Caso Valeria Afanador: familia interpuso una tutela contra la Fiscalía por falta de acceso al expediente

La familia de Valeria Afanador Cárdenas, la niña de 10 años cuyo cuerpo fue hallado en el río Frío tras su desaparición en Cajicá, presentó una acción de tutela contra la Fiscalía General de la Nación por considerar que la entidad vulneró sus derechos fundamentales al negarles el acceso completo al expediente y a pruebas clave del caso.

Esta decisión marca un nuevo capítulo judicial en el proceso que investiga las circunstancias en las que falleció la menor, que tenía síndrome de Down y desapareció el 12 de agosto de 2025 mientras asistía al colegio Gimnasio Campestre Los Laureles.

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Según expuso la familia en su recurso legal, desde el 21 de agosto solicitaron formalmente a la Fiscalía el reconocimiento de sus derechos como víctimas, la personería de sus abogados, y la entrega de copias íntegras del expediente, incluidas órdenes de policía judicial, informes de campo, grabaciones, y citaciones a audiencias.

Además, pidieron la recolección completa de registros de cámaras entre el 7 y 13 de agosto, el análisis de dibujos realizados por compañeros de curso, objetos personales de la menor, así como la inclusión en la investigación del dueño de un predio colindante y de un vehículo con placas específicas registrado en la escena el día de la desaparición.

El informe también consigna que el plazo legal para responder a estas solicitudes venció el 11 de septiembre, sin que la familia recibiera una contestación satisfactoria. En respuesta, la Fiscalía 01 de Vida de Zipaquirá sostuvo que “los registros fílmicos se encuentran en proceso de extracción forense y sujetos a legalización”.

Este argumento fue calificado por los padres como evasivo y contrario a la obligación constitucional y legal de garantizar el acceso a la información y la participación activa de las víctimas.

La familia Afanador Cárdenas dejó constancia de que, pese a reiteradas mesas de trabajo con la entidad, no han tenido acceso real ni parcial al expediente, situación que, advirtieron, entorpece su derecho a ejercer control a través de peritos e investigadores privados contratados especialmente para el caso.

Destacaron que la entrega parcial de información y la falta de coordinación entre las diferentes delegaturas de la Fiscalía constituyen una forma de revictimización, ya que deben “padecer las consecuencias de la falta de coordinación interna”, según consta en el documento conocido por Noticias Caracol.

El fundamento jurídico de la tutela cita la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que protege el derecho de las víctimas a conocer la verdad sobre lo ocurrido y a participar desde las primeras etapas de un proceso penal.

La familia pidió al juez ordenar a la Fiscalía General de la Nación el acceso total al expediente, la entrega del material fílmico y la información de triangulación de antenas, además de respuestas claras y de fondo. La solicitud enfatiza la necesidad de investigar la posible responsabilidad de directivos del colegio y la eventual implicación de terceros.

El caso de Valeria Afanador volvió a la agenda pública tras su desaparición en las instalaciones del Gimnasio Campestre Los Laureles en Cajicá, el 12 de agosto. Testimonios indican que fue vista por última vez cerca de una zona deportiva y la búsqueda inició tarde, luego de notificar a la familia y autoridades casi tres horas después.

El cuerpo fue hallado el 29 de agosto, a unos 300 metros del colegio, en una zona que ya había sido inspeccionada por los equipos de búsqueda. El dictamen de Medicina Legal concluyó que la causa de muerte fue ahogamiento, sin signos de violencia.

La familia rechazó la hipótesis de que la niña abandonó el colegio por cuenta propia, y solicitó la imputación de cargos contra la rectora y profesores del plantel, señalando “profundas omisiones en el cuidado” que pudieron haber facilitado la tragedia.

El caso avanzó inicialmente bajo el delito de desaparición forzada, pero a partir del hallazgo del cuerpo, la Fiscalía de Vida de Zipaquirá asumió la investigación bajo la figura de homicidio.

Por lo anterior, la tutela pretende obtener “respuestas claras, eficaces y unificadas”. La familia subrayó que sus acciones no buscan interferir, sino complementar el proceso investigativo con la revisión de pruebas por parte de especialistas independientes, amparados en su condición de víctimas.

Una de las citas más resaltantes en la acción señala: “La Fiscalía General de la Nación ha incurrido en una vulneración grave de los derechos fundamentales de las víctimas, al omitir dar respuesta oportuna, clara y de fondo a las múltiples peticiones elevadas en el marco de las investigaciones”.

Pocos días después de radicar la tutela, la defensa de la familia informó que tras una reunión con la Fiscalía se acordó garantizar el acceso al expediente y permitir la copia de las actuaciones procesales, lo que podría motivar el retiro de la acción legal interpuesta.

El abogado Julián Quintana manifestó, por medio de un comunicado recogido por Noticias Caracol, que el equipo de investigadores familiares podrá revisar las pruebas y que esperan avances concretos en la próxima sesión de trabajo prevista para el 22 de octubre.

En ese encuentro la Fiscalía General de la Nación se comprometió a actualizar sobre las dos hipótesis que guían la indagación: la posible responsabilidad de funcionarios del colegio y la de un tercero no identificado en la escena del delito.