Falsa capitán presuntamente infiltrada en la seguridad presidencial tuvo acceso a “movimientos diarios” de Petro, dijo suboficial que denunció el caso

Las recientes capturas de dos militares en servicio activa, una mujer que se hacía pasar por oficial de la Policía y un hombre armado, han puesto en evidencia una serie de irregularidades que, según el sargento Jesús David Rubiano Maldonado, ya habían denunciado internamente meses atrás.

El militar activo sostiene que, lejos de recibir apoyo tras sus denuncias, fue objeto de traslados, procesos disciplinarios y una persecución dentro de la institución, según relató en entrevista con El Tiempo.

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El suboficial detalla que sus primeras alertas se remontan a mayo de 2025, cuando detectó que Luisa Fernanda Salgado Fernández, identificada posteriormente como alias Stephanie, utilizaba credenciales falsas para acceder a áreas de alta seguridad, como el Batallón Guardia Presidencial y la Dirección de Protección de la Policía Nacional.

Lo que más le preocupó fue constatar que esta infiltración no solo era conocida, sino que, según Rubiano, se producía ante la mirada de mandos que hoy enfrentan graves acusaciones. “Esta falsa capitán tuvo información sensible, como los movimientos diarios del presidente. No importa quién sea el mandatario, lo grave es que la seguridad nacional fue vulnerada y dentro del Ejército algunos lo permitieron.”, enfatizó Rubiano en declaraciones a El Tiempo.

A pesar de la gravedad de los hechos, Rubiano afirma que sus advertencias fueron ignoradas. Mientras el mayor Pedronel Jiménez Cárdenas (capturado por el caso) fue trasladado a la Brigada 13 —un movimiento que, según el sargento, buscaba protegerlo de las investigaciones—, él fue enviado a otra unidad bajo el argumento de necesidades del servicio. Paralelamente, se le abrieron dos procesos internos que, en su opinión, fueron fabricados para silenciarlo.

“Hago responsable al señor comandante del Ejército y al señor ministro de Defensa que si me pasa algo, si me matan, ya ellos sabían lo que denuncié. Yo acudí a ellos, entregué informes, expuse las irregularidades y delitos que estaban ocurriendo, y me ignoraron. Me sentí abandonado”, subrayó Rubiano en la misma entrevista.

La versión oficial del Ministerio de Defensa, encabezado por el general (e) Pedro Sánchez, sostiene que la seguridad del presidente Gustavo Petro nunca estuvo en riesgo. Según declaraciones del ministro tras las capturas, aunque se presentaron irregularidades y se vulneraron protocolos, estas no alcanzaron el círculo más cercano del mandatario.

No obstante, el testimonio de Rubiano contradice esa tranquilidad institucional. Desde su experiencia en el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5, insiste en que la falsa capitán accedió a información clasificada que nunca debió salir de las unidades militares.

“¿Cuáles labores de inteligencia y contrainteligencia? Si yo denuncié lo que me pareció gravísimo contra la seguridad del presidente. Hoy temo por mi vida, pero sigo firme en mis principios y valores. Aquí ha habido un silencio institucional para proteger a los responsables”, manifestó Rubiano a El Tiempo.

El relato del sargento revela un patrón preocupante: quienes denunciaron las irregularidades fueron sancionados, mientras que los oficiales señalados fueron reubicados en nuevos cargos. Para Rubiano, esto evidencia la existencia de una estrategia de encubrimiento dentro de la institución. Su advertencia final, dirigida a quienes tienen la responsabilidad de salvaguardar la seguridad nacional, es contundente: “¿Qué esperan, que al sargento lo maten?”.

El ente acusador, por su parte, aseguró que una serie de investigaciones adelantadas entre marzo de 2024 y abril de 2025 permitieron comprobar que el mayor Pedronel Jiménez Cárdenas, el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y Luisa Fernanda Salgado Fernández habría vulnerado los protocolos de seguridad nacional, a raíz de que facilitaron la infiltración de operaciones contra organizaciones criminales y el acceso a esquemas de protección de altos funcionarios.

El ente acusador precisó que el mayor Jiménez facilitó el ingreso a instalaciones militares de Salgado Fernández, una ciudadana que se hizo pasar como capitán, que participó en reuniones en las que se hablaban de operaciones tácticas y de inteligencia.

El papel del sargento segundo Villanueva fue determinante: la Fiscalía indicó que el militar fue quien facilitó el acceso de la civil a las instalaciones militares, permitiéndole interactuar con la tropa y participar en actividades de inteligencia y entrenamiento táctico.

Ya estando allí, Salgado Fernández accedió a información clasificada, incluyendo datos reservados, secretos y ultrasecretos sobre investigaciones en curso, esquemas de seguridad de altos dignatarios y procedimientos judiciales contra organizaciones criminales, entre ellas el Tren de Aragua.