Padre de la patrullera que murió tras haber sido empujada de un edificio por su expareja en Barranquilla, denunció amenazas de muerte

El 28 de abril, María Alejandra Guerrero, patrullera de la Policía Nacional, de 23 años, murió tras caer desde el quinto piso del complejo residencial Vipa Azul, en el sector Caribe Verde de Barranquilla.

En ese momento, estaba acompañada por el subintendente Andrés Alfonso Castro Gómez, quien afirmó a las autoridades que ambos se encontraban juntos en el apartamento al momento del incidente.

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Desde el inicio del caso, la familia de María Alejandra Guerrero rechazó la posibilidad de un suicidio y mantuvo que la joven fue víctima de feminicidio. Tal y como ha informado Infobae Colombia a lo largo del proceso judicial.

Por todo lo anterior, y debido a una nueva revelación en la investigación que respalda esa versión, el abogado de la familia, John Faber Buitrago, señaló en conversación con Caracol Radio que el informe pericial concluye que la muerte de la patrullera se produjo por una “fuerza externa”.

El padre de la joven, José Guerrero, exigió a la Fiscalía General de la Nación una reacción inmediata luego de conocerse los recientes hallazgos de Medicina Legal.

“La situación es complicada porque me tocó salir de Barranquilla, por hacerle seguimiento a la extraña muerte de mi hija, y luego estando en La Guajira me tocó también salir de allá, por una serie de amenazas y seguimiento que me están haciendo unos desconocidos”, indicó Guerrero a La FM.

Al mismo medio le contó: "Se ha solicitado que se investigue la alteración y la eliminación de elementos del material probatorio. Es decir, eso es algo que hemos solicitado a la Fiscalía General de la Nación, que adelante dicha investigación de manera simultánea".

“María Alejandra no tenía ningún motivo para acabar con su vida”, afirmó en diálogo con la misma cadena radial Guerrero, describiendo a su hija como una persona con proyectos definidos y metas claras.

“Era una joven muy llena de vida, con metas y propósitos. Estaba enfocada en sus estudios”, aseguró, y recalcó que desde el comienzo la familia descartó la hipótesis del suicidio.

Durante la investigación, Guerrero confirmó que al consultar con Medicina Legal y personal del CTI, comprendió la magnitud de los hechos.

Además, el progenitor de la joven resaltó que varios vecinos señalaron haber escuchado una riña y gritos de auxilio momentos antes de la caída. “Al conocer los hechos y lo que realmente había ocurrido, llegamos de inmediato a la conclusión de que se trataba de un feminicidio”, comentó Guerrero.

“Supimos que, antes del hecho, algunos vecinos alertaron sobre una riña en el lugar. Se escuchaban gritos pidiendo auxilio”, precisó en su relato a la emisora.

El padre de la patrullera denunció demoras en la actuación de la Fiscalía y de Medicina Legal, y resaltó que el uniformado implicado en el caso permanece libre y en servicio activo.

“Él actualmente está trabajando. Ha habido negligencia en ese aspecto, porque con todo el material probatorio que ya tienen en sus manos, ya deberían haber tomado una decisión. Aún no se ha pronunciado”, advirtió Guerrero.

Sumado a todo lo anterior, el padre de la víctima añadió que Medicina Legal entregó únicamente un dictamen preliminar tras tres meses, sin presentar todavía el informe forense final: “Supongo que eso es lo que la Fiscalía está esperando para poder actuar”, afirmó Guerrero.

Sobre las características de la muerte, el padre expuso: “Ella fue lanzada, no iba a tomar esa decisión. Ya tenía los signos de violencia. Medicina Legal claramente lo dice: presenta orificio de entrada y salida, pero no es de arma de fuego, sino cortopunzante. También presenta laceraciones en el brazo y la muñeca, evidencias de maltrato físico, y eso fue antes de la caída”.

La familia solicitó que la investigación avance como un caso de feminicidio y que la Fiscalía General de la Nación impute cargos al subintendente Castro Gómez.

“La Fiscalía ya tiene suficiente material probatorio para que hubiesen tomado una decisión y aperturado la investigación penal por feminicidio en contra del señor subintendente. No sé qué esperan. Ahí están las pruebas, están las evidencias, y la Fiscalía hasta el momento no ha hecho nada”, reclamó el padre de la patrullera.

Actualmente, José Guerrero se encuentra en Bogotá buscando respaldo institucional. Indicó que ha acudido a la Procuraduría, el Ministerio de Igualdad, el Ministerio del Interior y entes de Derechos Humanos para solicitar vigilancia sobre el proceso. Insistió en que no dejará que el caso de su hija quede sin justicia.