La situación de derechos humanos en Venezuela volvió a ocupar la atención internacional tras la presentación del más reciente informe de la Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU, que advirtió sobre la continuidad de la persecución política bajo el gobierno de Nicolás Maduro.
El informe presentado esta semana en Ginebra, afirma que persiste “el crimen de persecución por razones políticas” en el escenario venezolano y que no existe ninguna autoridad nacional capaz de prevenir ni sancionar graves violaciones de derechos humanos, por lo que la comunidad internacional se mantiene como única esperanza de justicia para las víctimas.
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En este contexto, el líder opositor Leopoldo López intervino ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y expuso su diagnóstico sobre la crisis en el país.
A juicio de López, la problemática institucional venezolana debe entenderse como dominada por el crimen organizado, según relató en entrevista con Blu Radio.
López declaró que “es como si Pablo Escobar se hubiese adueñado del Estado en Colombia, es lo que ha ocurrido en Venezuela”, haciendo énfasis en que la estructura liderada por Maduro actúa con patrones comparables a los de un cartel criminal.
Durante la entrevista al medio citado, López remarcó que el régimen venezolano está encabezado por Nicolás Maduro, a quien definió como la “cabeza de una estructura narcotraficante”.
Sostuvo que el aparato estatal se ha visto involucrado en narcotráfico, extracción ilegal de oro, contrabando, corrupción masiva y múltiples actividades ilícitas, impactando a todos los niveles gubernamentales y empresariales.
López consideró que el verdadero problema ha dejado de ser solo económico o político, señalando la captura del Estado por organizaciones criminales.
El informe de la ONU entregó nueva evidencia sobre represión política, particularmente después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, y ratificó que quienes defienden derechos humanos continúan enfrentando amenazas en 2025.
López, quien estuvo más de tres años encarcelado, evaluó que “armar civiles y milicias” es una señal de vulnerabilidad de la administración Maduro y un intento de reforzar el control en respuesta a presiones externas.
Para finalizar, el opositor afirmó también que muchos militares venezolanos han desertado o permanecerían ajenos a las órdenes de la cúpula en caso de tener oportunidad.
La comunidad internacional, añadió, sigue atenta ante las denuncias que describen a Venezuela como un territorio donde el poder estatal opera bajo esquemas propios de organizaciones criminales.
Informe de la ONU sobre la represión y los crímenes de lesa humanidad en Venezuela
El informe más reciente de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU presentó pruebas sobre una política sistemática de represión estatal implementada en Venezuela entre julio de 2024 y agosto de 2025.
El documento señala que las autoridades venezolanas habrían incurrido en crímenes de lesa humanidad al ejecutar prácticas como asesinatos durante protestas, muertes bajo custodia estatal, detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y violencia sexual.
De acuerdo con el informe, la represión estatal se agravó tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, y desde entonces se intensificaron actos dirigidos a aniquilar a opositores reales o percibidos.
“La represión desatada a partir del 29 de julio de 2024 es una continuación exacerbada del plan de aniquilamiento de personas opositoras o percibidas como tales, que se ha traducido en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y de crímenes internacionales, constituyendo el crimen de lesa humanidad de persecución por razones políticas”, dice un fragmento del informe.
La responsabilidad de estos actos, recae en el régimen venezolano y sus fuerzas de seguridad: Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Las víctimas incluyeron a opositores, activistas, periodistas, familiares, menores y extranjeros.
El informe documenta más de 2.200 detenciones arbitrarias, muchas registradas en contextos clave como la toma de posesión de enero de 2025 y las elecciones regionales y parlamentarias de mayo. Estas detenciones, advierte la misión, se dieron tanto en manifestaciones como en operativos selectivos contra críticos y familias de opositores.
Por último, el documento señaló patrones de detenciones violentas, irrupciones armadas sin orden judicial y traslados en vehículos no identificados. El uso arbitrario de las leyes antiterrorista y contra el odio representó una herramienta para criminalizar la disidencia.
La misión registró al menos 30 muertes atribuidas a la represión estatal, con 25 durante protestas y 5 bajo custodia, además de señalar la falta de investigaciones independientes y amenazas contra quienes intentaron denunciar los hechos.
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