Asocapitales cuestionó al Gobierno Petro por proyecto de ley de competencias: “Es un retroceso”

El proceso de descentralización en Colombia avanza con la publicación del borrador de la ley de competencias, un documento que busca definir el marco normativo necesario para que la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) pueda entrar en vigor.

El texto fue puesto en conocimiento a inicios de septiembre de 2025, luego de que el Congreso colombiano aprobara una reforma al sistema mencionado en diciembre de 2024, la cual pretende otorgar mayor autonomía y recursos a los departamentos del país.

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Sin embargo, su implementación depende de la aprobación de la mencionada ley de competencias, cuyo trámite enfrenta retos significativos debido al calendario legislativo y la inminente renovación del Congreso en 2026.

Sumado a ello, varios sectores han cuestionado la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional, en cabeza del Departamento Nacional de Planeación (DNP), al considerar que no tuvo la retroalimentación de los sectores sociales del país.

Es el caso de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), que en un comunicado cuestionó el poco tiempo dispuesto para hacer un análisis minucioso del texto radicado en el legislativo, y aseveró que el documento no se contemplan medidas para fortalecer a las regiones del país.

“Una apuesta real por la descentralización y autonomía territorial requiere de una verdadera reforma que garantice los recursos suficientes para ejercer competencias que realmente estén bien delimitadas. Lo contrario significaría profundizar las desigualdades, debilitar aún más la capacidad de gestión local, y condenar a las capitales-donde se alberga la gran mayoría de colombianos- a asumir nuevas obligaciones sin respaldo financiero suficiente”, señaló la entidad en la misiva.

En el documento, la organización nacional reiteró que el trámite de esta iniciativa es inoportuno para el país, teniendo en cuenta que la nación está a vísperas de comenzar las campañas electorales de Congreso y Presidencia.

“Este anteproyecto de Ley fue preparado por el Gobierno Nacional, sin la participación activa de los entes territoriales, y solo hasta el 5 de septiembre conocimos el texto del articulado, sin exposición de motivos y con una extensión de 201 artículos. Tiempo limitado para poder tener un análisis decantado de tan importantes temas, como lo merece nuestra ciudadanía”, denunciaron.

En cuanto al articulado, Asocapitales aseveró que en el texto publicado no hay descripción explicita sobre la manera en la que se realizará una reforma integral al Estado.

“En el texto entregado no se denota una reforma integral del Estado, pues no se delimitan competencias claras entre la Nación y los entes territoriales, lo que genera vacíos que producen inseguridad jurídica y administrativa”, explicaron.

Uno de los ejemplos mencionados por la entidad es la falta de concreción de las competencias que asumen los Distritos del país, al considerar que esta condición solo lo tienen 11 distritos en Colombia, y de ellos siete son ciudades capitales.

“Aun cuando se derogan integralmente dos leyes trascendentales para el orden territorial (la Ley 715 de 2001 y la 1176 de 2007), no se establece cómo serán reemplazadas de manera efectiva, dejando a la deriva temas tan sensibles como el carcelario y la alimentación de personas privadas de la libertad - PPL, entre muchos otros”, precisaron.

También, cuestionaron que en el articulado “no se describe cómo se distribuirán los recursos para cubrir ni las actuales responsabilidades, ni las adicionales que tanto el Acto Legislativo 003 de 2024 como el mismo texto del Proyecto de Ley, imponen a las ciudades”.

Posteriormente, la organización criticó que el proyecto contempla mecanismos de coordinación que, para Asocapitales, “restringen y limitan la autonomía local, y burocratizan más la toma de decisiones que corresponden al territorio, como el Consejo Superior de Autonomía y Descentralización, liderado únicamente por entidades nacionales y ninguna representación territorial”.

Además, recalcaron que uno de los puntos resalta “futuras múltiples reglamentaciones” a decisiones esenciales que, según ellos, debería traer el articulado en cuestión. “Configurando una especie de “cheque en blanco” sin control ni garantías“, manifestaron.

“Se incluye una reforma que ya fue estudiada y decidida por el Congreso de la República, desconociendo los consensos democráticos previamente alcanzados”, agregaron.

Por último, Asocapitales hizo una invitación al Gobierno Petro para que se gestione una mesa de trabajo en la que se discutan sus modificaciones al texto en cuestión, antes de ser radicado en el legislativo.

“Advertimos que, si los espacios de discusión técnica con el Gobierno Nacional resultan insuficientes, y los elementos aquí señalados son trasladados al Congreso de la República sin ser resueltos, recurriremos a todos los mecanismos disponibles para incidir positivamente en una redacción que responda a las verdaderas necesidades de los territorios, las ciudades y su población”, concluyeron.

El plazo para la aprobación definitiva de la ley de competencias es de 24 meses a partir de la sanción de la reforma al SGP, lo que fija como fecha límite enero de 2027.

No obstante, el tiempo disponible se reduce debido a que resta menos de un año de la actual legislatura y en 2026 se instalará un nuevo Congreso, lo que podría complicar el avance del proyecto.