La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia dictó una sentencia histórica al declarar responsables a 12 militares en retiro del Batallón La Popa por su participación en al menos 135 casos de “falsos positivos” cometidos entre 2002 y 2005 en Valledupar y municipios aledaños.
Los condenados, que ocuparon rangos desde mayor hasta soldado profesional, recibieron sanciones restaurativas y restricciones de libertad, pero no penas de cárcel, en un fallo que pone el foco en la reparación de las víctimas, muchas de ellas pertenecientes a comunidades indígenas y campesinas.
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La sentencia de la JEP, emitida en julio de 2024, se centra en la responsabilidad de estos 12 exintegrantes del Batallón La Popa, quienes aceptaron su participación en los crímenes y se sometieron al régimen de sanciones propias de la jurisdicción.
La condena impuesta es la máxima que permite la JEP en estos casos: ocho años de restricción de libertad y la obligación de cumplir trabajos, obras y acciones restaurativas (Toar) en beneficio de las víctimas y sus comunidades.
Las restricciones incluyen la residencia obligatoria en Valledupar, bajo monitoreo electrónico, y la participación en proyectos de memoria, armonización territorial y reconstrucción comunitaria.
Los exmilitares sentenciados ocupaban diversos cargos dentro del batallón, desde comandantes de batería y pelotón hasta agentes de inteligencia y soldados profesionales. Entre ellos figuran Guillermo Gutiérrez Riveros, Heber Hernán Gómez Naranjo, Carlos Andrés Lora Cabrales, Eduart Gustavo Álvarez Mejía, Elkin Leonardo Burgos Suárez, Efraín Andrade Perea, Manuel Valentín Padilla Espitia, José de Jesús Rueda Quintero, Elkin Rojas, Yeris Andrés Gómez Coronel, Alex José Mercado Sierra y Juan Carlos Soto Sepúlveda, según detalló Caracol Radio.
Nueve de ellos ya habían enfrentado procesos y condenas en la justicia ordinaria por homicidio, desaparición forzada y otros delitos relacionados, mientras que tres no habían pasado un solo día en prisión antes de esta sentencia, de acuerdo con La Silla Vacía.
- Guillermo Gutiérrez Riveros: mayor y excomandante de batería, fue hallado máximo responsable por asesinato, desaparición forzada, homicidio, tortura y persecución. Antes de someterse a la JEP, enfrentaba procesos en la justicia ordinaria por concierto para delinquir, secuestro simple y homicidio en persona protegida.
- Heber Hernán Gómez Naranjo, mayor, fue jefe de Estado Mayor y responsable de la Sección de Operaciones. La JEP lo halló máximo responsable por asesinato, desaparición forzada y homicidio, y antes de acogerse a la jurisdicción enfrentó siete investigaciones en la justicia ordinaria por muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate.
- Carlos Andrés Lora Cabrales, teniente, se desempeñó como comandante de batería y del grupo especial Trueno. Fue hallado máximo responsable por asesinato, desaparición forzada, homicidio, tortura y persecución, y había sido condenado a 40 y 30 años de prisión antes de acogerse a la JEP.
- Eduart Gustavo Álvarez Mejía, subteniente, fue comandante de varios pelotones, incluido el grupo especial Zarpazo. La JEP lo halló máximo responsable por asesinato, desaparición forzada, homicidio y tortura, y enfrentaba tres acusaciones previas por muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate.
- Elkin Leonardo Burgos Suárez, subteniente, comandó el pelotón Dinamarca 2 y fue hallado máximo responsable por asesinato, desaparición forzada, homicidio y persecución. Había sido condenado a 38 años de prisión por el homicidio del indígena kankuamo Víctor Hugo Maestre Rodríguez y tenía pendiente otra sentencia por hechos similares.
- Entre los suboficiales, Efraín Andrade Perea, sargento, estuvo a cargo de la Sección de Inteligencia y fue hallado máximo responsable por asesinato, desaparición forzada, homicidio y persecución, con diez investigaciones previas y una condena de 14 años y dos meses de prisión.
- Manuel Valentín Padilla Espitia, sargento primero, fue agente de inteligencia externa y fue hallado máximo responsable por asesinato, desaparición forzada, homicidio y persecución, con antecedentes de procesos judiciales y sin haber estado privado de la libertad antes de la sentencia de la JEP.
- José de Jesús Rueda Quintero, sargento viceprimero, comandó pelotones del grupo especial Zarpazo y de Albardón 1. Fue hallado máximo responsable por asesinato, desaparición forzada, homicidio y persecución, y había sido condenado a 34 años de prisión por homicidio en persona protegida.
- Entre los cabos y soldados profesionales, Elkin Rojas, cabo tercero, comandó una escuadra del pelotón Dinamarca 2 y fue hallado máximo responsable por asesinato, desaparición forzada, homicidio y persecución, con condenas previas por homicidio en persona protegida, desaparición forzada y secuestro simple agravado.
- Yeris Andrés Gómez Coronel, soldado profesional, integró distintos pelotones y el grupo especial Zarpazo, y fue hallado máximo responsable por asesinato, desaparición forzada, homicidio y tortura, con once procesos previos en la Fiscalía.
- Alex José Mercado Sierra, soldado profesional, integró el grupo especial Zarpazo y el pelotón Albardón 1, y fue hallado máximo responsable por asesinato, desaparición forzada, homicidio y tortura, con antecedentes en la Justicia Penal Militar.
- Juan Carlos Soto Sepúlveda, soldado profesional, fue hallado máximo responsable por asesinato, desaparición forzada, homicidio y tortura, y había sido condenado por concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida.
La Silla Vacía subraya que, aunque la mayoría ya había cumplido años de prisión, tres de ellos —Gutiérrez, Padilla y Álvarez— no habían pasado un solo día en la cárcel antes de esta sentencia.
Al menos 60 indígenas fueron presentados como bajas en combate durante el periodo investigado.
No obstante, la sentencia no abarca a todos los responsables. Altos mandos militares, como los coroneles Publio Mejía y Juan Carlos Figueroa, y el teniente coronel José Pastor Ruíz Mahecha, no aceptaron su responsabilidad y enfrentan juicios adversariales en la JEP.
Además, organizaciones de víctimas y la Procuraduría han insistido en la necesidad de investigar a toda la cadena de mando, incluidos generales y otros oficiales señalados de haber facilitado o encubierto estos crímenes
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