Jefes de la llamada ‘Junta del Narcotráfico’, denunciada por Petro, adquirieron ciudadanías de Turquía y Emiratos para evitar ser extraditados

Los integrantes de la denominada “Nueva Junta del Narcotráfico”, cuya existencia denunció el presidente Gustavo Petro tras relacionarla con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, optaron por establecerse en países que no cuentan con tratados de extradición, como Emiratos Árabes y Turquía, donde la obtención de permisos de residencia resulta expedita y la ciudadanía puede adquirirse mediante inversiones inmobiliarias de aproximadamente 400.000 dólares.

Un informe de Noticias Uno explicó que esa estrategia ha permitido a los capos operar con mayor tranquilidad, al resguardarse de la persecución judicial internacional.

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A pesar del endurecimiento de los controles antidrogas en el Mar Caribe por parte de las autoridades internacionales, los narcotraficantes colombianos continúan enviando cocaína a destinos tradicionales como Estados Unidos, pero también han fortalecido sus operaciones hacia Europa, África y Oceanía, mencionó el noticiero.

Los informes de inteligencia citados por Noticias Uno detallan que la llamada “nueva Junta del narcotráfico” ha diversificado sus rutas, enviando cargamentos desde el departamento de Nariño hacia países sudamericanos como Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Argentina. En estos países, la droga se almacena antes de ser despachada por el Océano Atlántico hacia destinos finales como España, Emiratos Árabes, Turquía, África y Australia.

La decisión de no vender cocaína a Estados Unidos responde, según los informes, a que los integrantes de la nueva junta han cumplido condenas en ese país y mantienen compromisos legales que les impiden delinquir en territorio estadounidense. Por ello, han enfocado sus operaciones en mercados alternativos y han buscado residir en jurisdicciones donde la extradición no representa una amenaza.

Los informes de inteligencia subrayan que “lo más importante para los criminales, esos países no cuentan con tratados de extradición y prohíben la extradición de sus propios ciudadanos”, una condición que facilita la continuidad de sus actividades ilícitas desde el extranjero. Mientras tanto, otros narcotraficantes colombianos siguen utilizando rutas tradicionales, transportando cocaína desde la costa norte de Colombia hacia islas del Caribe como Puerto Rico, desde donde la droga se distribuye hacia Estados Unidos.

El noticiero subraya que el Clan del Golfo también mantiene operaciones, enviando cargamentos desde el Chocó y Panamá con destino final en territorio estadounidense, así como a través de la ruta Nariño-México para su posterior ingreso al país norteamericano.

Un reciente informe de inteligencia que llegó a inicios de septiembre al despacho presidencial de Gustavo Petro reavivó el debate en torno a la supuesta existencia de una “junta del narcotráfico” con ramificaciones internacionales, un tema que el presidente ha impulsado pese a la escasez de pruebas contundentes por parte de las autoridades colombianas.

El documento, revelado por El Tiempo, describe una red criminal transnacional que, según fuentes de inteligencia, estaría implicada en delitos de alto impacto y actividades ilícitas tanto en Colombia como en otros países, involucrando a figuras reconocidas del ámbito criminal y empresarial.

El informe, que llegó recientemente a manos del jefe de Estado, detalla la posible conformación de una organización con conexiones en Emiratos Árabes Unidos, Argentina, España, Turquía, Australia, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Brasil, República Dominicana, Albania y Tailandia, además de Colombia. Entre los elementos presentados se incluyen fotografías y datos que, según el reporte, apuntan a la existencia de una estructura criminal con alcance global.

De acuerdo con las fuentes citadas por El Tiempo, la denominada Nueva Junta del Narcotráfico no operaría bajo un esquema jerárquico tradicional, sino como una red en la que cada miembro desempeña funciones específicas, estableciendo alianzas tanto legales como ilegales. El documento sostiene que “antiguos socios se embarcaron en una disputa por bienes y rentas del negocio que habían liderado a principios de siglo”, lo que habría dado lugar a la actual configuración de la red.

Las investigaciones previas de El Tiempo atribuyen a esta organización influencia en sectores como la minería, las actividades agropecuarias, la industria del fútbol, empresas de seguridad, prestamistas y compañías de transporte.

El informe identifica a 14 presuntos integrantes principales, entre los que destaca Julio Lozano Pirateque, alias Patricia, exnarcotraficante y esmeraldero que reside en Dubái. Consultado por El Tiempo, Lozano Pirateque negó cualquier relación con la supuesta junta mafiosa y rechazó estar involucrado en un plan contra el presidente Petro.

El informe, no obstante, lo vincula a “Patricia” con Franklin, alias el Señor de la Silla, un exmiembro del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que coordinaría el tráfico de cocaína desde el suroccidente y centro del país.

De igual forma, el informe sostiene que Lozano habría delegado en Colombia negocios de narcotráfico a C. E. Contreras, alias el Tonto Contreras, un esmeraldero originario de Garagoa, Boyacá, al cual se le atribuye el control de al menos un millón de hectáreas en Boyacá y Casanare, así como conexiones políticas y alianzas con figuras del sector esmeraldero.

El segundo nombre señalado en la lista es el de Jorge Iván González Ramírez, conocido como “J la Firma”. En entrevista con El Tiempo, González Ramírez rechazó las acusaciones en su contra y afirmó: “No soy ningún capo de capos. Le aseguro que no tengo vínculos con estructuras mafiosas ni paramilitares. Agentes federales lo saben muy bien. Me están tratando de subir el perfil”, afirmó.