Gobierno Petro se queda sin plata para pagar sus obligaciones: saldo en caja registra histórica y preocupante cifra

El gobierno de Gustavo Petro enfrenta una de las crisis de liquidez más severas de su historia reciente, con solo $1,9 billones disponibles en caja, una cifra muy inferior a los $30 billones o $35 billones que solían estar a disposición en años anteriores. Dicho nivel, considerado el más bajo registrado, generó preocupación entre analistas y expertos, quienes advierten sobre la gravedad del déficit fiscal y las crecientes dificultades para financiar proyectos y cumplir con las obligaciones estatales.

El diagnóstico de la caja y la liquidez del Estado revela un panorama restrictivo. Según los reportes más recientes del Tesoro Nacional, el saldo disponible se sitúa en mínimos históricos, con una media reciente de $12 billones, lo que representa una caída de casi $8 billones respecto al promedio habitual.

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La reducción limita de forma muy severa la capacidad del Gobierno para ejecutar su plan y afrontar pagos, cuando el margen para maniobrar resulta cada vez más estrecho. Al respecto, el director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, Camilo Pérez, explicó que el comportamiento del recaudo tributario no permitió recomponer la caja.

Según dijo el experto a El Nuevo Siglo, “es bastante graneado, normalmente el impuesto de renta de grandes contribuyentes que suele ser en febrero, abril y junio, es donde más se recaudan impuestos y en esos momentos no se vio una mejora sustancial en el tema tributario”. También resaltó que no prevé que la caja logre alcanzar las cifras reportadas en años anteriores al cierre de este año.

Las causas de este déficit fiscal se encuentran en la combinación de una caída sostenida del recaudo y un crecimiento acelerado del gasto público. El economista jefe de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, Julio Romero, durante el webinar “Colombia, al filo del precipicio fiscal y su impacto en la deuda pública y corporativa”, detalló que “entre 2019 y 2025, los gastos del Gobierno crecieron siete veces más rápido que los ingresos”. Además, el déficit fiscal, que antes de la pandemia rondaba el 3% del PIB, se mantiene en más del doble desde entonces.

Así las cosas, la brecha obligó al Gobierno a buscar alternativas de financiamiento, en un entorno donde la recaudación de impuestos, incluso en los periodos de mayor ingreso, no logró revertir la tendencia negativa.

Frente a este escenario, el Ministerio de Hacienda desplegó una estrategia de financiamiento y manejo de deuda en varias etapas:

• Compra de TES y bonos colombianos en dólares con altos descuentos, utilizando la caja disponible.
• Un Total Return Swap (TRS), mediante el cual el Gobierno obtuvo $9.300 millones de dólares con la participación de seis bancos internacionales.
• Se prevé cancelar antes de julio de 2026. Se contempla la emisión de bonos globales en euros o en pesos para cubrir el TRS.

Según Romero, “los canjes de deuda realizados en 2025 estarían causando un ahorro en el valor nominal de la deuda por $13,5 billones”.

El programa de subastas de 2025, por un total de $58 billones, finalizaría a principios de octubre, y a partir de la segunda semana de ese mes podría iniciarse el prefinanciamiento de 2026. El director de Crédito Público, Javier Cuellar, señaló que la estrategia de caja para los próximos meses será mantenerla en niveles bajos, cerca de los $5 billones.

Pérez añadió que “de cara al cierre del año lo que ha planteado Crédito Público es que va a recomponer la caja, nosotros creemos que lo que va a hacer en una estrategia combinada de Tes de Corto Plazo y Tes de Largo Plazo, una prefinanciación del 2026”. No obstante, el propio Pérez matizó que, aunque los planes originales contemplaban cerrar el año con más de $20 billones, “probablemente no llegue a esos montos”.

Las perspectivas para el cierre de 2024 y el año 2025 se mantienen inciertas. El recaudo del impuesto de renta previsto para octubre podría elevar la caja a $5 billones, pero los expertos coinciden en que este ingreso no será suficiente para recomponer los niveles históricos.

Romero advirtió que “tras la suspensión de la regla fiscal, el Gobierno aumentó sus necesidades de financiamiento para 2025 en $56,6 billones. Una cuarta parte de este mayor financiamiento se hará con desembolsos y el restante con operaciones de tesorería”. Además, la pendiente de la curva de rendimientos se aplanó y la vida media de la deuda se redujo, lo que refleja la presión sobre el manejo de la deuda pública.

El jefe de Investigaciones Económicas de Corficolombiana también señaló que “la caja en el saldo del Depósito del Tesoro Nacional se mantiene baja, pero la liquidez del Gobierno también tendrá en cuenta el portafolio de TES”.

El impacto de la situación se extiende a la inversión y el empleo, ya que la falta de recursos limita la capacidad del Estado para impulsar proyectos que generen crecimiento económico. Por esto, Romero sugirió que “para aliviar la presión fiscal y dar tiempo para los ajustes estructurales que se necesitan se podría usar el ahorro de intereses”. Sin embargo, la estrategia de financiamiento adoptada por el Gobierno no está exenta de riesgos.

Asimismo, advirtió que “se está limitando el financiamiento privado, causado por un crowding out, donde el Gobierno está acaparando los recursos del sistema”. Este efecto desplazamiento implica que la absorción de recursos por parte del Estado restringe el acceso al crédito para el sector privado, lo que podría agravar las dificultades para la inversión y el desarrollo económico en el país.