“Mete duro la mano”: almacenes y supermercados se quejan de lo que pagarían con los nuevos impuestos de la reforma de Petro

El anuncio de una nueva reforma tributaria en Colombia reavivó el debate nacional, impulsado por las advertencias del presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, que cuestionó la iniciativa del Gobierno de Gustavo Petro, que busca recaudar $26,3 billones de pesos para financiar el presupuesto de 2026.

El dirigente gremial lanzó una dura crítica directa en diálogo con Vanguardia: “Los colombianos están asfixiados por impuestos. Muchos de ellos se tuvieron que endeudar para pagar los impuestos de la reforma tributaria de 2022. Terminando gobierno y en una época preelectoral, esta reforma tributaria no tiene ni pies ni cabeza”. El proyecto, presentado en el Congreso, puso en el centro de la discusión el impacto sobre el consumo de los hogares, la competitividad empresarial y la estabilidad económica del país.

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La propuesta del Ejecutivo contempla una recaudación de $26,3 billones, de los cuales $7,8 billones provendrían del impuesto al consumo, con un énfasis particular en bebidas alcohólicas. El presupuesto general para 2026 asciende a cerca de $556 billones y la reforma introduce ajustes en varios frentes, aunque el sector financiero figura entre los más afectados por el incremento de la carga tributaria.

En el plano de la presión fiscal, Cabal resaltó que la situación de los contribuyentes ya es insostenible. El dirigente gremial señaló que la reforma de 2022 obligó a muchos ciudadanos a endeudarse para cumplir con sus obligaciones tributarias, y advirtió que la nueva propuesta agravaría este escenario.

“Consideramos que este proyecto es inapropiado para el país porque trae consecuencias negativas: le mete duro la mano a las empresas, crea efectos inflacionarios y perjudica a los ciudadanos deprimiendo el consumo”, afirmó el presidente de Fenalco. Desde su perspectiva, la iniciativa también amenaza el poder adquisitivo de los hogares.

Y es que el impacto sobre la inflación y el consumo es uno de los puntos más sensibles del debate. Cabal alertó que la reforma podría traducirse en un aumento de precios tanto por la vía directa —al encarecer bienes y servicios de la canasta básica— como por la indirecta, al elevar los costos de insumos para las empresas, que terminarían trasladando ese incremento al consumidor final.

Al respecto, el propio Gobierno reconoce en las motivaciones del proyecto que “dichas presiones se podrían materializar a través de dos canales: un canal directo, relacionado con el posible aumento en los precios de los bienes y servicios finales que hacen parte de la canasta de consumo de los hogares, y un canal indirecto, que se materializaría a través de un incremento en los costos de ciertos insumos de las empresas, que podría transmitirse a los precios finales al consumidor”.

Además, la revisión del gasto tributario regresivo en el IVA podría añadir hasta 0,44 puntos porcentuales a la inflación de 2026. Actualmente, la inflación en Colombia se sitúa en 5,1%, una cifra que supera ampliamente la meta oficial del 3% establecida por el Banco de la República.

Más allá de los efectos inmediatos sobre precios y consumo, Cabal criticó la gestión del gasto público y la eficiencia en la ejecución presupuestal. Sostuvo que “hay un tema conceptual de fondo y es que estamos viviendo en donde el Gobierno no termina de ejecutar los recursos que tiene para inversión social: la ejecución es pobre en todos los frentes”.

De igual manera, el presidente de Fenalco también cuestionó el aumento del gasto público y el crecimiento de la burocracia estatal bajo la administración de Gustavo Petro. “Tenemos un Gobierno derrochador en gastos en el exterior y un incremento inusitado del gasto público, vemos un incremento desbordante de la burocracia del Gobierno Nacional”, expresó al medio.

Desde una perspectiva técnica, BDO Colombia analizó el impacto de la reforma sobre el sector financiero, que enfrentaría un aumento de 15 puntos porcentuales (pp) en la tarifa de renta para bancos, aseguradoras, fiduciarias y comisionistas de bolsa, lo que elevaría la tasa efectiva al 50%. En comparación, las tasas de renta corporativa en la región se sitúan en 27% en Chile, 29,5% en Perú, 30% en México y 25% en Panamá, lo que convertiría a Colombia en el país con la mayor tarifa aplicable a entidades financieras en América Latina.

Además, la reforma contempla un incremento en el impuesto a los dividendos para personas naturales y no residentes, del 20% al 30%, lo que impactaría la distribución de utilidades a los accionistas.

Víctor Ramírez, socio de Auditoría y Aseguramiento de BDO Colombia, destacó que “cuando se modifican condiciones como la tarifa de renta o la distribución de utilidades, es clave reforzar los análisis financieros y fiscales, con el fin de tomar decisiones informadas en un entorno cambiante”.

Por otra parte, la ampliación del impuesto al patrimonio a personas jurídicas, con la reducción de la base mínima de 72.000 ($3.585.528.000) a 40.000 8$1.991.960.000) unidades de valor tributario (UVT), generaría una carga adicional para entidades con grandes volúmenes de activos.

Hugo Quevedo, director de Auditoría y Aseguramiento de BDO Colombia, señaló que “la ampliación del impuesto al patrimonio a personas jurídicas introduce nuevas variables en la gestión financiera del sector. Entender cómo se ve afectado cada modelo de operación será fundamental para ajustar la planeación y mitigar impactos sobre los recursos disponibles”.