El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció este jueves que la directriz impartida por el presidente Gustavo Petro sobre la suspensión de la erradicación forzada de cultivos de hoja de coca entrará a regir sin demoras.
Según indicó Benedetti, la instrucción de acabar con la erradicación forzada debe cumplirse “de forma inmediata”, de acuerdo con lo publicado por Semana.
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La determinación fue anticipada por el jefe de Estado en su alocución del 17 de septiembre, en la que expuso un giro en la estrategia frente al narcotráfico y la manera en que se relaciona con las comunidades rurales. Durante esa intervención, el mandatario explicó que su propósito es dar prioridad a mecanismos distintos de la erradicación y construir alternativas en diálogo con los campesinos.
Benedetti precisó que la decisión no se limita a una orientación política sino a un mandato de cumplimiento obligatorio para las autoridades competentes.
En sus declaraciones reiteró que el mensaje central del presidente debe comprenderse como un llamado a entablar conversaciones con las poblaciones que se encuentran en las zonas directamente impactadas por los cultivos de uso ilícito. Para el ministro, se trata de abrir espacios donde las soluciones no provengan exclusivamente de medidas coercitivas, sino de escenarios de participación.
En su comparecencia pública, el titular de la cartera política hizo referencia a la relación con Estados Unidos, remarcando una frase que recogió Semana: “Estados Unidos no pone ni una sola muerte en la lucha contra el narcotráfico”. Con estas palabras, insistió en la diferencia entre los efectos que recaen sobre Colombia y la manera en que se desarrolla la cooperación internacional en este campo. Además, recordó que Petro manifestó en su alocución la negativa a aceptar amenazas o intervenciones extranjeras en las políticas internas frente al problema de las drogas.
El anuncio de la suspensión coincide con las conversaciones que actualmente tienen lugar en la zona de El Plateado, en el Cauca. Allí, comunidades han planteado solicitudes encaminadas a la búsqueda de enfoques distintos al de la erradicación manual.
Benedetti explicó que mientras persistan esas conversaciones no se llevarán a cabo operativos de eliminación forzada, reafirmando la instrucción presidencial. En palabras del ministro, citadas por Semana, “el mensaje del mandatario debe entenderse como un llamado a dialogar con quienes enfrentan de manera directa las consecuencias del narcotráfico en el territorio”.
La declaración de Benedetti se produjo en una rueda de prensa en la que también participaron autoridades del área de protección. Durante el evento, se abordó de manera especial la seguridad de los precandidatos presidenciales que competirán en los comicios de 2026. Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), advirtió que no existen suficientes recursos logísticos para responder a la creciente demanda de esquemas de seguridad.
El Gobierno señaló que, hasta la fecha, se han desplegado más de 1.000 servicios de protección que involucran a unos 15.000 integrantes de la Fuerza Pública. Asimismo, se han entregado 82 vehículos blindados y 33 convencionales. No obstante, el propio Ejecutivo reconoció que estos números resultan limitados para atender la totalidad de requerimientos que se presentan en el contexto actual, marcado por un aumento de las solicitudes.
Benedetti aseguró que el Ejecutivo trabaja en un plan de acción que permita responder tanto a la puesta en marcha de la nueva estrategia antidrogas como a la necesidad de garantizar la seguridad de quienes participan en el escenario político. Dicho plan busca ser inmediato, de manera que las instituciones puedan cumplir simultáneamente con las dos prioridades señaladas: la protección de la vida y la implementación del cambio de enfoque en la política de drogas.
En la parte final de su intervención, Benedetti destacó que “la defensa de la vida y de la democracia son principios inseparables”, como registró Semana. Con esta afirmación, el ministro resaltó la importancia de asumir de manera conjunta el compromiso de proteger a la ciudadanía y de avanzar en la consolidación de las medidas anunciadas por el presidente.
El funcionario concluyó que la decisión sobre la erradicación forzada debe entenderse en el marco de un compromiso más amplio con la seguridad y la estabilidad institucional. De igual manera, puntualizó que el Ministerio del Interior, en articulación con otras entidades, será el responsable de coordinar la implementación de lo dispuesto por el jefe de Estado, tanto en lo referente a la nueva estrategia antidrogas como en la respuesta a los desafíos de seguridad de cara a las elecciones de 2026.
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