Reforma a la educación: qué significa el nuevo modelo presupuestal aprobado por el Senado para las universidades de Colombia

En el transcurso Plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional y presentado por el Ministerio de Educación, cuyo objetivo es renovar el modelo de financiamiento de la educación superior pública en Colombia.

Una vez cumplidos todos los trámites legislativos, universidades, instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias estatales comenzarán a recibir recursos calculados en función del Índice de Costos de la Educación Superior (Ices), con asignaciones adicionales que buscan fortalecer su funcionamiento.

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Según confirmó el Ministerio de Educación, el cambio más relevante de esta legislación es que los recursos para las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas ya no crecerán solo en proporción a la inflación, como lo establecía el modelo anterior, sino que se ajustarán según los costos reales reportados por cada institución. De esa forma, se asegurará una financiación estable, mayores niveles de calidad académica y mejores condiciones laborales y formativas para estudiantes, docentes y administrativos.

El nuevo modelo beneficiará no solo a las 34 universidades estatales, sino que, por primera vez, incluirá de forma estructural a instituciones técnicas y tecnológicas, históricamente subatendidas por la financiación nacional. Las asignaciones presupuestales se fijarán tomando como base los presupuestos históricos institucionales, ajustados cada año según el Ices calculado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

En caso de que el incremento anual del Ices sea inferior a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el presupuesto crecerá conforme al IPC para evitar una reducción real de los fondos.

El proyecto establece, además, la destinación de recursos equivalentes al 0,05% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, orientados a fortalecer la base presupuestal de las instituciones profesionales, técnicas y tecnológicas estatales, así como los establecimientos públicos de orden territorial, en el primer año de la ley.

Entre los objetivos definidos por el Ministerio de Educación para este nuevo modelo de financiación se encuentran el aumento progresivo en el acceso, permanencia y graduación de estudiantes de pregrado en las IES estatales u oficiales, la reducción de brechas sociales y regionales, la mejora de la calidad y pertinencia de la oferta educativa, el fortalecimiento del bienestar institucional y el refuerzo de la planta docente y administrativa. También se contemplan fondos especiales para infraestructura y planes de fortalecimiento de la calidad educativa.

Paralelo al incremento en la inversión, el articulado aprobado incorpora medidas para fortalecer la transparencia en el uso de los recursos públicos. Las comunidades educativas tendrán la facultad de conformar veedurías ciudadanas encargadas de vigilar el destino y uso de estos fondos, con el respaldo y acompañamiento de la Contraloría General de la República. De esta manera, se busca garantizar un proceso de control social efectivo y transparente, involucrando a los diferentes actores educativos y ciudadanos.

El ministro de Educación, Daniel Rojas, expresó que la aprobación de este proyecto de ley representa “un avance importante hacia la promesa de poner a la educación en el centro del desarrollo del país y garantizar el derecho fundamental a la educación superior”.

Voz que también fue respaldada por líderes estudiantiles como Daniel, que hizo un llamado al Senado de la República para aprobar la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, “para seguir construyendo un nuevo modelo de educación que garantice la participación, la democracia y la autonomía”.

El modelo vigente, establecido hace más de tres décadas, determinaba que los aportes estatales a las universidades públicas solo podían incrementarse en proporción al IPC. Además, de las 33 instituciones técnicas, tecnológicas y profesionales, solo 18 reciben transferencias regulares del Estado, lo que había generado una brecha financiera significativa y limitaciones para ampliar cobertura y calidad.

Con la reforma aprobada, el Gobierno Nacional asume el reto de responder a la expansión del sistema de educación superior pública, atendiendo también el mejoramiento de la infraestructura y la actualización del sistema salarial de los docentes, así como la dotación de recursos que permitan planes de bienestar institucional y fortalecimiento administrativo.

El Ministerio de Educación remarcó que ese avance normativo es un paso clave para “mejorar el acceso, la calidad y la equidad”, cubriendo necesidades antiguas del sistema y abriendo la puerta a un financiamiento acorde a las demandas sociales y el crecimiento de la educación superior en el país.