El retorno inesperado de al menos 60 indígenas emberá a Bogotá encendió nuevas alarmas sobre la situación de seguridad en sus resguardos del Alto Andágueda.
Este grupo, proveniente de Chocó y Risaralda, regresó a la capital durante el mediodía del sábado 20 de septiembre de 2025, apenas dos semanas después de la repatriación oficial de 1.401 integrantes de la comunidad étnica a sus territorios.
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Tal como informó Citytv, al llegar, los líderes emberá denunciaron públicamente la presencia de grupos armados en sus tierras.
“Me reporté en el resguardo de Alto Andágueda. Allá la situación está complicada por grupos armados del ELN, en este momento estamos todos los dirigentes sociales amenazados. Por eso necesitamos seguridad”, relató Wilmar Arias, líder emberá de la UPI La Rioja, en declaraciones recogidas por el medio capitalino.
Los voceros de la comunidad manifestaron su inquietud por la vulnerabilidad a la que están expuestas las familias, especialmente niños, adolescentes y adultos mayores, quienes enfrentan también obstáculos para acceder a la alimentación.
“Nos preocupa mucho la situación de los niños, adolescentes, ancianos y dónde van a conseguir la comida, la situación está complicada para conseguir la alimentación”, agregó Wilmar Rojas al medio.
Autoridades no tienen reportes de casos de amenazas
No obstante, tanto la Unidad para las Víctimas como el Ministerio del Interior señalaron que, tras consultar con las autoridades y líderes locales en la región de Aguasal, no existen reportes oficiales de amenazas ni hostigamientos dirigidos contra la comunidad emberá en este momento.
De acuerdo con información divulgada por el medio, el 22 de septiembre del año en curso se realizó una reunión entre representantes del Gobierno nacional, líderes emberá y la guardia indígena, en la que no se reportaron los hechos denunciados por el grupo recién desplazado.
Las entidades gubernamentales indicaron que el encuentro con la comunidad se centró en el seguimiento a los acuerdos alcanzados durante el proceso de retorno previo y no en supuestas presiones de grupos armados ilegales.
Distrito de Bogotá no ayudará más a integrantes emberá que permanezcan fuera de procesos de retorno o integración
En medio del retorno masivo de la población emberá a sus territorios durante la primera semana de septiembre, el Distrito Capital anunció la suspensión de los apoyos económicos para aquellas familias indígenas que decidan permanecer en la ciudad fuera de los procesos institucionales de retorno, integración o reubicación.
De acuerdo con la administración distrital, más de 1.400 personas emberá retornaron de manera voluntaria y segura a sus lugares de origen, ubicados en municipios como Pueblo Rico (Risaralda) y Bagadó (Chocó), gracias a una operación coordinada que priorizó la protección de derechos y la dignidad de los integrantes de esta comunidad.
En las primeras semanas de septiembre, la Alcaldía de Bogotá destinó más de $1.800 millones en transferencias monetarias para más de 780 familias emberá beneficiarias, siempre y cuando participaran activamente en alguno de los procesos institucionales existentes.
El origen de esta medida respondía a un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, entidad que ordenó la evacuación urgente del predio conocido como La Rioja debido a las condiciones de insalubridad ambiental y riesgo estructural detectadas durante la verificación de bomberos oficiales.
En ese inmueble se encontraron graves deficiencias de salubridad, deterioro de la infraestructura, humedad, filtraciones y el uso inadecuado del espacio, además del hallazgo de 13 cilindros de gas de 40 libras, una de 20 libras, 14 cocinas activas y cableado en mal estado, factores que elevaban el riesgo de accidentes graves.
La Secretaría de Integración Social recopiló el listado de beneficiarios y advirtió que los apoyos económicos solo llegarán a quienes participen de los procesos de retorno, reubicación o integración local, excluyéndose expresamente a quienes permanezcan ocupando predios como La Rioja o La Florida sin voluntad manifiesta de ingreso a estos mecanismos institucionales.
Las transferencias provenientes del Ingreso Mínimo Garantizado, así como otras líneas de apoyo, estarán sujetas a verificación y únicamente serán asignadas a hogares identificados y comprometidos con los programas oficiales.
Según aclaró la administración, la oferta de ayudas económicas busca la focalización eficiente de recursos públicos para las familias más excluidas y vulnerables, protegiendo la transparencia y la integridad de la estrategia social del Distrito.
De ese modo, se busca evitar el uso de fondos en personas que no forman parte de un proceso institucional de tránsito hacia la sostenibilidad, integración definitiva o retorno a origen.
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