Tensión en la Fiscalía por la autonomía en la investigación a Nicolás Petro: fiscal Camargo defiende legalidad de sus decisiones

La controversia en torno a la autonomía de los fiscales en el proceso contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, alcanzó un nuevo punto de tensión tras la decisión de la Fiscalía General de la Nación de revocar la designación de una fiscal de apoyo en el caso.

La medida, adoptada luego de las objeciones planteadas por la fiscal Lucy Marcela Laborde, puso en el centro del debate la independencia de los funcionarios encargados de investigaciones sensibles.

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La fiscal Laborde, responsable del expediente contra Nicolás Petro, había manifestado su preocupación por lo que consideró movimientos administrativos irregulares dentro de la Fiscalía. En una carta dirigida a la fiscal general Luz Adriana Camargo, advirtió que ciertas decisiones recientes, como la asignación de una fiscal de apoyo en un momento procesal que no lo requería, ponían en riesgo la autonomía e independencia de los fiscales.

“No requiero apoyo, asesoría ni orientación en dicho aspecto, por lo tanto no se evidencia situación alguna que prevea la ‘necesidad de hacer efectivos los principios de celeridad, objetividad, oportunidad, eficacia y eficiencia’”, expresó Laborde en su comunicación, según la propia Fiscalía.

En una carta de cinco páginas, la fiscal General de la Nación defendió la legalidad y pertinencia de las decisiones administrativas tomadas durante su ausencia, incluyendo la polémica designación de María Isabel Ramírez como fiscal de apoyo.

Camargo argumentó que la medida tenía como único objetivo fortalecer el acompañamiento, la orientación y la asesoría jurídica en el proceso, tal como quedó consignado en la resolución correspondiente.

“Reitero, no existe ni existirá durante mi administración ninguna directriz que afecte la autonomía e independencia de los fiscales. Creo firmemente en la capacidad, experiencia y conocimiento de los funcionarios de la entidad”, afirmó Camargo en su respuesta oficial.

La fiscal general subrayó que la asignación de apoyos responde a la responsabilidad de la alta dirección de la entidad de garantizar la aplicación de las mejores prácticas investigativas y procesales.

“Por todo ello, con profundo respeto por su opinión personal, debo recordarle que la decisión de designarle fiscal de apoyo corresponde a una actuación encaminada a materializar las responsabilidades de tutoría y seguimiento que le compete a la alta dirección de la entidad, para garantizar la aplicación de las mejores prácticas investigativas y procesales”, señaló Camargo en su misiva.

No obstante, ante la persistencia de las inquietudes de Laborde, la Fiscalía optó por revocar la resolución que designaba a Ramírez como fiscal de apoyo el 22 de septiembre.

La fiscal General de la Nación enfatizó que la decisión de nombrar apoyos no busca afectar la independencia de los fiscales, sino dotarlos de herramientas para el cumplimiento de sus funciones. Además, recordó que Laborde ya había trabajado previamente con Ramírez en otros procesos durante el año, sin que ello hubiera generado objeciones en el pasado.

“Lo anterior evidencia que la designación de una fiscal de apoyo no tuvo por finalidad socavar su autonomía e independencia, sino solo poner a su disposición mayores herramientas para la realización de sus deberes, como se ha hecho en otras oportunidades, sin que ello haya suscitado reparo alguno de su parte”, manifestó Camargo.

Otro episodio que alimentó el malestar de Laborde fue la convocatoria a una mesa de trabajo el 18 de septiembre, organizada por la fiscal 16 de la Dirección Especializada contra la Corrupción.

La fiscal encargada solicitó explicaciones sobre el procedimiento, mientras que la Fiscalía sostuvo que se trataba de una práctica habitual destinada a evitar duplicidades, dado que los hechos investigados por Laborde —presuntas irregularidades en contratos de la fundación Conciencia Social con la Gobernación del Atlántico— guardaban relación con otro caso en curso a partir de copias remitidas por el fiscal Mario Burgos.

La gestión de las solicitudes de la defensa de Nicolás Petro también fue motivo de reclamo. Laborde aseguró que solo tuvo conocimiento de dos memoriales que pedían aplazar la imputación hasta noviembre durante la mencionada reunión.

No obstante, la Fiscalía aclaró que los documentos habían sido enviados a su correo institucional el 9 de septiembre y remitidos formalmente un día después. “No se ocultó ninguna petición”, enfatizó Camargo, precisando que incluso se dio respuesta oficial a esas solicitudes el 17 de septiembre.

En su pronunciamiento, la fiscal general reiteró su respaldo a la labor de Laborde y garantizó que su ejercicio profesional “es, ha sido y será preservado”. “Ni siquiera en desarrollo del principio de unidad de gestión y de jerarquía, que me habilita como fiscal General de la Nación para determinar el criterio y la posición de la entidad, según lo dispone el artículo 251 de la Constitución, le he impuesto la adopción de una u otra decisión en esta o en alguna otra de las investigaciones a su cargo”, escribió Camargo en su carta.