La reactivación de la figura de gestores de paz para 16 ex jefes paramilitares generó una intensa controversia en Colombia, al colocar nuevamente en el centro del debate nacional a figuras como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo “Jorge 40″ y Diego Fernando Murillo Bejarano “Don Berna”.
La decisión, formalizada mediante la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025 y firmada por el presidente Gustavo Petro, establece que estos antiguos líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desempeñarán funciones de intermediación y construcción de paz hasta el 6 de agosto de 2026.
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El Gobierno nacional, encabezado por Petro, argumentó que la medida responde a la necesidad de consolidar un balance integral del proceso de paz derivado de la Ley 975 de 2005, que reguló la reincorporación de miembros de grupos armados y garantizó los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición.
La resolución también dispone la creación de un Comité Técnico para el Cierre de la Mesa Técnica de Diálogo Social con exintegrantes de las AUC, con el objetivo de dar un cierre definitivo al proceso de desmovilización iniciado hace más de dos décadas.
Entre los designados figuran, además de “Mancuso”, “Jorge 40″ y “Don Berna”, otros antiguos comandantes como:
- Héctor José Buitrago Rodríguez
- Ramiro Vanoy Murillo
- Hernán Giraldo Serna
- Luis Eduardo Cifuentes Galindo
- Manuel de Jesús Pirabán
- Juan Francisco Prada Márquez
- José Baldomero Linares Moreno
- Carlos Mario Jiménez Naranjo, “Macaco”
- Rodrigo Pérez Alzate
- Fredy Rendón Herrera, “El Alemán”
- Edward Cobos Téllez
- Arnubio Triana Mahecha
- Héctor Germán Buitrago Parada
Muchos de estos exjefes ya habían sido condenados en el marco de la Ley de Justicia y Paz, que les otorgó beneficios a cambio de confesiones, reparaciones y penas reducidas.
La designación, de carácter temporal y excepcional, no modifica la situación jurídica de los ex jefes paramilitares ni concede beneficios judiciales o de libertad. Cada uno de los seleccionados deberá suscribir un plan de trabajo específico, acordado con el Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Presidencia y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Además, están obligados a firmar un acta de compromiso que los vincula a comparecer ante la justicia cuando sean citados, asistir a las sesiones del comité y presentar informes periódicos sobre su gestión.
El documento oficial señala que su participación busca que “contribuyan con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición, estructuración de procesos de paz y estrategias de acercamientos con actores armados ilegales”.
La medida se produce tras un periodo de distanciamiento, ya que estos 16 exparamilitares habían renunciado previamente a su rol de gestores de paz por desacuerdos con el alto comisionado para la paz, Otty Patiño. No obstante, tras nuevos acercamientos, se alcanzó un acuerdo que permite su reincorporación como intermediarios entre el Gobierno y los grupos armados.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió la decisión al afirmar que el objetivo es que los ex jefes paramilitares “reconstruyan el tejido social, reparen, digan la verdad y construyan una verdad judicial”.
Benedetti añadió que quienes critican la resolución “le tienen miedo a la verdad o son cómplices de todo lo que ha pasado en este desastre de país”.
La Resolución 327 establece que el Gobierno se compromete a intervenir ante “las autoridades nacionales o extranjeras”, garantizando la movilidad y, en caso de ser necesario, la libertad de los gestores para el cumplimiento de sus funciones.
El plazo de designación se extiende hasta el 6 de agosto de 2026, durante el cual las actividades de los exparamilitares se desarrollarán bajo condiciones excepcionales, temporales y territoriales definidas en los respectivos planes de trabajo.
La decisión reavivó el debate sobre la legitimidad moral y jurídica de otorgar protagonismo a quienes fueron responsables de masacres, desplazamientos forzados, desapariciones y violaciones de derechos humanos.
El presidente Petro sostiene que la figura de “gestores de paz” no implica un indulto automático, sino que busca que actores con poder territorial y experiencia en los procesos de guerra contribuyan a la Paz Total”, la principal apuesta de su administración.
Según explicó el mandatario, la designación pretende reiniciar el denominado Pacto de Ralito, iniciado durante el gobierno de Álvaro Uribe, pero que, en palabras de Petro, aún no ha concluido y mantiene verdades y compromisos pendientes.
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