Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

En las zonas rurales de Jamundí (Valle del Cauca), la construcción de una nueva carretera entre los corregimientos de San Antonio y Villa Colombia ha generado preocupación entre los habitantes.

Las denuncias señalan que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco, estarían impulsando la obra con materiales transportados en contenedores y financiando el proyecto mediante extorsión a la comunidad. La presión sobre los líderes comunales y la utilización de las Juntas de Acción Comunal han profundizado el ambiente de temor y vulnerabilidad en en este y otros municipios del departamento.

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Durante las últimas semanas, la comunidad ha notado la llegada de doce contenedores a la zona alta de Jamundí en horas nocturnas y de madrugada. Estos materiales se destinarían a la construcción de un corredor vial, que facilitaría el tránsito entre San Antonio y Villa Colombia.

Sectores como El Cedro, Bellavista, Cascarillal, El Diamante y La Despensa figuran entre los más afectados por la presencia de los grupos armados, que buscan consolidar rutas estratégicas para sus actividades ilícitas.

El financiamiento de la carretera recae directamente sobre los habitantes rurales, que enfrentan un esquema de extorsión sistemática.

Las disidencias impondría tarifas diferenciadas según la condición de cada familia: los hogares con carro deben pagar $120.000 cada trimestre, los propietarios de motocicletas entregan $60.000 mensuales y los que solo poseen vivienda estarían obligados a cancelar $30.000.

Además, se exige un pago adicional por residir en la zona rural o transitar por la vía. A cambio, los grupos armados prometerían intervenir la carretera con pavimentación y placas huellas en los tramos más críticos, una oferta que, según los testimonios, busca legitimar la imposición de las cuotas.

La instrumentalización de los líderes comunales es uno de los aspectos más preocupantes de la situación. Presidentes y miembros de las Juntas de Acción Comunal denuncian que los frentes Jaime Martínez y Adán Izquierdo los obligan a actuar como intermediarios en la recolección de los pagos, conocidos como “vacunas”.

Su labor consiste en visitar a las familias de las veredas y corregimientos para recaudar el dinero, que luego deben entregar a los integrantes de las estructuras ilegales junto con un reporte detallado de lo recaudado. Esta práctica, según los reportes, se extiende tanto en Jamundí como en Sevilla, donde los líderes comunales se ven forzados a asumir un rol que los expone a graves riesgos personales y comunitarios.

La vulnerabilidad institucional se agrava por la utilización de las Juntas de Acción Comunal, organismos creados para representar a los ciudadanos, como herramientas de los grupos armados. “¿Hasta cuándo van a permitir que estos grupos sigan construyendo vías? Cada metro que construyen es un metro que se le resta a la institucionalidad, además le resta el derecho a las comunidades a estar tranquilas. Las comunidades siguen siendo extorsionadas, vetadas por estos grupos y nadie las protege”, expresó Luigi Morales, concejal de Jamundí, citado por Blu Radio.

Ante este panorama, las comunidades han elevado solicitudes de intervención a las autoridades locales y regionales. Los habitantes insisten en la necesidad de fortalecer la presencia institucional en las veredas y de implementar mecanismos de protección específicos para los líderes comunales.

William Espinosa, presidente de la Asociación de Personeros del Valle del Cauca, reveló su preocupación por la instrumentalización de las Juntas de Acción Comunal y exhortó tanto a la población como al Gobierno a denunciar y enfrentar estas prácticas delictivas.

“Vemos con enorme preocupación y rechazo, los presuntos hechos de instrumentalización de la Junta de Acción Comunal, de sus miembros y de extorsión a la población civil, que presuntamente se están dando en algunos sectores y municipios del Valle del Cauca como Jamundí y Sevilla. Invitamos a la población, a los miembros de las JAC, a que se denuncie ese tipo de actos delictivos, pero también hacemos vehementemente un llamado al gobierno a que se enfrente esta práctica delictiva y se atienda el llamado comunitario”, afirmó Espinosa, citado por el medio.

La problemática no se limita a Jamundí. En Sevilla, al norte del departamento, se han reportado situaciones similares en corregimientos y veredas como Chorreras, Coloradas, San Antonio, La Floresta, Circacia y Santa Elena. Allí, los habitantes también denuncian la exigencia de pagos y la presión sobre los líderes comunales para garantizar el recaudo de las cuotas.

Según John Osorio, personero de Sevilla, “en la zona rural se está haciendo una exigencia de una ‘tarifa’, así lo denominan, por el tránsito de vehículos particulares, también por el solo hecho de vivir en la zona rural. Adicionalmente, un recurso que tienen que entregar las motocicletas que transitan por el lugar. Los grupos les prometen a la comunidad que con ese dinero será intervenida la vía con pavimentación y placas huellas en los sectores más críticos”.