La Corte Suprema de Justicia de Colombia mantiene bajo investigación al representante a la Cámara David Racero por presunto uso indebido de recursos públicos, según reveló el periodista Daniel Coronell en reciente columna para Los Danieles, la cual se titula El mercado regalado.
El caso involucra transferencias y depósitos realizados por miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a cuentas personales y de familiares, así como pagos de compras personales durante la pandemia.
Esta situación ha puesto en el centro del debate la transparencia en el manejo de fondos públicos y la respuesta institucional ante posibles actos de corrupción en Colombia.
De acuerdo con la información obtenida por Coronell, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema cuenta con pruebas documentales que detallan una serie de movimientos financieros entre 2018 y 2020. Entre estos, destaca un depósito de 5.320.000 pesos realizado el 24 de diciembre de 2018 desde la sucursal del BBVA en Puerto Carreño, Vichada, a la cuenta de David Racero. La operación fue ejecutada por Yidis Gahona, miembro de la UTL de Racero y oriundo de esa región. Gahona, junto con su esposa Estefanía Montoya —también integrante de la UTL—, figura entre los protagonistas de estas transacciones. Montoya intentó justificar los depósitos al congresista como “préstamos temporales”, según recogió Coronell
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La investigación judicial también incluye transferencias a otros familiares del congresista. El 29 de abril de 2019, Viviana Marcela Moreno, asesora de la UTL, transfirió 2.000.000 de pesos al hermano de Racero, Jorge Luis Racero. Nueve días después, Moreno depositó otros 2.000.000 de pesos en la cuenta de Mariana Hernández, quien era la compañera permanente de Racero en ese momento. Ese mismo día, el representante retiró 1.780.000 pesos desde un cajero en el Centro Comercial Mazurén, utilizando la cuenta de Hernández para recibir y extraer los fondos transferidos por su subalterna en el Congreso.
Los registros de la Cámara de Representantes muestran que Viviana Marcela Moreno percibía un salario de 9.937.392 pesos antes de deducciones, lo que implica que en menos de dos semanas entregó a familiares de Racero el equivalente a una quincena. Además, en diciembre de 2019, Moreno realizó una transferencia de 4.000.000 de pesos al padre del congresista, Jorge Eliécer Racero, en lo que los investigadores califican como un “aguinaldo” navideño.
El uso de fondos públicos para gastos personales se evidenció con mayor claridad durante la pandemia. Coronell documentó que, en 2020, Moreno efectuó pagos recurrentes para cubrir el mercado de la casa de Racero. El 1 de abril de ese año, Mieco Despensa recibió 1.913.184 pesos provenientes de la cuenta de Moreno para compras de alimentos destinadas al hogar del representante.
El 6 de mayo, la asesora pagó 162.180 pesos a Agrosolidaria, una tienda agrícola en Bogotá, y tres días después, Mieco Despensa recibió otro pago de 396.814 pesos. Existen al menos seis pagos adicionales realizados por Moreno a Agrosolidaria, todos respaldados por documentos en poder de la Corte Suprema.
El caso también arroja luz sobre los antecedentes de los implicados. Yidis Gahona, tras dejar su puesto en la UTL de Racero en medio de un escándalo por acoso sexual, fue contratado posteriormente en la Consejería Presidencial para las Regiones, bajo la dirección de Luz María Múnera, según detalló Coronell.
A pesar de que las denuncias contra Racero llevan un año en curso y la Corte Suprema avanza en la investigación, la Procuraduría no ha mostrado avances significativos y el partido Pacto Histórico, al que pertenece el congresista, no ha adoptado ninguna medida frente a las evidencias presentadas. Reporte Coronell (Los Danieles) subraya que, mientras tanto, Racero mantiene su aspiración de convertirse en senador el próximo año, sin que su colectividad haya respondido a los señalamientos en su contra.
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