El Tribunal Superior de Bogotá admitió para estudio la tutela interpuesta por Gustavo Bolívar y Carolina Corcho contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), en el marco de la controversia por la reciente decisión que otorgó personería jurídica al Pacto Histórico como partido único.
Esta actuación judicial podría marcar el rumbo de las próximas inscripciones de precandidaturas al Congreso y la Presidencia, que enfrentan una fecha límite el viernes 26 de septiembre.
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Gustavo Bolívar y Carolina Corcho, ambos precandidatos presidenciales, aseguran que la resolución 09673 del 17 de septiembre de 2025, mediante la cual el CNE reconoció al Pacto Histórico como partido único, vulneró sus derechos fundamentales a la participación política, el debido proceso y la igualdad. El recurso, que ahora estudiará el Tribunal, plantea la suspensión parcial y provisional de los efectos de la resolución del CNE, solicitando además a la Registraduría Nacional del Estado Civil la habilitación para la inscripción de sus precandidaturas presidenciales y legislativas.
La mencionada resolución del CNE establecía que la existencia legal del movimiento Pacto Histórico estaría condicionada a la conclusión de procesos sancionatorios en curso contra partidos que integran la fusión. Esta medida deja por fuera a colectivos como Colombia Humana y Progresistas, movimientos cuyos avales han sido fundamentales para candidatos de la coalición y que cuentan con procesos pendientes en el organismo electoral.
Según el recurso presentado por Bolívar y Corcho, la exclusión de Colombia Humana y Progresistas altera la posibilidad de participación democrática dentro de la consulta interna del Pacto Histórico, programada para octubre. Ambos precandidatos advierten que, si no se les concede una medida cautelar que les permita inscribirse, se configuraría un “perjuicio irremediable”, puesto que la inscripción debe hacerse antes del viernes 26 de septiembre, fecha en la que vence el plazo oficial para realizar las consultas internas.
La magistrada Karen Lucía Castro Ortega, del Tribunal Superior de Bogotá, asumió el conocimiento de la tutela “imprimiéndole el trámite preferencial y sumario que corresponde”, lo que refleja la urgencia derivada del calendario electoral y la potencial afectación de los derechos invocados por los demandantes. La funcionaria judicial instó a quienes se sientan afectados por la decisión del CNE a manifestarse ante el Tribunal, invitando a más de 11 millones de personas comprometidas con el proceso democrático interno del Pacto Histórico a intervenir en el trámite.
La controversia se ha profundizado por la interpretación de precedentes en el propio CNE y la posible alteración de criterios aplicados en situaciones similares previas. En su comunicado, Bolívar y Corcho señalaron que “el organismo electoral modificó la jurisprudencia existente para un caso de similares circunstancias a la planteada”, haciendo referencia a la autorización previa para la escisión de partidos con investigaciones en curso, como ocurrió con el Polo Democrático y Dignidad.
Ambos precandidatos aseguran que no existen fundamentos jurídicos que impidan el reconocimiento de la personería plena a los movimientos excluidos y subrayan que la condición impuesta por el CNE impide la inscripción de candidaturas en los plazos establecidos, con efectos directos en la democracia participativa y pluralista. Si la suspensión solicitada es concedida, la Registraduría tendría la obligación de permitir la inscripción de precandidaturas tanto para el Congreso como para la Presidencia, en el marco de la consulta interna prevista en el calendario electoral.
El fallo pendiente del Tribunal Superior de Bogotá determinará si se habilita o no la participación de las precandidaturas vinculadas a movimientos actualmente excluidos, en especial Colombia Humana y Progresistas. De accederse a las pretensiones de Bolívar y Corcho, el Pacto Histórico podría contener una lista cerrada y ordenada democráticamente para Senado y Cámara en marzo de 2026, conforme a las aspiraciones manifestadas desde la coalición.
En el mensaje con el que Corcho informó la admisión de la tutela, convocó a quienes consideran vulnerados sus derechos a expresar su respaldo ante el Tribunal. “Le solicito a todos los demócratas que nos dirijamos al tribunal de Bogotá y a la magistrada en las próximas horas, para expresar el respaldo a nuestra argumentación que respalda esta acción de tutela, conforme a la solicitud que la señora magistrada ha hecho en el auto que les adjunto”, expuso la precandidata.
Mientras avanza el proceso judicial y a la espera de la decisión de la magistrada, el panorama electoral del Pacto Histórico permanece en incertidumbre. El cumplimiento del plazo para la inscripción de candidaturas dependerá de la pronta definición sobre la tutela y podría modificar la configuración interna de la principal coalición de izquierda de cara a las elecciones legislativas y presidenciales.
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