Nueva EPS aclaró futuro de la atención en salud de sus 11 millones de afiliados, tras investigación de la Contraloría

En julio de 2025, la Contraloría General de la República realizó un operativo de policía judicial en la Nueva EPS con el objetivo de recolectar información técnica, administrativa, jurídica y financiera relacionada con la situación económica de la entidad. Esta actuación se originó ante la ausencia de estados financieros certificados y dictaminados, así como por inconsistencias detectadas en los sistemas de información de la Superintendencia Nacional de Salud.

Como resultado de este proceso, el ente de control emitió un informe preliminar en el que señaló presuntas irregularidades en la administración de los recursos de la EPS, incluyendo un incremento significativo en los anticipos pendientes por legalizar, retrasos en la auditoría de facturas, falencias en la contratación de prestadores y deficiencias en la constitución de reservas técnicas.

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Los hallazgos generaron alertas sobre riesgos para la estabilidad financiera de la entidad y la adecuada prestación de servicios a sus más de 11 millones de afiliados.

Frente a estas conclusiones, la agente especial interventora de Nueva EPS, Gloria Libia Polanía Aguillón, designada por la Superintendencia Nacional de Salud, envió un mensaje de tranquilidad a los usuarios. “La salud de nuestros afiliados está asegurada. La investigación que adelantan los entes de control no afecta la continuidad de los servicios de salud que ofrecemos, llegamos con el compromiso de desarrollar un trabajo de estabilización de pagos y la reapertura de servicios en la que hemos venido avanzando y que nos permite asegurar que Nueva EPS continúa su operación”, afirmó Polanía.

La funcionaria reiteró que la operación de la EPS sigue en marcha y que se están implementando acciones para proteger los recursos y garantizar la atención médica en todas las regiones.

Entre las estrategias, destacó el fortalecimiento de la atención preventiva en zonas donde la cobertura es insuficiente y el Plan de Estabilización de Giros a la Red Pública, que incrementó las postulaciones de recursos a 527 Empresas Sociales del Estado (ESE) y busca asegurar un flujo constante de pagos a los prestadores de servicios de salud.

Polanía concluyó su intervención reiterando la importancia de trabajar de manera coordinada con municipios, departamentos, prestadores y comunidades para fortalecer el sistema de salud. “Seguiremos en la búsqueda de la mejor salud para cada colombiano afiliado a Nueva EPS. Para ello, es clave el compromiso de toda la red de atención”, manifestó.

Desde el inicio de la intervención,la Superintendencia de Salud aseguró que se ha trabajado en la revisión y legalización de pagos clasificados como anticipos en el informe de la Contraloría. Según datos oficiales, entre agosto y septiembre se han girado $2,7 billones a prestadores de salud en todo el país, priorizando departamentos donde se habían presentado cierres de servicios, como Valle del Cauca, Caldas, Córdoba, Norte de Santander y Risaralda.

Estos giros, según la entidad, permitieron la reapertura de servicios en clínicas y hospitales como Valle de Lili, SES de Caldas, Angiografía de Occidente, Hospital Universitario Erasmo Meoz y San Rafael, con el propósito de restablecer la atención a los afiliados.

Adicionalmente, la intervención trabaja en la implementación del sistema de información FACTRAMED, diseñado para procesar de forma adecuada más de cinco millones de facturas mensuales. Este sistema busca garantizar un control estricto de los recursos públicos destinados a la salud y mejorar la trazabilidad de la facturación, uno de los puntos señalados como críticos en el informe de la Contraloría.

El informe de la Contraloría reveló que los anticipos pendientes por legalizar aumentaron un 155% entre 2023 y 2024, pasando de $3,4 billones a $8,6 billones. A junio de 2025, la cifra ascendió a $15,27 billones, lo que, según el ente fiscalizador, compromete la liquidez de la EPS y genera un riesgo de detrimento patrimonial.

En cuanto a la facturación, se detectaron 22,7 millones de facturas pendientes por procesar, de las cuales 9,1 millones estaban repetidas por un valor de $8,9 billones. Tras eliminar las duplicadas, el monto pendiente por auditar quedó en $13,2 billones. El informe precisa que el 97% de estas facturas corresponde a servicios prestados en 2024 y el primer semestre de 2025, sin haber pasado por una revisión que garantice su validez y pertinencia.

La Contraloría también alertó que el 40% del valor total pendiente por procesar se concentra en 36 prestadores de salud, equivalente a $5,2 billones, lo que representa un riesgo fiscal significativo. Además, señaló la falta de soportes contractuales que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 441 de 2022 para la prestación de servicios de salud.

Finalmente, el ente de control informó que las cuentas por pagar de Nueva EPS alcanzaron $21,37 billones en marzo de 2025, incluyendo $10,5 billones en anticipos no legalizados y $8,7 billones en facturas sin procesar. Estas cifras ponen en riesgo la sostenibilidad financiera de la EPS y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, dado que la entidad cubre aproximadamente al 22% de la población afiliada.