El saldo disponible en la caja del Gobierno nacional se ubicó en $7,4 billones al cierre de agosto, una cifra que representa $26,7 billones menos que el promedio histórico para ese mes y que, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), evidencia una restricción de liquidez sin precedentes recientes.
Esta situación obliga al Ejecutivo a recurrir con mayor frecuencia a deuda de corto plazo y a operaciones financieras para mantener su funcionamiento.
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El más reciente informe de seguimiento fiscal del Carf advirtió que la situación de las finanzas públicas continúa siendo frágil, con un déficit fiscal que no solo no se estabiliza, sino que sigue deteriorándose.
Aunque las metas oficiales del Gobierno proyectan un déficit primario de 2,4% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2025, los datos acumulados hasta julio ya muestran un déficit primario de 1,4%, mientras que el déficit total alcanzó 4,3%.
El organismo subraya que, si bien el déficit primario aún se mantiene por debajo de la meta gubernamental, la tendencia resulta preocupante debido a que los ingresos no cumplen las expectativas oficiales y el gasto permanece muy por encima del promedio histórico.
En un contexto de menor crecimiento económico, esta combinación incrementa los riesgos para la sostenibilidad de las cuentas públicas y reduce el margen de maniobra de la política fiscal.
El análisis del Carf revela que el gasto primario acumulado a julio llegó a 11,8% del PIB, superando en 1,4 puntos el promedio registrado entre 2021 y 2024.
Para agosto, la cifra ascendió a 12,7% del PIB, lo que confirma una expansión significativa del gasto corriente y social. Aunque la ejecución de inversión aún presenta rezagos, la presión sobre las finanzas públicas proviene principalmente de los mayores compromisos en funcionamiento y transferencias, que crecen a un ritmo más acelerado que los ingresos.
La ejecución de las obligaciones del Presupuesto General de la Nación alcanzó 53,7% en julio, superando en 2,7 puntos porcentuales el nivel del mismo periodo de 2024. No obstante, el rezago en la inversión contrasta con la mayor dinámica del gasto corriente, lo que, a juicio del comité, afecta la calidad del ajuste fiscal.
El organismo insiste en que no basta con incrementar la ejecución presupuestal, sino que resulta imprescindible mejorar la composición del gasto para asegurar un impacto positivo en la productividad y el crecimiento.
El informe también pone el foco en la presión que ejercen la deuda y los pagos de intereses. En julio, los intereses representaron 31,4% de los ingresos tributarios, un nivel que supera el promedio histórico y que, según el Comité, reduce el espacio disponible para la inversión social y productiva.
En términos prácticos, casi un tercio de cada peso recaudado por impuestos se destina al pago de intereses, lo que limita de manera severa la capacidad del Estado para atender otras necesidades.
En cuanto a la deuda, la deuda bruta alcanzó 63% del PIB en julio, con un incremento mensual de 2,7%. Aunque la participación de la deuda externa en el total disminuyó hasta 31,3%, el nivel más bajo desde 2014, el endeudamiento interno ha ganado terreno, especialmente a través de instrumentos de corto plazo.
El Carf destaca que los Títulos de Corto Plazo (TCO) y pagarés ya constituyen 18% de la deuda interna, casi el doble del promedio de 10,7% observado desde 2021. Esta estrategia, si bien puede aliviar tensiones inmediatas de liquidez, incrementa la vulnerabilidad fiscal a mediano plazo, ya que obliga a renovar de manera constante una fracción cada vez mayor de la deuda.
El balance presentado por el Carf deja claro que el país enfrenta una situación fiscal delicada: el déficit permanece en niveles históricamente altos, el gasto primario crece por encima de los ingresos, la deuda aumenta con una proporción mayor en instrumentos de corto plazo y la caja disponible se encuentra en mínimos críticos.
Aunque las cifras actuales muestran que el Gobierno aún cumple la meta oficial de déficit primario, la tendencia estructural es negativa y la sostenibilidad de las finanzas públicas se ve amenazada.
El organismo concluye que, si no se corrigen estas dinámicas, el margen de acción fiscal continuará reduciéndose, lo que pondría en riesgo tanto la estabilidad macroeconómica como la capacidad del Estado para responder a las demandas sociales y de inversión del país.
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