Así capturó la Interpol a uno de los estafadores más buscados en España: lo traicionó su novia colombiana

El presunto cerebro de la mayor estafa inmobiliaria cometida en Mallorca (región insular de España), Carlos García Roldán (conocido con el alias de Charly), negó ante la Audiencia Provincial de Balears todas las acusaciones de fraude y justificó su salida hacia Colombia asegurando: “Me fui por miedo, después de haber recibido amenazas de muerte”.

Según relató el propio acusado el lunes 22 de septiembre de 2025, “tenía que haber hecho una suspensión de pagos y nos hubiéramos ahorrado todo esto. No razonaba ni pensaba con coherencia”, en declaraciones recogidas por El País durante la cobertura de la segunda jornada del juicio.

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La Fiscalía sostiene que García Roldán y su socio, Michele Pilato, impulsaron una trama que habría defraudado hasta 3,3 millones de euros a más de 235 personas, la mayoría de ellos compradores que entregaron anticipos considerables en busca de una vivienda que nunca existió.

Como informaron medios locales, la organización utilizó empresas instrumentales como Mallorca Investment y Lujo Casa.

Las víctimas, muchas de ellas parejas jóvenes o familias en situación de vulnerabilidad, formalizaban contratos de reserva y realizaban transferencias hasta por noventa mil euros para adquirir un piso (apartamento) en promociones ficticias dispersas por la isla.

El proceso judicial se retomó con la declaración de García Roldán, quien defendió durante el interrogatorio que siempre comunicó a los compradores los riesgos de las operaciones inmobiliarias propuestas.

“A todos los reservantes les trasmití que el dinero de las reservas iría destinado a la compra de terrenos. Siempre he trabajado así y todas las promociones han sido exitosas. Si no hubiera habido una estampida de reservantes que pidieron la devolución de la señal, se hubiera podido hacer la promoción”, sostuvo ante las preguntas del fiscal anticorrupción, Juan Carrau, informó El Diario.

“Nunca se ocultó ninguna información a los clientes”, reiteró el acusado.

De acuerdo con las pesquisas expuestas por la Fiscalía, el dinero de los afectados alimentó una estructura de lujos y gastos excesivos para los miembros del entramado. Solo en un casino, García Roldán gastó 712.000 euros en 227 visitas mientras recibía fondos por las supuestas promociones.

Comidas en restaurantes exclusivos, la adquisición de coches de alta gama, pagos a servicios de compañía y noches en hoteles absorbieron parte de los 3,3 millones de euros presuntamente defraudados.

A medida que vencían los plazos de entrega y las viviendas no se materializaban, los compradores comenzaron a exigir respuestas.

Según narraron diversas víctimas ante el tribunal, las únicas respuestas recibidas eran excusas reiteradas. Fue entonces cuando, según la acusación, los principales responsables se deshicieron de los activos de las sociedades y organizaron la huida de García Roldán hacia Colombia. Su caída se dio en el municipio de Buga (Valle del Cauca).

Después, el hoy imputado fue extraditado de regreso a España para enfrentar el proceso judicial.

El relato de los afectados recogido por incluye voces anónimas que describen las consecuencias personales y económicas sufridas tras la estafa.

“Acababa de ser madre y tuve que empezar a ir al psiquiatra y a probar distintos psicofármacos por la ansiedad. Encadené sucesivas bajas hasta que me despidieron”, reconoció una de ellas ante la sala. En un comunicado conjunto, los perjudicados se refirieron a García Roldán como “un señor que no tuvo escrúpulos en llevarse el dinero de familias con hijos, de recientes divorciados y jubilados”.

Durante la audiencia, García Roldán admitió que utilizó imágenes de promociones ajenas o extraídas de Internet para publicitar viviendas, justificando su uso por la dificultad de transmitirle al cliente una idea clara de la vivienda solo a través de planos.

“El arquitecto te da cuatro rayas y el comprador no puede hacerse una idea, por eso utilizamos renders”, declaró el acusado, según el registro el diario español, y negó en todo momento haber usado dinero de las reservas para fines personales o haber realizado transferencias entre cuentas con mala fe.

La Fiscalía resaltó el uso sistemático de empresas pantalla para ocultar la identidad y papel de los principales responsables. A través de Lujo Casa, Mallorca Investment y otras sociedades, la organización aparentaba solvencia y experiencia, convenciendo a potenciales compradores para entregar grandes sumas de dinero por viviendas inexistentes.

Según los investigadores, los fondos de al menos 32 proyectos inmobiliarios ficticios finalizaron en las cuentas de la trama.

El Ministerio Público pidió para Carlos García Roldán una condena de 16 años de prisión y una multa de 446.000 euros, y para Michele Pilato, 10 años de cárcel.

El caso ha revitalizado el debate sobre la desprotección legal de quienes compran viviendas sobre plano, puesto que la derogación de la Ley 57/1968 eliminó parte de las garantías para los compradores.

Tras la derogación, varios afectados alegan que quedaron “desamparados ante la ley”, pues la normativa actual obliga al promotor a devolver el dinero anticipado solo cuando se obtenga la licencia de obra, además de imponer un plazo de prescripción de solo dos años para reclamar judicialmente.