La Fiscalía General de la Nación reportó la captura y judicialización de cinco personas señaladas de integrar una red criminal dedicada al traslado ilegal de migrantes por el territorio colombiano.
El operativo se llevó a cabo tras una investigación que contó con el apoyo de agencias estadounidenses como ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, por sus siglas en inglés) y HSI (Homeland Security Investigations, o Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos).
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Según información oficial, los detenidos, identificados como Alejandra García Arboleda, José Alonso Jaramillo Estrella, Hernando Muñoz Patiño, Jorge Eliecer Álvarez y Héctor Fabio Chalarca Castrillón, afrontan cargos por tráfico de migrantes.
El caso fue presentado ante un juez de control de garantías de Medellín y la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. Ninguno de los procesados aceptó los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario.
El comunicado de la Fiscalía indicó que la red ilegal habría facilitado, en un periodo de poco más de dos años, el paso de al menos 114 migrantes provenientes de países como Pakistán, Nepal, Togo, Guinea, Senegal, Ghana, Congo, Camerún, Sierra Leona, Bangladesh, Haití, Cuba y República Dominicana.
Los ciudadanos ingresaban a Brasil y cruzaban vía fluvial hasta el departamento de Nariño, donde eran contactados por miembros del grupo investigado.
Posteriormente, “eran contactados por personas que harían parte del grupo ilegal, que les ofrecían el servicio de transporte terrestre hasta la región de Urabá. De esta manera, fueron trasladados 114 migrantes en dos años, en buses de turismo y de servicio público"; apuntó el reporte del ente de control.
La institución también informó que Álvarez y Chalarca Castrillón habrían sido responsables de conseguir los vehículos y coordinar las rutas, mientras que Muñoz Patiño y Jaramillo Estrella operaban como conductores intermunicipales y de servicio especial.
A García Arboleda se le atribuyó la planeación logística para impedir que los migrantes contactaran con terceros o descendieran de los buses durante los trayectos.
Las capturas se realizaron de manera conjunta entre la Fiscalía y la Dijin de la Policía Nacional, con operaciones en Medellín (Antioquia), Cali y Palmira (Valle del Cauca), lo que permitió identificar y poner a disposición judicial a los presuntos integrantes de esta organización.
Según la información oficial, la estructura desarticulada realizaba su actividad principalmente en el corredor entre Nariño y la región de Urabá, facilitando la movilidad clandestina de migrantes en situación irregular por el país.
Un fiscal especializado imputó el delito de tráfico de migrantes a los cinco procesados en el marco de la investigación, que continúa en desarrollo con cooperación de agencias internacionales.
Así está la migración ilegal en Colombia: el país ha sido clave en las nuevas rutas irregulares hacia Norteamérica
Un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), emitido en junio de 2025, reveló que un cambio drástico en las rutas migratorias que cruzan Colombia se está presentando.
Mientras el paso por el Darién —frontera con Panamá— registró una caída de 98% en el flujo de migrantes durante los primeros meses de 2025, la migración irregular en la frontera con Ecuador aumentó más de 47%, ubicando al sur del país como el principal corredor de tránsito irregular hacia Norteamérica.
De acuerdo con la FIP, este cambio responde a factores como el cierre de la frontera de Estados Unidos con México, la intensificación de controles en Panamá y variaciones recientes en las políticas migratorias regionales. Organizaciones criminales, entre ellas el Clan del Golfo y el Tren de Aragua, han adaptado sus operaciones, lo que hace más diverso el tráfico de migrantes y extiende su control hacia otros puntos fronterizos como Venezuela, Ecuador y el paso insular de San Andrés.
El análisis destacó que Colombia concentra rutas migratorias provenientes de varios continentes y se ha convertido en un punto de convergencia internacional, impulsado por factores económicos, de seguridad y la dificultad de acceso legal a Norte y Centroamérica.
Los flujos han sido aprovechados por una gama diversa de redes criminales, que no solo facilitan el paso irregular sino que desarrollan actividades como falsificación de documentos y corrupción de funcionarios, en distintas regiones del país.
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