
El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López, compareció nuevamente ante la Corte Suprema de Justicia en Bogotá para brindar detalles sobre un presunto esquema de corrupción relacionado con contratos estatales y vínculos con destacados congresistas colombianos.
Según información exclusiva de Semana, López entregó declaraciones bajo el principio de oportunidad en la Sala de Instrucción, donde mencionó a la senadora Martha Peralta (Pacto Histórico), al senador Julio Elías Chagüi (Partido de la U) y al senador Carlos Trujillo (Partido Conservador).
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Como parte de sus testimonios más recientes, López relató nuevos pormenores sobre la forma en que, según su versión, se habría direccionado la asignación de contratos para la adquisición de maquinaria destinada a la construcción de jagüeyes en La Guajira.
De acuerdo con el reporte de Semana, el señalamiento de mayor peso recayó sobre la senadora Martha Peralta, a quien el exfuncionario identificó como la persona responsable de organizar una reunión en la sede de la Ungrd junto a los empresarios Issa Rizcala y Jorge Rizcala. Los encuentros se enfocaron en la utilización de maquinaria amarilla necesaria para ejecutar las obras hídricas en la región del Caribe colombiano.

En el documento revelado por Semana, Olmedo López afirmó: “Le encomendó a Sneyder Pinilla, subdirector de Manejo de Desastres, desarrollar el respectivo proceso contractual para materializar el negocio jurídico en cuestión, por lo que, bajo coordinación previa con Peralta Epieyú, aquel Subdirector tramitó y aprobó, de conformidad con lo acordado, la Orden de Proveeduría SMD-GS-MQ-189-2023 de 25 de octubre de 2023, por un valor de 2.125’670.373,75 pesos”.
Este contrato, destinado presuntamente a beneficiar proyectos en el municipio de Riohacha, quedó vinculado, según el testimonio, a la gestión directa de Peralta y a la coordinación interna establecida desde la Ungrd.
La información recopilada por Semana detalla que López habría señalado: Peralta era la persona “en favor de quien debían tramitar y direccionar el negocio jurídico de maquinaria amarilla”. La adjudicación pretendía favorecer la intervención de infraestructuras en La Guajira, asociadas a la mitigación de problemas de acceso al agua.

Otra de las figuras clave mencionadas en las comparecencias ante la Corte Suprema fue Julio Elías Chagüi, senador de la Comisión Primera. Según la versión entregada por López a la justicia —documentada en exclusiva por Semana—, existía un acuerdo político con el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, orientado a entregar contratos de obra pública para ampliar y proteger canales en el municipio de Sahagún.
La coordinación, conforme relató el exdirector de Ungrd, involucró a Jorge González, secretario de Infraestructura de esa localidad.
El acta de compromiso consignada en la Fiscalía indica que el proyecto tuvo un valor estimado de 25.000 millones de pesos para ejecución de obras, junto a una interventoría de casi 2.000 millones de pesos y una administración de recursos fiduciarios que superó los 1.300 millones de pesos.
Parte de la información señala que estos acuerdos respondían a instrucciones de altos funcionarios del Gobierno nacional y tenían como propósito, según las declaraciones, incidir en procesos contractuales a favor de parlamentarios específicos.
En el caso del senador Carlos Trujillo, del Partido Conservador, la información exclusiva de Semana establece que su nombre había permanecido fuera del foco público hasta principios de septiembre, cuando la magistrada Cristina Lombana solicitó la comparecencia de Olmedo López para ampliar la investigación que lo involucra.

Durante la declaración, efectuada el 2 de septiembre, López situó a Trujillo como una figura relevante dentro del espectro político cercano al Gobierno del presidente Gustavo Petro, según lo consultado por ese medio.
El avance de las audiencias en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que continuaron el 24 de septiembre, incorpora el testimonio reiterado de López no sólo sobre la supuesta implicación de Peralta y Chagüi sino también en relación con la actuación de Carlos Trujillo.
Semana reportó que los documentos y declaraciones recogidos por la magistrada Cristina Lombana pasan a ser parte fundamental de los expedientes que la Corte Suprema de Justicia analiza con miras a esclarecer la vinculación de funcionarios públicos y dirigentes políticos con acciones irregulares y presuntos hechos de corrupción dentro de la administración estatal. Es
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