En la noche del miércoles 17 de septiembre, la estación de Policía de Funza, en Cundinamarca, fue escenario de un motín que culminó en un incendio y dejó un saldo de siete internos muertos y cinco más en estado crítico.
El episodio que ha generado preocupación por las condiciones de hacinamiento y la seguridad en las estaciones temporales de la Policía, tendría su origen en la resistencia de un condenado a ser trasladado a la cárcel La Picota en Bogotá.
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De acuerdo con información compartida por la Gobernación de Cundinamarca y la Policía, los internos, que permanecían en esa estación en calidad de detenidos transitorios, esperaban el traslado a diferentes centros penitenciarios luego de que un juez dictara sentencias en su contra.
El ambiente de tensión se intensificó con la orden de conducir a uno de los reclusos, José Fernando Rodríguez Lesmes, a la cárcel La Picota, donde debía cumplir una condena por delitos sexuales, señaló un informe del El Tiempo.
El incendio comenzó después de que se registrara una gresca al interior de las celdas, sobre las 2:30 p. m. del mismo miércoles.
Todo inició cuando se intentó ejecutar el traslado de Rodríguez Lesmes a la capital para que fuera puesto bajo la custodia del Inpec.
Según versiones oficiales, Rodríguez Lesmes, de 48 años, se oponía firmemente a abandonar la celda de Funza.
El hombre había sido condenado el 28 de febrero de 2024 a 109 meses de prisión por delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, con antecedentes penales desde septiembre de 2014 por violencia intrafamiliar y desde agosto de 2019 por delitos sexuales contra una menor de 14 años, precisó el mismo diario bogotano.
Fuentes consultadas afirman que, ante la inminencia de su traslado, Rodríguez Lesmes desencadenó una pelea con otros internos, lo que elevó la tensión y derivó en una situación caótica.
Durante la confrontación, Yeferson Parra, de 25 años, resultó con fracturas en la mano. Parra fue atendido con prontitud en un centro asistencial y, gracias a esta circunstancia, logró salvarse del incendio, ya que no se encontraba presente al momento de la propagación de las llamas.
En medio del desorden, algunos internos prendieron fuego a los colchones dentro de las celdas. El humo y los gases tóxicos se expandieron con rapidez, lo que complicó la reacción tanto de los uniformados de servicio como de los bomberos que acudieron a la emergencia.
Los primeros reportes señalan que la estación de Funza alojaba a 13 personas en condiciones precarias de espacio.
Cinco de los internos murieron la madrugada posterior al incendio a causa de la inhalación de humo, exposición a gases y monóxido de carbono. A estas víctimas se sumaron dos más, quienes fallecieron en las últimas horas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital San Rafael de Facatativá.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Alejandro Javith Blanquicet Bocanegra (22 años), Juan Felipe Bernal Bernal (24), Sergio Humberto Zarta Barrero (29), Andrés Alberto Organista Ibáñez (36), Arcadio Antivia Velásquez (44), José Fernando Rodríguez Lesmes (48) y Édgar Darío Cárdenas Martínez (53).
Cinco internos continúan hospitalizados y su pronóstico es reservado. Son Miguel Ángel Buitrago Castro (25), Édgar Nicolás Jiménez Leyton (26), Julián Steven Ceruera Rico (28), Luis Alejandro Orrego (30) y José Javier Fonseca (35). Todos estaban recluidos en la estación en espera del respectivo traslado a centros penitenciarios del país.
Los prontuarios de las víctimas tras incendio en estación de Policía de Funza, Cundinamarca
Los antecedentes de las víctimas evidencian la variedad de delitos por los que permanecían privados de la libertad.
Entre ellos, Andrés Alberto Organista Ibáñez llevaba dos meses en la estación tras ser imputado por hurto; Alejandro Javith Blanquicet Bocanegra, ciudadano extranjero, estaba vinculado a un proceso por extorsión; Arcadio Anativa Velásquez enfrentaba cargos por actos sexuales con menor de 14 años; y Sergio Humberto Zarta Barreto había sido imputado por hurto. Sobre Juan Felipe Bernal Bernal y Édgar Darío Cárdenas Martínez no hay información judicial concluyente.
Una vez se produjo el incendio, la intervención del cuerpo de bomberos permitió controlar las llamas, aunque no pudo evitar que buena parte de los internos sufriera graves afectaciones respiratorias.
Tres de ellos requirieron atención médica inmediata en hospitales cercanos y los restantes fueron enviados a estaciones de policía en municipios aledaños, donde también mostraron síntomas de complicaciones respiratorias y debieron ser hospitalizados.
El caso ha puesto de nuevo en el centro de la discusión pública el hacinamiento y la falta de condiciones óptimas en los lugares en los que se alojan de manera transitoria personas con detención preventiva o condenas pendientes de traslado.
La Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Gobernación de Cundinamarca han pedido nuevas medidas para garantizar los derechos humanos y la integridad física de quienes permanecen bajo custodia del Estado.
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