Ministro de Defensa rechazó asonadas en Huila y Meta y anunció recompensa de $100 millones por responsables

El ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez Suárez, condenó los recientes hechos ocurridos en zonas rurales de La Plata (Huila) y La Macarena (Meta), donde grupos de civiles, presionados por disidencias de las Farc, realizaron asonadas contra tropas del Ejército Nacional que adelantaban labores de control territorial y operaciones judiciales.

Según explicó el alto funcionario, las disidencias de alias “Iván Mordisco” y alias Calarcá habrían instrumentalizado a campesinos, mujeres y menores de edad para obstaculizar el avance de las Fuerzas Militares. Esta práctica, que el ministro calificó como “delito grave”, constituye el uso de la población civil como escudos humanos y expone a las comunidades a nuevas violencias, entre ellas el reclutamiento forzado.

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El primer incidente se registró el sábado en una vereda del municipio de La Plata, Huila, donde cerca de 500 personas impidieron el avance de las tropas, obligando a uniformados a subirse en vehículos particulares. Incluso, según el ministro, algunos de ellos permanecieron retenidos en contra de su voluntad.

“Esto ocurrió este fin de semana, en el área de Belén, municipio de La Plata, cuando personas interrumpieron una misión constitucional. Sabemos que dentro de esas personas hay integrantes de esta estructura criminal”, afirmó Sánchez.

Horas después, en la zona rural de La Macarena, Meta, soldados del Ejército adelantaban un operativo para detener a Oliver Lozano Serna, conocido con el alias de ‘Chimbo de Oro’. En medio de la captura, pobladores forcejearon con los uniformados hasta facilitar la huida del señalado disidente.

El ministro Sánchez denunció que estos hechos evidencian la estrategia de las disidencias para “forzar a las comunidades a cometer delitos” y frenar los avances militares.

“Los criminales del cartel de alias Mordisco siguen violando el derecho internacional humanitario, cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad, al atacar sistemáticamente a la población civil para que nuestras comunidades interrumpan la función constitucional de la Fuerza Pública”, advirtió.

El funcionario también calificó como “cobarde y desesperada” la estrategia de los grupos ilegales, asegurando que su incapacidad para enfrentar directamente a la Fuerza Pública los lleva a escudarse detrás de mujeres y niños.

“La conclusión es una: además de criminales, son cobardes”, puntualizó.

Ante la gravedad de la situación, el Ministerio de Defensa anunció que interpondrá denuncias formales ante las autoridades competentes contra los responsables de las asonadas y bloqueos al Ejército.

De igual forma, el ministro Sánchez informó que el Gobierno ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita ubicar a cabecillas disidentes identificados como alias Popoche y alias Pinzas, señalados de estar detrás de estas acciones.

“Detrás de estos crímenes están alias Popoche y alias Pinzas. Les pedimos que denuncien. Hay una recompensa de hasta 100 millones de pesos por llevar a la justicia a quienes están detrás de estos crímenes”, recalcó.

La ciudadanía puede entregar información con absoluta reserva a través de las líneas gratuitas 107, 147, 157 y 165, dispuestas para denunciar actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión, desplazamiento forzado, homicidios y reclutamiento de menores.

En un mensaje dirigido a la nación, el jefe de la cartera de Defensa insistió en la importancia de la colaboración ciudadana en los territorios afectados por la violencia.

“Nuestra Fuerza Pública seguirá avanzando para proteger a nuestras comunidades, a las que mandamos un abrazo muy grande. Estamos para protegerlas, pero también los invitamos a reflexionar: cuando le cierran las puertas a la Fuerza Pública, se las abren al crimen, a la violencia, al reclutamiento forzado, a la sangre, el dolor y las lágrimas en los territorios”, manifestó Sánchez.

El ministro reiteró que el trabajo conjunto entre Fuerza Pública y ciudadanía es esencial para debilitar a los grupos ilegales y proteger la vida de las comunidades.

Los departamentos de Huila y Meta han sido históricamente escenarios de confrontación entre la Fuerza Pública y las disidencias de las Farc, que buscan controlar rutas del narcotráfico y economías ilegales. En estos territorios, los grupos armados han recurrido a la intimidación y a la presión social como estrategia para obstaculizar operaciones militares.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha reiterado su compromiso de mantener la presencia militar en la zona, pero también ha resaltado que la solución a largo plazo requiere el fortalecimiento de la confianza entre las comunidades y el Estado.

“La única salida es cerrar filas contra los grupos criminales, denunciar sus actos y trabajar unidos por la seguridad en el territorio”, concluyó el ministro de Defensa.