Defensa de Nicolás Petro se pronunció tras denuncias de la fiscal Lucy Laborde: “No hay presión indebida”

Alejandro Carranza, abogado de Nicolás Petro, respondió a las acusaciones de la fiscal Lucy Laborde, dirigida a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, en la que señala posibles episodios de hostigamiento e intromisión en el proceso en contra de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro.

En primera instancia, el litigante aseguró que la funcionaria no tendría por qué señalar presiones, porque ella es la que ha incurrido en la falta al debido proceso.

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“Ahí hay tres preguntas que voy a responderle. La primera es que no tiene ninguna presión indebida. Aquí la presión la ha generado ella por no utilizar el conducto regular que como fiscal le corresponde, filtrar información privilegiada y con reserva para ayudar a que la señora Victoria Eugenia Dávila haga campaña política.

Un segundo punto que trató fue el de todo el material probatorio que se ha entregado por la defensa y la manera en la que se ha estado manejando.

“Lo segundo es que ahí, en las evidencias que les he entregado a ustedes, tienen la prueba de que la propia directora de lavado de activos, la semana pasada, me contestó diciéndome que cualquier duda, cualquier inconveniente, cualquier tema relacionado con esa supuesta imputación que ella quiere hacer, tiene que ser dirimida por la fiscal del caso. Y que todos temas disciplinarios, cualquier observación respecto a la conducta de la fiscal Lucy Laborde, tiene que ser atendida”.

El nombramiento de María Isabel Ramírez Meléndez como fiscal de apoyo y la realización de reuniones internas inesperadas han trastocado la serenidad en la Fiscalía General de Colombia, generando dudas en torno a la autonomía de la investigación sobre Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente colombiano.

Estos movimientos administrativos, ejecutados sin solicitud del despacho de la fiscal titular, han llevado a Lucy Marcela Laborde a advertir que tales decisiones “carecen de sustento legal y administrativo”, según consta en la carta dirigida a la fiscal general Luz Adriana Camargo.

La misiva recorre las recientes decisiones que, según Laborde, siembran incertidumbre sobre la transparencia de uno de los procesos penales más visibles del país. Entre ellas, destaca la resolución No. 33 del 8 de septiembre de 2025 que formalizó la asignación de Ramírez Meléndez. Laborde remarcó que la justificación esgrimida oficialmente —la supuesta alta carga laboral y la necesidad de darle celeridad al caso— no se corresponde con la realidad operacional de su despacho, que según sostiene, nunca solicitó apoyos ni enfrenta una sobrecarga de trabajo.

Como responsable de la investigación contra Petro Burgos desde hace más de un año, Laborde enfatizó en la carta que ha gestionado el caso de forma íntegra y sin dilaciones, recalcando que la Fiscalía no ha pedido aplazamientos dentro del proceso. Por el contrario, la defensa ha solicitado hasta diez aplazamientos, cifra que la fiscal considera especialmente relevante para el debate sobre la eficiencia procesal y la percepción pública.

En el documento, Laborde también expresó su preocupación por las reuniones sorpresivas que han sido convocadas por organismos como la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Dirección Contra la Corrupción.

La fiscal señaló que el encuentro celebrado el 18 de septiembre se organizó sin advertencia previa sobre su propósito y que durante el mismo le exigieron una exposición de detalles de la investigación además de posibles conexiones con distintas entidades, incluidas organizaciones como la Fundación Conciencia Social Fucoso.

Estas reuniones, desde la perspectiva de Laborde, representan un riesgo para la imparcialidad del proceso. “Las reuniones convocadas por otras dependencias en relación con este proceso generan incertidumbre respecto a la imparcialidad y transparencia de la investigación”, advierte en el texto remitido a la fiscal Camargo.

Además de estos señalamientos, la fiscal manifestó inquietud respecto al manejo de las solicitudes de la defensa. Denunció que las peticiones de la contraparte no fueron remitidas a su despacho de manera oportuna, lo que podría afectar los derechos fundamentales de contradicción y defensa. “No se trasladó de manera oportuna a este despacho la solicitud presentada por la defensa, circunstancia que puede interpretarse como una vulneración a los derechos de contradicción y defensa”, puntualiza Laborde en la carta.

En su argumentación, la fiscal reivindica la experiencia acumulada durante más de veinte años en la Fiscalía General de la Nación, tanto en investigaciones de alto impacto a nivel nacional e internacional, como en la gestión de recursos humanos y materiales, afirmando que dispone de todo lo necesario para liderar el proceso sin apoyos adicionales.

Un elemento que eleva la tensión es lo que la fiscal considera un timing sospechoso en la designación de la fiscal de apoyo, que ocurrió justo después de haber solicitado la audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos, etapa que —en palabras de Laborde— ya no necesitaba un refuerzo.

Finalmente, en el cierre de su misiva —cuyos extractos han circulado a través de diferentes canales sociales— Laborde solicita transparencia sobre las razones y el alcance de la designación de la fiscal de apoyo, así como el fundamento de las reuniones internas previas a la audiencia de imputación. Además, pidió medidas claras para respaldar su autonomía, al subrayar la necesidad de respetar la independencia funcional del fiscal natural frente a eventuales arbitrariedades derivadas del principio de unidad de gestión.