La región del Catatumbo, en el norte de Colombia, fue escenario de una violenta emboscada en la que hombres armados del frente 33 de las disidencias de las Farc asesinaron a alias Arbey, identificado como uno de los cabecillas más buscados del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En un video que circuló en en plataformas digitales se observa cómo el comandante se desplazaba en una camioneta Toyota Prado de alta gama cuando fue interceptado y atacado con siete disparos de fusil antes de que el vehículo fuera incendiado.
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A través de fuentes consultadas por El Tiempo, se pudo establecer la identidad de la víctima y detallar los hechos que profundizan la disputa armada por el control territorial en el Catatumbo.
El ataque se registró el 16 de septiembre en el sector conocido como Club de Leones, en la vía que une Tibú con el corregimiento Campo Dos, una zona marcada por la confrontación entre organizaciones armadas.
De acuerdo con el medio citado, varios informes locales sostenían que el comandante del ELN, sus escoltas y otras personas resultaron muertos o heridos durante el asalto. Aunque las autoridades no confirmaron de forma oficial el número exacto de víctimas, comunidades de la zona sostienen que los cuerpos fueron trasladados a territorio venezolano, lo quecomplicó la verificación oficial.
Alias Arbey, identificado también como Óscar Emiro Pérez, figuraba en la lista de los más buscados del Ministerio de Defensa de Colombia, con una recompensa de $500 millones por su captura.
El subversivo había sido señalado como responsable de hechos violentos ocurridos en varios municipios del Catatumbo. Diversos medios locales y líderes de la región lo vincularon al asesinato de las primas Guillín y el esposo de una de ellas, ocurrido en abril, así como del homicidio de una joven de 16 años y de dos líderes campesinos del sector Llano Grande.
En todos estos casos, se denunció la existencia de puntos de control ilegales impulsados por ese mismo comando guerrillero. La camioneta Toyota Prado, usada por el cabecilla del ELN en el momento del ataque, generó dudas sobre el posible uso de traspasos irregulares de vehículos para actividades ilícitas.
Con base en una investigación de El Tiempo, el vehículo de placas FPW 320, de Bogotá, en realidad figuraba a nombre de Alex Alberto Loaiza Ramírez, un odontólogo de Valledupar. Loaiza Ramírez negó vínculo alguno con los hechos y aseguró al medio citado que su camioneta se encontraba en Valledupar, en otra región del país.
Añadió que, aunque la placa era originalmente de Bogotá, el traslado legalmente realizado en 2024 pudo haber sido aprovechado por estructuras ilegales para replicar la matrícula y cubrir las operaciones del grupo armado. El profesional aseguró que ya denunció la situación ante la Fiscalía General de la Nación.
Las pesquisas sobre el origen y posible maniobra tras el traspaso del vehículo refuerzan la preocupación sobre la forma en que los grupos armados estarían accediendo a información de la Secretaría de Movilidad y otras dependencias oficiales para facilitar la adquisición y camuflaje de automotores de alta gama con fines delictivos.
El enfrentamiento entre el ELN y las disidencias de las Farc representa otro capítulo de una ola de violencia que afecta la cotidianidad y seguridad de la población civil en Catatumbo.
La región vive una crisis humanitaria sostenida desde hace nueve meses, con más de 80.000 personas desplazadas, 25.000 confinadas y más de 120 muertos. Tal panorama se ha visto agravado por la presencia activa de grupos ilegales que se disputan rutas del narcotráfico y zonas de explotación minera.
Olguín Mayorga, representante nacional de víctimas, expresó a La FM que el hecho de que no haya pronunciamiento oficial por parte de la Policía o el Ejército agudiza el temor de las comunidades, que se sienten atrapadas en la confrontación y ven en cada hecho violento una amenaza directa a familias campesinas. “Estas acciones violentas ponen en riesgo la vida de los niños, mujeres, adultos mayores y hombres que no tienen nada que ver con la violencia”, afirmó.
Las primeras versiones señalaron que el ataque a la camioneta del ELN sucedió poco después de que ese grupo desmontara uno de los retenes ilegales que sostenían en la ruta donde ocurrió la emboscada. Autoridades militares, citadas por El Tiempo, aclararon que no hay registro oficial de instalación de retén ese día, aunque señalaron las confrontaciones armadas constantes.
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