, está acusado de apropiación indebida de recursos y blanqueo de capitales.
La medida internacional responde a acusaciones de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, quien sostuvo que González coordinó el pago de 4.000 millones de pesos en sobornos a los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, para facilitar la aprobación de proyectos legislativos durante el gobierno de Gustavo Petro.
Con la circular roja, las policías de 196 países pueden proceder a arrestar a González, sobre quien pesa una orden de detención preventiva emitida por el Tribunal Superior de Bogotá. El exfuncionario habría salido de Colombia rumbo a Nicaragua y recibió asilo político allí, lo que ha complicado la extradición.
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