La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sigue en el centro de la polémica después de entregar las primeras dos sentencias contra el exsecretariado de las Farc y exmiembros de las Fuerzas Militares por secuestros y falsos positivos.
De hecho, a pesar de la aprobación de estas medidas judiciales, la financiación para ejecutar las sanciones impuestas por la JEP continúa siendo insuficiente.
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Según un documento oficial conocido por Caracol Radio, el costo total de las sentencias por casos de secuestros y falsos positivos asciende a 121.858 millones de pesos, mientras que el presupuesto disponible hasta la fecha apenas llega a veinte mil millones de pesos.
“Reconocemos y valoramos de manera positiva los recientes avances del Ministerio de Hacienda desde la Dirección de Presupuesto Público Nacional, relacionados con la primera distribución presupuestal por $20 mil millones de pesos, mediante la Resolución 2030 del 20 de agosto, destinados a la subcuenta “Acciones y Prácticas Comunitarias y Restaurativas - ARN” del Fondo Colombia en Paz del DAPRE, la cual es liderada por la ARN", se lee en un documento emitido por la JEP.
El presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, alertó sobre esta brecha financiera mediante una comunicación enviada a varias entidades del Gobierno, en la que solicitó que se garantice el giro de los recursos necesarios para llevar a cabo los proyectos de justicia restaurativa incluidos en las condenas.
“No obstante este valioso primer paso, una vez proferidas las dos primeras sentencias por parte de la Sección de Primera Instancia con Reconocimiento, la JEP informa que el monto requerido para la implementación de los dos primeros proyectos que conforman esta fase inicial de cumplimiento de las primeras sanciones propias impuestas en estas sentencias es de $121.858 millones”, señala la carta conocida por el medio radial.
Detallando el desglose, la sentencia contra el último secretariado de las exFarc, por 21.000 casos de secuestros, fue emitida el 16 de septiembre y alcanza un coste de 35.762 millones de pesos.
Esta suma se distribuye así: 13.634 millones para el programa de Medio Ambiente, Naturaleza y Territorio, 10.587 millones para el proyecto “Huellas por la memoria, Macrocaso 01”, 5.829 millones para la Acción Integral Contra Minas (AICMA) y 5.712 millones para la búsqueda de personas desaparecidas.
Los costos asociados a la sentencia por falsos positivos, dictada contra 12 exmilitares del Batallón La Popa en Valledupar, son aún mayores: 86.096 millones de pesos destinados a diversas líneas restaurativas.
Entre los proyectos destacados figuran el Plan integral de memorialización para la Costa Caribe, con 7.044 millones, el Centro de armonización para el Pueblo Kankuamo, cuyo presupuesto estimado asciende a 27.547 millones, y el Centro integral Omonapa del Pueblo Wiwa, que requiere 15.805 millones.
Además, se incluyen iniciativas como las Casas multipropósito (22.803 millones), la Casa Cultural Nelson Enrique Romo Romero (5.748 millones) y el Proyecto Fortalecimiento productivo Multipropósito “Sembradores de Amor y Paz” (7.149 millones).
“Resulta entonces indispensable asegurar la apropiación presupuestal suficiente para estos proyectos, a los que se sumarán otros derivados de sentencias posteriores y de autos que establezcan medidas de contribución a la reparación”, continúa la carta entregada por la JEP a las entidades de Gobierno.
En la misiva, la JEP también expresó su inquietud por la falta de avances del Ministerio de Justicia en el trámite del decreto que define las condiciones transversales para la aplicación de las sanciones, específicamente en áreas críticas como seguridad, prevención, protección, habitabilidad y dignidad.
Según resaltó esa justicia especial, la totalidad del articulado del decreto ya fue leído y aprobado por parte de todas las entidades que hacen parte de la instancia de articulación, por lo que reprocharon la falta de expedición del documento.
La efectividad de estas sentencias, que representan los primeros fallos con sanciones restaurativas en el sistema colombiano de justicia transicional, depende de la voluntad y prontitud del Gobierno en asumir el compromiso financiero y operativo acordado en la implementación del Acuerdo Final de Paz.
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