Pablo Bustos, que representa a las víctimas del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), confirmó que se está preparando una “serenata de protesta” en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, como respuesta al malestar generado por las recientes vacaciones de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, en medio de las controversias que atraviesa la Fiscalía.
Bustos, también presidente de la Red de Veedurías de Colombia, confirmó que este acto simbólico para recibir a la funcionaria a su regreso al país tiene el objetivo de visibilizar lo que califica como un abandono de responsabilidades en un momento crítico para la justicia colombiana.
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Bustos explicó que la iniciativa busca llamar la atención sobre la ausencia de liderazgo en la Fiscalía y la falta de respuestas ante las demandas de las víctimas.
“Sin duda, este tema merece una serenata de bienvenida. Realmente la señora fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, necesita otra vez entonar con la problemática nacional y eso creo que merece una pieza lúdica excepcional que sin duda estaremos ansiosos de acudir al aeropuerto del Dorado para recibirla con los brazos abiertos, con el corazón de colombianos ávidos de justicia, de lucha contra la impunidad”, afirmó Bustos, en declaraciones recogidas por El País de Cali.
El representante recordó que no es la primera vez que recurre a este tipo de manifestaciones para exigir compromiso a las autoridades judiciales. Según relató el funcionario, en el pasado organizó protestas similares: “Sí, la historia de los viajeros, funcionarios judiciales viajeros, también se dio con una magistrada cuando se fue a una isla del Caribe y salimos a recibirla con mariachis también al aeropuerto del Dorado. Hicimos lo propio en su momento, en la despedida del fiscal (Eduardo) Montealegre” recordó Bustos.
La protesta, según Bustos, tiene como finalidad exigir mayor responsabilidad y denunciar la falta de liderazgo en la Fiscalía. En este sentido, solicitó abiertamente la renuncia de Luz Adriana Camargo: “Yo creo que ella más bien debería descansar de manera permanente, renunciar a su cargo y buscar una persona competente. Ella no cumplió lo que prometió al país, ni a la Corte Suprema de Justicia, para que se ajuste cabalmente a sus funciones en el nivel de responsabilidad y seriedad que demanda”.
Bustos también advirtió sobre el creciente descontento entre las víctimas y la ciudadanía respecto a la gestión de la actual fiscal. En sus palabras, “debía encarar desde el cargo para el cual fue designada, en últimas hay un descontento, una desazón y lamentablemente estamos al comienzo de un ejercicio de una Fiscalía incapaz de encarar los problemas serios de la justicia y con ausencia de un liderazgo sólido que necesita una entidad como la Fiscalía para enfrentar la impunidad”.
Fiscalía estaría vendiendo expedientes confidenciales de investigaciones clave
La Fiscalía General enfrenta señalamientos de corrupción luego de que se documentara la aparición de un presunto “cartel de expedientes”, una red que, según revelaciones de Semana, habría facilitado la venta de documentos confidenciales en dispositivos USB relacionados con investigaciones de alto perfil.
Este esquema, que según el citado medio habría operado durante la gestión de Luz Adriana Camargo, expuso vulnerabilidades críticas en el Modelo Único de Investigación Financiera (Muif) y planteó serias dudas sobre la capacidad institucional para combatir delitos como el lavado de activos y el narcotráfico.
La investigación de Semana detalla de manera concreta que funcionarios de la Fiscalía General de la Nación estarían implicados en la filtración de expedientes reservados, aprovechando las debilidades del sistema Muif.
El mecanismo descrito por la revista consiste en la entrega de información sensible a través de dispositivos USB, a cambio de pagos que alcanzarían los $200 millones por cada expediente. Esta práctica, según la información recabada, compromete la integridad del sistema judicial y pone en tela de juicio la efectividad de los controles internos de la entidad.
Según el medio, el tráfico de expedientes reservados estaría afectando directamente la lucha contra el lavado de activos y el narcotráfico, al exponer detalles clave de investigaciones en curso y permitir que personas investigadas accedan a información privilegiada.
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