Exministro Wilson Ruiz denunció presiones en el caso del hijo de Gustavo Petro: “Voy hasta el fondo, caiga quien caiga”

El exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela confirmó el martes 23 de septiembre de 2025 que interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, con el fin de establecer responsabilidades en la manera en que se ha manejado el caso de Nicolás Petro Burgos: hijo del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que será imputado por la presunta comisión de dos delitos más.

Ruiz Orejuela, que se pronunció en sus redes sociales sobre este recurso judicial, fundamentó su acción en presuntas irregularidades judiciales y presiones indebidas que, según su declaración, amenazan la independencia judicial y la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia en Colombia. Sobre todo en un caso que compromete al primogénito del jefe de Estado; una situación inédita.

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“Hoy le quiero informar al país que hemos presentado una denuncia penal por las irregularidades en el proceso contra el señor Nicolás Petro Burgos. Decisiones tomadas, como todo el país lo sabe, a espaldas de la fiscal que lleva el caso. Reuniones sorpresivas y resoluciones que son completamente extrañas, que ponen en duda la transparencia de la investigación”, adelantó Ruiz en un video publicado en sus redes sociales.

El exministro dirigió su denuncia frente a los que resulten responsables de posibles irregularidades en el caso que involucra al exasambleísta del Atlántico. La acción se apoya en hechos revelados por la fiscal delegada Lucy Laborde, que alertó acciones aparentemente irregulares, decisiones arbitrarias y otras maniobras que, a su juicio, podrían comprometer la autonomía del proceso que empezó desde agosto de 2023.

Del mismo modo, el exfuncionario de la administración de Iván Duque Márquez señaló que la denuncia busca que la Fiscalía investigue si altos funcionarios de la entidad incurrieron en conductas tipificadas en el Código Penal, al remarcar que el caso trasciende lo individual y representa un asunto de respeto a la institucionalidad y a la garantía de que la justicia opere con total autonomía.

Entre los hechos específicos que motivaron la denuncia, el exministro detalló la asignación irregular de una fiscal de apoyo mediante la Resolución No. 33 del 8 de septiembre, que se llevó a cabo, al parecer, sin solicitud previa del despacho titular. Además, mencionó la convocatoria a reuniones sorpresivas y sin justificación, en las que se intentó vincular hechos ajenos al proceso principal.

En su argumentación, el extitular de la cartera de Justicia también cuestionó la intromisión del presidente Petro, que, a través de redes sociales, ha señalado a la funcionaria encargada del caso, lo que, según la denuncia, afectó su imparcialidad y expuso la independencia de la investigación. Laborde, en su calidad de fiscal delegada, denunció que estas decisiones y maniobras pusieron en duda la transparencia del proceso.

“La confianza en la administración de justicia no puede verse comprometida por intromisiones indebidas o actuaciones que restan transparencia al trámite”, indicó Ruiz, que fue enfático al advertir sobre el impacto institucional de estas acciones. E insistió en que los colombianos merecen procesos judiciales libres de presiones políticas, donde prevalezcan la verdad y la justicia sobre cualquier interés particular.

En ese orden, recalcó que no permitirá que la justicia se convierta en un espectáculo mediático ni que se manipule para favorecer intereses ajenos a la legalidad. “Como defensor de la justicia, como ciudadano y además como colombiano, asumo la defensa de una justicia libre que no esté sometida a presiones indebidas, políticas, ni convertidas en un espectáculo mediático y manipulado“, afirmó.

“Voy a llegar hasta el fondo de esto. Caiga quien caiga. El país necesita saber la verdad”, agregó el exministro, que tras su salida del Ejecutivo ha desempeñado otros roles de veeduría. En su argumentación, Ruiz Orejuela defendió la necesidad de que la Fiscalía actúe con total transparencia y autonomía, y reiteró su compromiso con la defensa del Estado de derecho, conforme a lo que se espera del organismo.

Así pues, sostuvo que la denuncia no solo busca esclarecer los hechos en torno al caso del hijo mayor de Gustavo Petro; sino también salvaguardar la confianza ciudadana en las instituciones y evitar que cualquier poder político interfiera en los procesos judiciales que definen el rumbo democrático del país. Y concluyó su intervención con un llamado a la investigación rigurosa y a la defensa de la institucionalidad.