Ministerio de Trabajo busca que las víctimas de la masacre de las bananeras sean reparadas simbólicamente

El Congreso recibió una propuesta legislativa que busca reparar a las víctimas de la masacre de las bananeras, un episodio ocurrido en 1928 en Ciénaga, Magdalena, y que marcó la historia de las luchas sindicales en el país.

El Ministerio de Trabajo, encabezado por Ángelo Sanguino, presentó la iniciativa con el objetivo de garantizar la no repetición de hechos similares y de fortalecer la protección de los derechos laborales y sindicales.

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El proyecto, según detalló la cartera del Trabajo en un comunicado, se estructura en torno a una reforma integral que prioriza la educación, la cultura y las comunicaciones. Entre sus ejes centrales figura la instauración del “Día Nacional de la Memoria y Reparación a las Víctimas de la Masacre de las Bananeras”, que se conmemorará cada 6 de diciembre. Esta fecha busca mantener viva la memoria histórica y rendir homenaje a quienes perdieron la vida en la represión de 1928.

Durante el acto de radicación, el senador Alberto Benavides, representante del Pacto Histórico, instó a erradicar la violencia contra los trabajadores. “Que la violencia política jamás vuelva a suceder en Colombia, y los trabajadores, ya sean obreros o pescadores, no sufrirán más masacres. Cuente con nuestra voz activa para defender el proyecto”, manifestó Benavides, según recogió el informe del Ministerio de Trabajo.

El documento presentado por el ministro Sanguino subraya la importancia de reconocer “las condiciones dignas de trabajo y los derechos fundamentales a la organización sindical, la negociación colectiva, la huelga y la protesta social”. Estas garantías, según la cartera laboral, resultan esenciales para evitar represalias y proteger a los trabajadores frente a situaciones de violencia como la ocurrida hace casi un siglo.

La propuesta también contempla medidas de reparación integral y mecanismos especiales de atención para los familiares de las víctimas. El Ministerio de Trabajo precisó que se prevén apoyos psicosociales, asesoría legal y procesos de acompañamiento territorial dirigidos a las comunidades afectadas. Además, el proyecto busca fortalecer los procesos culturales y educativos, con el propósito de que las nuevas generaciones comprendan el significado de la organización y la resistencia de los trabajadores bananeros.

El texto legislativo fue radicado oficialmente ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes y ahora deberá ser debatido en las comisiones correspondientes del Congreso. Desde el inicio del trámite, el Ministerio de Trabajo reiteró su compromiso institucional: “Estamos aquí asumiendo la historia de Colombia y la memoria de la lucha de los trabajadores por sus derechos”, expresó la entidad en su declaración oficial.

En la madrugada del 6 de diciembre de 1928, el Ejército colombiano abrió fuego contra miles de trabajadores de la multinacional estadounidense United Fruit Company, que se encontraban en huelga.

Los empleadores exigían condiciones laborales mínimas: pago en dinero en lugar de vales, jornada de ocho horas, descanso dominical y mejor atención médica. La protesta, que había paralizado las plantaciones bananeras durante varias semanas, fue respondida con una de las represiones más recordadas de la historia del país.

La cifra oficial de muertos nunca se estableció con precisión. Mientras el Gobierno de entonces reportó 47 víctimas, testigos y cronistas –entre ellos Gabriel García Márquez, en Cien años de soledad– estimaron que fueron cientos o incluso más de mil los trabajadores asesinados.

La masacre no solo dejó un profundo dolor en la región del Magdalena, sino que se convirtió en símbolo de la lucha sindical en Colombia. El hecho marcó un antes y un después en las relaciones entre el Estado, las empresas extranjeras y los trabajadores, poniendo en evidencia el peso de los intereses económicos en las decisiones gubernamentales.

Casi un siglo después, la Masacre de las Bananeras sigue siendo recordada como una herida abierta y una advertencia sobre los riesgos de reprimir la protesta social en lugar de atender sus causas.