Petro siguió con sus fuertes críticas al sistema de salud: aseguró que han descubierto 63 clínicas con sobrecostos relacionados con dueños de EPS

El presidente colombiano Gustavo Petro informó, a través de su cuenta de X, que en los últimos dos años han sido detectadas 63 clínicas que presentan irregularidades en el manejo de recursos del sistema de salud.

Según el balance oficial, en varios casos se trata de entidades que solo existen jurídicamente, sin instalaciones físicas ni personal médico, pero que han facturado servicios al Estado.

El hallazgo se dio en el marco de investigaciones adelantadas por el Gobierno nacional sobre posibles desvíos de dineros públicos en el sector.

Las autoridades señalaron que estas llamadas “clínicas fantasma” o con sobrecostos estarían relacionadas con directivos y propietarios de Empresas Promotoras de Salud (EPS), lo que sugiere un esquema de extracción de recursos a gran escala.

El presidente Gustavo Petro indicó que estas prácticas se han convertido en uno de los mecanismos más frecuentes para desviar millonarias sumas destinadas a la atención en salud de los colombianos.

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“Ya descubrimos 63 clínicas. El año pasado y este, que se estaban robando por sobrefacturación o por falta de existencia real, solo son personería jurídicas sin edificaciones y gente, los recursos de la salud Estás clínicas fantasma o con sobrecostos en general, están relacionadas con los propietarios y administradores de las EPS y es la manera como se extraen recursos millonarios del pueblo colombiano”, escribió el presidente en su cuenta de X.

Los hallazgos se suman a las críticas recurrentes del Gobierno frente al modelo actual de aseguramiento.

Petro ha cuestionado de manera reiterada la gestión de varias EPS, argumentando que parte de los recursos públicos no llegan a la prestación efectiva de servicios sino que se pierden en estructuras paralelas de facturación.

En este contexto, la administración nacional ha insistido en la necesidad de profundizar las auditorías, depurar la contratación y garantizar que los recursos de la salud sean utilizados en la atención real de los pacientes.

El debate por la sostenibilidad del sistema de salud colombiano se intensificó después de que la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) alertara sobre un déficit que oscila entre 26 y 33 billones de pesos y enfatizara que la vida de los pacientes está en juego. La organización sostuvo que existe un “drama humano que requiere soluciones inmediatas”, señalando que el desfinanciamiento afecta el funcionamiento de hospitales, clínicas y las propias EPS, y denunciando retrasos en la entrega de medicamentos, tratamientos y atención oportuna.

La confrontación más reciente entre el Ministerio de Salud y las EPS tuvo como escenario las mesas técnicas que se desarrollaron entre el 13 de agosto y el 4 de septiembre, cuyo objetivo era revisar la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Según lo expuesto por el Gobierno, no se contemplan ajustes retroactivos para la UPC bajo el argumento de que los cálculos pasados se hicieron con información suficiente. Desde el Ministerio recalcaron que “cualquier intento de corregirlos sería premiar la ineficiencia y la mala gestión”, y recalcaron que los recursos disponibles deben provenir exclusivamente de las cotizaciones de empleados y empleadores.

En ese mismo espacio, el Ministerio sembró dudas sobre la validez de los reportes financieros presentados por las EPS. De acuerdo con las autoridades, dichos informes indujeron a error a la Corte Constitucional, reforzando la postura de que la crisis se deriva de problemas de administración en las entidades, y no de una insuficiencia presupuestaria.

Acemi, en respuesta, presentó un documento que cuestiona abiertamente la posición del Gobierno y subraya cuatro inquietudes centrales. La primera crítica —de carácter institucional— resalta que la Corte Constitucional exigió un análisis “técnico y transparente”, mientras que las EPS han visto negado el acceso a bases de datos necesarias para tal evaluación, lo que contradice el llamado oficial a la transparencia.

El segundo punto del gremio se enfocó en la desfinanciación crónica. Acemi aseguró que, por cada 100 pesos reconocidos en la UPC, el gasto real asciende a 109 pesos, lo que incrementa de manera acumulativa el déficit estructural. “Más allá de la cifra, lo que preocupa es la manera en que ese hueco afecta el funcionamiento cotidiano de hospitales, clínicas y EPS”, detalló la organización.

Sobre el impacto directo en los usuarios, la asociación enfatizó que “más que un asunto técnico o contable, estamos ante miles de personas que todavía esperan medicamentos, tratamientos y atención oportuna”, y advirtió que postergar soluciones equivale a arriesgar la vida de los pacientes.

Finalmente, Acemi insistió en la necesidad de recuperar la confianza en la información del sistema, argumentando que la búsqueda de responsables no resuelve la crisis, y llamó a fortalecer la credibilidad de los datos mientras se buscan acuerdos que fortalezcan la red de servicios.

Así mismo, la asociación advirtió en su comunicado: “Cuestionar la confiabilidad de los reportes disponibles es desconocer el estado crítico del sistema, pero sobre todo es poner en riesgo millones de vidas de pacientes colombianos”. Esta declaración resume la gravedad de la encrucijada actual, en la que la distancia entre las posiciones del Gobierno y las EPS parece cada vez mayor: mientras la cartera de salud subraya la suficiencia de los recursos y apunta a la gestión de las entidades, el gremio replica con cifras crecientes de desbalance y testimonios sobre la disminución en la calidad de la atención sanitaria.