Congreso de la República ya tiene fecha para definir el presupuesto de 2026 y la reforma tributaria del Gobierno Petro

El Congreso de la República se alista para un debate clave sobre el Presupuesto General de la Nación de 2026: las Comisiones Económicas de Cámara y Senado fueron citadas a una sesión conjunta el martes 23 de septiembre, donde se discutirá y votará en primer debate el proyecto del monto del PGN para el próximo año, que tiene la propuesta del Gobierno de $556,9 billones.

Uno de los puntos centrales del debate será la inclusión del proyecto reforma tributaria dentro del mismo proyecto de presupuesto. La iniciativa, que recaudaría $26,3 billones, podría implicar cambios en la estructura de ingresos del Estado y afectar tanto a ciudadanos como a empresas, según los ajustes que se aprueben en materia de impuestos y contribuciones.

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La sesión conjunta de las comisiones económicas terceras y cuartas del Senado y la Cámara de Representantes se hará en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, a partir de la 1:00 p. m. del martes 23 de septiembre. Está citado, entre otros, el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

El trámite de ambas iniciativas llega con todo tipo de críticas. Por ejemplo, el senador Enrique Cabrales, presidente de la Comisión Cuarta de la corporación, en la que insistió en que se debe hacer un debate responsable y técnico.

“El Gobierno pretende imponer el presupuesto por decreto, pero desde la bancada del Centro Democrático discutimos con argumentos. El monto presentado compromete la sostenibilidad fiscal y depende de una reforma tributaria nefasta. No voy a permitir que el presidente Petro haga lo que quiera con los recursos de los colombianos”, afirmó el congresista en su momento.

Alertó que el proyecto del Gobierno incluye artículos que representan graves riesgos fiscales y políticos para la Nación, entre los más preocupantes:

• Artículo 8 (TES Clase B): amplía el endeudamiento sin tocar el techo de deuda,, generando “deuda escondida”.
• Artículo 10 (Transferencia temporal de valores): permite mover recursos de caja sin autorización legislativa.
• Artículo 19 (Redistribución de partidas): le da al Ejecutivo facultades para reasignar recursos como disponga.
• Artículos 42 y 95 (Fonpet y Fomag): trasladan recursos territoriales para cubrir pasivos pensionales.
• Artículo 88 (Vigencias futuras en transporte): pone en riesgo proyectos estratégicos de infraestructura, genera incertidumbre en la inversión y problemas jurídicos por derechos adquiridos.
• Artículo 95 (Reintegro SGP al Fonpet): resta recursos inmediatos a educación y salud en municipios y departamentos.

Ante esto, el senador Cabrales enfatizó que estas disposiciones, en la práctica, implican más deuda escondida, menos recursos para hospitales y escuelas, retraso en carreteras y obras de infraestructura, y lo más grave, un intento de debilitar el control del Congreso para que el Gobierno decida solo cómo gastar el dinero público.

Por su parte, el 19 de septiembre se conoció un análisis de la Universidad EIA denominado “Proyecto de reforma tributaria de 2025: Impacto sobre la población y las empresas”. El mismo advierte que la iniciativa podría elevar la carga fiscal de las empresas colombianas hasta situarla entre las más altas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), con una tasa de tributación socio-empresa que alcanzaría el 70,5%. El incremento, según el informe, tendría consecuencias directas sobre la inversión privada, la competitividad y la atractividad del país para el capital extranjero.

El reporte, elaborado por el centro de pensamiento de la institución, examina los principales componentes del proyecto presentado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, que defendió la propuesta como un paso hacia un pacto fiscal orientado a garantizar la estabilidad macroeconómica para la próxima administración. Sin embargo, la Universidad EIA sostiene que la reforma no responde a la realidad socioeconómica del país y que sus efectos distan de favorecer a los sectores más vulnerables, como dijo el presidente de la República, Gustavo Petro.

Y es que uno de los puntos más controvertidos es el aumento del IVA a la gasolina y al ACPM (diésel), que, de acuerdo con cifras de la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (Comce), podría traducirse en un alza de $2.012 por galón de gasolina y $1.295 por galón de ACPM en el escenario más extremo de la primera versión del proyecto.

La medida impactaría de manera directa a los casi 13 millones de motociclistas registrados en el país, según datos del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), que en su mayoría pertenecen a los estratos de menores ingresos, en contraste con la afirmación presidencial de que “casi nunca usan gasolina”.

El informe también destaca el efecto del impuesto a los licores, que en su versión inicial contemplaba un incremento de entre el 5% y el 19%, aunque posteriormente se moderó. No obstante, César Cermeño, director de la maestría en Tributación de la Universidad de los Andes, estima que la aplicación de este gravamen podría elevar el precio de una lata de cerveza hasta en un 66%.

En el ámbito del consumo cultural y de entretenimiento, la imposición del IVA a los eventos de esparcimiento, culturales y deportivos podría encarecer las entradas hasta en un 30%, según Gabriel García, CEO de Páramo Presenta. A esto se suma la propuesta de gravar con un IVA del 19% las compras en plataformas extranjeras de comercio electrónico, actualmente exentas para importaciones menores de USD200 ($800.000) bajo la cláusula “de minimis” acordada con Estados Unidos. Estas medidas, advierte la Universidad EIA, afectarían especialmente a los jóvenes y a amplios sectores de la población, al reducir su capacidad adquisitiva.