Cinco integrantes de la banda conocida como Los Pepos fueron capturados en Bogotá tras un operativo que permitió desmantelar una red de extorsión que operaba bajo la fachada de funcionarios del Estado.
Las autoridades estiman que el grupo obtuvo ganancias ilícitas de hasta mil millones de pesos, lo que evidencia la magnitud de la amenaza para la seguridad ciudadana y la confianza en las instituciones públicas.
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El operativo fue resultado de la coordinación entre el Gaula Militar, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en el marco de la estrategia “Seguros, Cercanos y Presentes”.
Los cinco detenidos enfrentan cargos por extorsión agravada y concierto para delinquir.
Durante el procedimiento, dos hombres y tres mujeres, señalados de integrar la banda, fueron detenidos.
Las investigaciones, extendidas por ocho meses, permitieron establecer que la estructura criminal manejaba dos modalidades principales: la ciberextorsión y la falsa encomienda.
En la primera, creaban perfiles ficticios en páginas de adultos y redes sociales, simulando ser personas atractivas.
Tras ganar la confianza de las víctimas, en su mayoría hombres, solicitaban imágenes íntimas y, posteriormente, las amenazaban con difundir fotografías manipuladas con mensajes difamatorios como “pedófilo” o “violador de niñas” para presionarlas.
En otros casos, mediante llamadas suplantaban la identidad de funcionarios públicos, miembros de la Fuerza Pública o empleados de aerolíneas y aduanas, asegurando que existían paquetes retenidos provenientes del extranjero y exigiendo altas sumas de dinero a cambio de evitar supuestas sanciones judiciales.
La investigación estableció que alias ‘Camilo’ era el cabecilla del grupo. Aunque estaba recluido en la cárcel La Modelo de Bogotá por hurto y tráfico de estupefacientes, coordinaba toda la operación.
Alias Marlon controlaba el dinero recaudado, mientras que alias Maritza, esposa de ‘Camilo’, junto con ‘Wendy Yurany’, ‘Angie’, ‘Deiver’ y ‘John Jairo’, cumplían labores de recolección de recursos exigidos a las víctimas.
El coronel Carlos Cárdenas, comandante del Gaula Metropolitana de Bogotá, indicó que la obtención de información confidencial era clave para el éxito de las extorsiones, ya que permitía a los integrantes de la banda manipular a las víctimas y complicar el accionar de las autoridades.
“Estas capturas se realizan por el, el delito de extorsión agravada y concierto para delinquir. Estos delincuentes simulaban pertenecer a entidades estatales y creaban falsos perfiles de las entidades de hombres y de mujeres para ganar la confianza de sus víctimas, acceder a información privilegiada, a información íntima y proceder a extorsionarlos. Invitamos a toda la ciudadanía que continúe con la denuncia a través de la línea de emergencia uno sesenta y cinco, que es la Línea Nacional Antiestorsión, a la línea de emergencia uno, dos, tres y que recuerden que yo no pago, yo denuncio”, afirmó
La articulación interinstitucional fue determinante para ubicar, identificar y capturar a los responsables.
Durante los allanamientos realizados en Soacha, Neiva y Medellín, las autoridades incautaron trece celulares, catorce comprobantes de consignación, varias tarjetas SIM y copias de documentos de identidad.
Además, se decomisaron listas con datos de posibles víctimas y documentos falsificados utilizados por la organización. Se identificaron al menos siete víctimas directas que perdieron más de 65 millones de pesos, aunque la cifra total obtenida por la banda rondaría los mil millones de pesos.
Los capturados fueron imputados por concierto para delinquir y extorsión agravada, y un juez les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Paralelamente, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó una disminución del 20% en los casos de extorsión durante 2025, con 368 denuncias menos frente al mismo periodo del año anterior.
Las autoridades reiteraron la importancia de la denuncia ciudadana como mecanismo esencial para combatir estos delitos e invitaron a utilizar las líneas de emergencia habilitadas, con el objetivo de fortalecer la colaboración comunitaria y salvaguardar a la población frente a nuevas variantes de extorsión.
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