Aumento del salario mínimo de 2026 y nuevos impuestos del Gobierno Petro serán un problema para dueños de estos vehículos

El sector del transporte de carga en Colombia atraviesa un momento crítico ante la propuesta de reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro, que prevé un aumento considerable en los impuestos aplicados al diésel. La iniciativa podría elevar el precio del combustible en un 33%. A esto se suma el incremento estimado del salario mínimo que pretende el presidente de la República de un 11%, lo que intensifica la presión sobre los costos operativos del sector.

La preocupación se extiende entre los transportadores, que advierten sobre el impacto directo de estas medidas en la sostenibilidad de las empresas y en la economía nacional,

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Y es que el proyecto de reforma tributaria introduce cambios sustanciales en la estructura impositiva del diésel. Ante esto, la presidenta de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística (Colfecar), Nidia Hernández, se quejó porque “por cada galón que pagamos de ACPM, nosotros venimos pagando cinco impuestos: impuesto nacional, IVA al ingreso al productor, IVA al margen de distribución del mayorista, impuesto al carbono y, como si fuera poco, la sobretasa. O sea, ellos mismos admiten que esto es el impuesto sobre el impuesto”.

La propuesta oficial contempla que, en 2026, el IVA al ingreso del productor suba del 5% al 10%, y el impuesto al carbono pase de $224 a $432. Para 2027, el IVA al ingreso del productor alcanzaría el 19% y los biocombustibles quedarían gravados con una tasa del 19%. Estas modificaciones, de aprobarse, se sumarían a la carga fiscal ya existente sobre el sector.

Por supuesto, el efecto inmediato de estos cambios sería un aumento considerable en el precio del diésel. El valor de referencia en Bogotá, que en la actualidad es de $10.977, podría superar los $14.000, lo que representa un alza del 33%, de acuerdo con las estimaciones presentadas por Hernández en el Congreso de Colfecar. El incremento impactaría así a los transportadores, a toda la cadena logística y, en última instancia, a los consumidores finales.

A la presión tributaria se suma el ajuste proyectado del salario mínimo, que se estima en un 11% para el próximo año. Hernández advirtió que este aumento, junto con el encarecimiento del combustible, agrava la situación financiera de las empresas de transporte de carga, que ya enfrentan dificultades para mantener su viabilidad operativa.

Las voces del gremio son contundentes en su rechazo a la reforma. La dirigente gremial cuestionó la justificación del Gobierno para incrementar la carga fiscal: “Realmente las expectativas no son buenas, pero lo que nosotros sí queremos decir es que no entendemos cómo un Gobierno que tiene el presupuesto más alto de la historia, con una ejecución que realmente no es buena, venga a decir que la plata no alcanza”.

Por su parte, el presidente de la Junta Directiva de Colfecar, Sebastián Echeverry, expresó: “Ahora nos vienen con un proyecto de reforma tributaria por $26 billones (el Gobierno habría aceptado recortar $10 billones) que no tenemos. Conocemos nuestra responsabilidad y deber en aportar al país a través de los impuestos, pero no podemos seguir ahogando a las empresas para financiar un déficit fiscal proyectado al cierre de este año del 8% y un presupuesto no ejecutado de $82 billones para el año 2024”.

Echeverry también denunció la complejidad del sistema tributario local. Señaló que “pagamos además el impuesto de industria y comercio (ICA) en 1.104 municipios en el marco de un sistema ineficiente y caótico, con distintos procedimientos para casi cada uno de ellos. es una locura”.

Además, el dirigente gremial recordó que la tasa de autorretención en la fuente se incrementó hace poco en un 218%, lo que representa un golpe adicional para las empresas del sector.

El panorama se complica aún más por factores externos a la política fiscal. El gremio reportó que:

• La inseguridad en las carreteras se intensificó con más de 30 conductores asesinados en los últimos dos años y empresarios víctimas de extorsiones y paros armados, en especial, en Chocó, Cauca y Norte de Santander.
• Entre enero y agosto de este año, se registraron 624 bloqueos en las vías, que generaron pérdidas cercanas a $1,7 billones.
• Los cierres por desastres naturales, como los ocurridos en la vía al Llano, agravan la situación.

El gremio también denunció que los recursos recaudados por medio de los peajes para el programa de seguridad vial no se transfieren en su totalidad a las Fuerzas Armadas. De los $175.000 millones previstos, solo se giraron $50.000 millones. Además, 174 empresas de transporte de carga quebraron en el último año, presionadas por sobrecostos, impuestos y la falta de garantías mínimas para operar.

Así las cosas, la dirigencia de Colfecar insiste en que el Estado debe respaldar la labor empresarial y advierte que el IVA se convirtió en un costo que afecta la estructura financiera de las compañías del sector. El gremio exige austeridad y prudencia en el manejo de las finanzas públicas, y reclama que el Gobierno promueva un entorno propicio para la inversión y la generación de empleo.