La revisión de la sentencia impuesta al menor de edad conocido como ‘Tianz’, responsable del asesinato de Miguel Uribe Turbay, entró en una nueva fase tras la designación de los tres magistrados que analizarán la apelación presentada por la familia de la víctima.
El Tribunal Superior de Bogotá determinó que el magistrado Mario Gómez Mahecha, de la Sala Penal, será el ponente del caso, acompañado por sus colegas José Antonio Cruz y Nubia Burgos.
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Esta decisión marca un punto de inflexión en el proceso judicial que ha generado un intenso debate sobre la proporcionalidad de la pena y el tratamiento legal de los menores involucrados en delitos graves.
La apelación fue interpuesta por el abogado Víctor Mosquera, representante de la familia Uribe Turbay, que manifestó su desacuerdo con la condena de siete años de reclusión dictada contra el menor.

Mosquera expresó que, si bien respeta la decisión judicial, no la comparte debido al profundo daño ocasionado a los hijos, la esposa, los hermanos y el padre de la víctima.
La defensa de la familia sostuvo que la Ley de Infancia y Adolescencia “incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo” y cuestionó que la sanción “nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado”.
El proceso penal contra ‘Tianz’ se inició tras su detención, ocurrida luego de que disparara en repetidas ocasiones contra Uribe Turbay durante un mitin político en el parque El Golfito, en Bogotá, el 7 de junio.
El menor admitió su responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. La investigación reveló que fue contactado y persuadido para ejecutar el ataque, llegando el día de los hechos al barrio Modelia, en Fontibón, a bordo de un vehículo conducido por Carlos Eduardo Mora González.

La pistola Glock 9 mm utilizada en el crimen le fue entregada por Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’.
El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes determinó que el menor quedaría bajo la custodia del Icbf. No obstante, desde el Centro Democrático, partido al que pertenecía la víctima, se consideró que la decisión judicial resultó excesivamente flexible en relación con la gravedad del atentado.
Gabriel Vallejo, director del movimiento político, criticó públicamente la sentencia al afirmar: “Una sociedad que no sanciona realmente a quien comete el delito, es un mal mensaje, más allá de quien haya cometido el delito sea un menor de edad. Yo creo que el mensaje que le estamos enviando al mundo entero, a los jóvenes y a los niños, que una pena por un magnicidio sea de siete años, es una completa vergüenza”.
El menor recibió ciertos beneficios en la condena tras confesar su participación en los hechos y aportar información clave que permitió la captura de otros implicados en el plan criminal.
Familia de Miguel Uribe Turbay denuncia a Petro ante la ONU

La familia de Miguel Uribe Turbay presentó una queja formal ante la ONU contra el presidente Gustavo Petro, a quien acusan de interferir en las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación sobre el asesinato del senador y precandidato presidencial.
El recurso fue dirigido a la Relatora Especial sobre la independencia de jueces y abogados de las Naciones Unidas, según informó el abogado Víctor Mosquera.
La defensa de los Uribe Turbay sostiene que el mandatario ha realizado “pronunciamientos que desvían la atención pública, generan confusión y lesionan la independencia judicial, afectando gravemente el curso de las investigaciones en curso”. Además, exigieron que Gustavo Petro “se abstenga de teorizar o formular afirmaciones sin respaldo jurídico y respete el mandato constitucional que garantiza la autonomía de la Fiscalía”.
El abogado Mosquera calificó como inaceptable que, mediante declaraciones infundadas, se utilice el nombre de Miguel Uribe Turbay, lo que, según él, daña la memoria del político y la dignidad de sus familiares. También subrayó que el respeto por la independencia judicial “no es una opción política sino una obligación democrática y constitucional”.
El crimen de Miguel Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio en el parque El Golfito, en Modelia (Bogotá), durante un acto público en el que un menor de edad le disparó a las 5:30 p. m..
El político permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Santa Fe hasta su fallecimiento en la madrugada del 11 de agosto. La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer el caso.
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