El nombre de Sandra Liliana Mesa Agudelo se hizo conocido en las últimas 24 horas, después de que se conociera la denuncia de presiones internas en la Fiscalía en torno al proceso contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente.
En el epicentro se encuentra la fiscal Lucy Laborde, quien afirma que la defensa de Petro fue informada con antelación sobre la designación de una fiscal de apoyo, pese a que ella —como responsable del caso— no había solicitado refuerzos ni fue notificada oficialmente.
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La misiva enviada por Laborde a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y al vicefiscal, Gilberto Guerrero, detalla cómo recibió una convocatoria imprevista a una reunión con la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Dirección contra la Corrupción.
Laborde apunta directamente a Sandra Liliana Mesa Agudelo, actual directora de Lavado de Activos, por actuaciones supuestamente ajenas a la legalidad.
Entre otras acciones, la fiscal Laborde señala que Mesa habría atendido derechos de petición directamente de la defensa de Nicolás Petro, quienes otra vez solicitaron postergar la fecha de audiencia sin que la titular —Laborde— fuera informada.
“Esta solicitud no fue comunicada al despacho, es decir, que la Fiscal titular no tuvo conocimiento de esta petición”, denunció Laborde en su comunicación, agregando que la petición fue remitida a la fiscal de apoyo designada en septiembre de 2025, quien tampoco notificó a la titular.
La hoja de vida de Mesa Agudelo muestra una extensa carrera de más de 30 años en la Fiscalía General de la Nación.
Egresada de la Universidad de Medellín y con especialización en Derecho Civil y Responsabilidad del Estado por la Universidad Autónoma Latinoamericana, inició como técnica judicial en 1994 y luego ocupó cargos en áreas como patrimonio económico, delitos de estafa y extorsión.
Su experiencia en la investigación de lavado de activos la llevó a trabajar con entidades internacionales como el IRS estadounidense, además de desempeñarse como formadora en investigaciones de delitos cibernéticos y criptoactivos.
No obstante, la carta de Laborde cuestiona el alcance de las funciones de la dirección que lidera Mesa, insistiendo en que la responsabilidad sobre la investigación recae exclusivamente en el fiscal a cargo.
Según Laborde, allí le pidieron entregar información confidencial sobre la investigación que lidera, práctica que considera irregular. “Se me solicitó intempestivamente manifestara los hechos que se investigan”, escribió Laborde en la carta, afirmando que la cita se realizó sin aviso y carecía de detalles previos.
El surgimiento de estas fricciones internas coincide con un contexto de fuertes críticas contra la gestión de la fiscal general Camargo, debido a supuestas faltas de dirección institucional y prolongadas ausencias del cargo.
Por el momento, Camargo no ha emitido respuesta pública a las acusaciones. El caso contra Nicolás Petro, que abarca cargos por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y ahora tráfico de influencias, pone a prueba el principio de independencia de la Fiscalía frente a presiones de índole política, y evidencia fisuras en el manejo interno de los procesos judiciales de alto perfil.
Entretanto, la polémica adquirió nuevas dimensiones cuando el presidente Gustavo Petro optó por hablar sobre la carta, acusando a la fiscal Lucy Laborde de falta de autonomía y de filtrar información reservada a la oposición.
“Dije que no hablaría sobre el caso de mi hijo, pero no puedo callar cuando veo que una fiscal del caso ha convertido el proceso en un festín de la oposición. Quieren cárcel para mi hijo, así sus conductas no se ajusten a los delitos que se le imputan, quieren vengarse con mi hijo del carcelazo y condena de Uribe. Quieren condenarlo porque desean condenarme”, comentó el mandatario en su cuenta de X.
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